El reciente plebiscito constitucional realizado en Chile evidenció tres hitos. Primero, la opción a favor del cambio constitucional fue ampliamente apoyada por la ciudadanía. Segundo, los resultados obtenidos por la opción Convención Constituyente confirman el distanciamiento que existe entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Tercero, esta elección, pese a la pandemia de la COVID-19, presentó los mayores niveles de participación desde que se instauró el voto voluntario (2012).
La participación no fue homogénea en Chile»
Ahora bien, la participación no fue homogénea en Chile. Esto es un antecedente por considerar para asegurar que la discusión constitucional abarque realmente a gran parte de la ciudadanía. Al considerar las regiones del sur de Chile, la participación no superó el 50%. Estos datos contrastan con los resultados obtenidos en las regiones del norte y en la Región Metropolitana, que aumentaron sus niveles de participación en relación con la última elección y algunas alcanzaron niveles superiores al 50%.
¿Qué explicaría la menor participación en estas regiones del sur? Es una pregunta relevante para el proceso que se avecina. En esta columna, me atrevo a a plantear algunas hipótesis, pero analizando lo que sucedió específicamente en la región de la Araucanía.
Se trata de una de las regiones más pobres y desiguales del país; presenta un conflicto chileno-mapuche de larga duración como elemento identitario que ha generado una serie de consecuencias simbólicas y materiales para su desarrollo. La presencia del Estado es bajo y posee una gran cantidad de población rural. En la última elección, la participación alcanzó el 40,15%, porcentaje menor a la última elección presidencial. Solo Temuco, la capital regional, obtuvo un porcentaje similar de participación a dicha elección.
Tres elementos estructurales explicarían esta baja participación. En primer lugar, las redes y las instituciones informales actúan como equivalente funcional del Estado. Por ende, predominan los mecanismos de participación informales que fomentan una lógica personalista y tradicional. Entre estas instituciones se destacan el clientelismo, el nepotismo y el patronazgo. No es casualidad que las elecciones municipales consignen mayor participación electoral en la región.
Como en este plebiscito no existieron candidaturas, las posibilidades de realizar clientelismo fueron nulas»
En efecto, el municipio es percibido como un lugar de trabajo estable y protegido por parte de la población a diferencia de las características precarias del mercado laboral de la Araucanía. Por tanto, la elección de la autoridad local no solo cobra importancia por los aspectos político-ideológicos en disputa, sino también por las oportunidades económicas y laborales. Como en este plebiscito no existieron candidaturas, las posibilidades de realizar clientelismo fueron nulas.
En segundo lugar, en la región se ha desarrollado una cultura cívica conservadora y pasiva. El Barómetro Regional de la Araucanía, aplicado recientemente en la región, apoya esta idea, ya que solo el 54% de los encuestados en la región declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 13% declara haber participado en los últimos 5 años en manifestaciones pasivas, pese al contexto de desigualdad y pobreza que experimenta la región. Y con respecto al interés por la política regional y nacional, este no supera los 4 puntos en una escala ascendente de 1 a 10. En términos de resultados electorales, la derecha, generalmente, posee mejor desempeño que la izquierda.
En tercer lugar, junto con otros investigadores, planteamos que existe una multiplicidad de conflictos en la región que se encuentran de forma latente. El conflicto chileno-mapuche es el más visible, pero no es el único. Además, las soluciones que se han propuesto últimamente impulsan medidas policiales y de control. Conflictos laborales, legales, socioeconómicos y ambientales también son importantes. El concentrarse solo en situaciones manifiestas de conflicto invisibiliza las soluciones políticas de carácter estructural que puedan hacerse, lo que inhibe la participación en instancias de decisión y deliberación política.
Por estas razones, es necesario generar acciones contextualizadas para fomentar la participación en el proceso constituyente chileno. Este es un proceso de largo aliento, en el cual debemos definir nuestra institucionalidad política y las normas esenciales que nos regirán para los próximos años.
La Constitución resguarda cierta visión de la sociedad y es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptados por la sociedad en su conjunto. Además, refleja las relaciones de poder, ya que distribuye, a través de distintos órganos, la toma de decisiones que afectarán a todo el país. Por tanto, estamos frente a una tarea que requiere que todos y todas seamos partícipes activos de este importante proceso y que se resguarden altos estándares de transparencia.
La transparencia es fundamental para cambiar la desconfianza que la ciudadanía presenta hacia los actores políticos y las instituciones»
La transparencia es fundamental para cambiar la desconfianza que la ciudadanía presenta hacia los actores políticos y las instituciones. El derecho al acceso a la información pública ya está consagrado en la ley, pero todavía no es un derecho consagrado en la Constitución. Además, según cifras del Consejo para la Transparencia, su uso ha estado restringido a grupos minoritarios de la población que posee mejores niveles de educación. Este proceso abre una oportunidad para que la ciudadanía se apropie realmente de este derecho y lo ejerza sin restricciones.
Poseer acceso en un lenguaje claro y ciudadano de las declaraciones de patrimonio y de interés de los convencionales constituyentes, conocer quiénes financiaron sus campañas, acceder a las discusiones sobre los contenidos de la Constitución, saber el objetivo de las reuniones que mantendrán con grupos de interés son prácticas que se deben impulsar para evitar que este proceso pierda legitimidad o pueda ser capturado por una minoría. Además, la transparencia debería ser un principio fundante de todas las instituciones que se creen o se transformen en este proceso.
No basta que exista información disponible para resguardar la credibilidad de la discusión constitucional; el papel que la ciudadanía pueda desempeñar en el monitoreo y seguimiento es crucial. En este contexto, la participación no debe ser restringida a votar o ratificar determinadas decisiones, es fundamental asumir y poner en práctica un concepto complejo de participación que incluya diferentes grados de involucramiento de la ciudadanía como aportar ideas a la discusión constitucional.
Es vital que la ciudadanía de Chile adopte una actitud activa sobre lo que se está discutiendo y hacia donde se orienta la Constitución, dado que el texto final tendrá consecuencias relevantes para nuestra vida cotidiana.
El papel que pueden cumplir instituciones como el Consejo para la Transparencia, organizaciones pro transparencia, universidades regionales y radios locales se torna relevante, dado que, además de promover los principios de transparencia y derecho al acceso a la información, pueden desarrollar instancias de capacitación para que la ciudadanía asuma un papel activo en el debate que se abre en Chile.
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Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Profesor Asociado del Dep. de Sociología, C. Política y Adm. Pública de la Univ. Católica de Temuco (Chile). Investigador del Centro de Políticas Pública de dicha universidad. Doctor en Estudios Latinoamericano por la Univ. de Chile. Especializado en corrupción y clientelismo político.
