En Venezuela existe un “deterioro del estado de derecho en un contexto de graves violaciones a derechos humanos”, lo que ha tenido como resultado un proceso electoral con “insuficientes condiciones democráticas”. Estas frases fueron pronunciadas por Jordi Cañas, jefe de la observación del Parlamento Europeo en las elecciones regionales de Venezuela del año 2021, al momento de presentar el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE).
Los hallazgos del reporte fueron tan contundentes con el gobierno de Maduro que no pudo ser presentado en Caracas, aunque el acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la UE así lo estipulaba.
La MOE de la UE de 2021 fue el último despliegue intensivo en Venezuela de una organización profesional y técnica que aplica una metodología rigurosa para dar cuenta de cómo se celebra un proceso electoral. Antes de esto, tenemos que remontarnos a las elecciones presidenciales del 2006, en las que participaron distintas organizaciones especializadas, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta MOE permitió hacer un análisis exhaustivo de las condiciones en las que se celebran los procesos electorales en Venezuela. Si bien se trataba de una elección regional, de manera que el poder del gobierno nacional no estaba directamente amenazado, se pudieron constatar las sistemáticas irregularidades y malas prácticas promovidas por el oficialismo para impedir la competencia justa en detrimento de las fuerzas opositoras.
El informe de la MOE brinda 23 recomendaciones, aunque considera que 7 son fundamentales o prioritarias si se quiere avanzar hacia elecciones libres y competitivas: 1) separación de poderes; 2) suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de la República de despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos; 3) campaña de educación al votante para promover la confianza en el voto; 4) reforzar las facultades sancionadoras del CNE; 5) equilibrar la cobertura de la campaña de los medios de comunicación del estado; 6) derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y 7) mejorar la campaña de información a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa.
Evidentemente, a la luz del proceso de 2024 queda claro que el gobierno venezolano no ha tomado en serio estas recomendaciones. Pero no solo eso, sino que ha profundizado de tal manera en las arbitrariedades que el extitular de la Contraloría General de la República que se encargó de inhabilitar a líderes como María Corina Machado o Henrique Capriles ahora es el máximo representante del Poder Electoral.
Por otro lado, no se han hecho esfuerzos por reforzar el estado de derecho; la cobertura de los medios de comunicación públicos beneficia al oficialismo y cubre a la oposición solo para desprestigiarla, y si de la ley contra el odio se trata, no solo no se derogó sino que actualmente la Asamblea Nacional amenaza con la aprobación de la ley contra el fascismo y la ley para regular a la sociedad civil, ambos instrumentos diseñados para criminalizar y censurar a los sectores democráticos.
Aunado a esto, se ha obturado de manera vulgar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, dejando fuera del padrón a más de 5 millones de venezolanos residentes en el exterior, y a millones en Venezuela.
Otras cuestiones que preocupaban a la MOE de la UE, como el uso extorsivo de la Plataforma Patria, los obstáculos a la participación política de la mujer (la única mujer que pretendió ser candidata y ganó las primarias opositoras fue ilegalmente inhabilitada), el uso indiscriminado de los recursos del estado a favor del oficialismo o las limitaciones a la observación electoral, fueron desoídas.
A todo este contexto que afecta gravemente (y veremos si definitivamente) a la integridad del proceso electoral debemos sumarle la persecución que ha sufrido el equipo de María Corina Machado, que ha dejado el lamentable saldo de varios presos políticos, seis asilados en la embajada de Argentina en Caracas y decenas de pequeños comerciantes sancionados por colaborar con las actividades de Machado y la oposición en el interior del país.
La Unión Europea incluso levantó sanciones individuales contra funcionarios del CNE, entre ellos su titular, Elvis Amoroso, como ofrenda para que se recibiera una MOE. Sin embargo, la respuesta la hemos tenido este martes 28 de mayo, a escasos dos meses de las elecciones, cuando el propio Amoroso anunciaba la revocación de la invitación.
¿Por qué Maduro no quiere una misión de la UE? No es, como explicó Amoroso, por su “posición histórica colonialista” y la imposición de sanciones. Recordemos que el titular del CNE fue sancionado en 2020, y sin embargo en 2021 Venezuela recibió a la delegación europea.
La verdadera razón es que las condiciones electorales son incluso peores que en 2021, y el apoyo popular a la oposición es mucho más contundente. Distintas encuestas aseguran que Edmundo González cuenta con una intención de voto 30 puntos mayor que la de Maduro.
Unas elecciones con arbitrariedades, malas prácticas, ventajismo, persecución y todo el catálogo autocrático que se espera, pero observadas por la comunidad internacional y controladas por los partidos opositores, son imposibles de ganar para Maduro.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
