En un discurso reciente en la Casa Blanca, calificado por él mismo como el “Día de la Revelación”, Donald Trump ha vuelto a poner la integridad electoral en el epicentro del debate público. Al desclasificar documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la capacidad del gobierno venezolano para manipular elecciones, el presidente estadounidense ha intentado construir un puente narrativo entre las vulnerabilidades tecnológicas en el extranjero y la supuesta fragilidad del sistema estadounidense. Sin embargo, un análisis riguroso de los documentos citados y, sobre todo, de la historia electoral reciente de Venezuela revela una realidad diametralmente opuesta: la tecnología de votación, lejos de ser el vehículo del fraude, ha sido el instrumento más eficaz para ponerlo al descubierto.
La brecha entre el discurso y el documento
La estrategia de Trump se basa en una lectura selectiva y tendenciosa del informe de la CIA. Si bien el mandatario asegura que existió un “complot específico” del régimen de Nicolás Maduro para alterar resultados mediante tecnología, el informe desclasificado es mucho más cauteloso. El documento señala que el gobierno venezolano tenía “cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica dentro de su propio territorio, pero advierte de manera explícita de que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala.
Más crucial aún es la conclusión de la CIA respecto a la exportabilidad de estas supuestas manipulaciones: ni el gobierno venezolano ni la empresa Smartmatic tenían la capacidad de alterar elecciones fuera de Venezuela. A pesar de esto, Trump utiliza estos hallazgos para sembrar dudas sobre los comicios de medio mandato y para insistir en la teoría, rechazada sistemáticamente por los tribunales, de que le robaron las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Esta narrativa del fraude, alimentada históricamente por medios como Fox News —que tuvo que pagar 787 millones de dólares a Dominion Voting por difundir teorías conspirativas sin pruebas—, busca erosionar la confianza institucional para fines políticos inmediatos.
La tecnología como chivo expiatorio en la narrativa del fraude
Acusar a la tecnología de facilitar el fraude electoral es una táctica que emplean líderes de signos políticos diversos. En las recientes elecciones colombianas, el presidente Gustavo Petro sembró dudas constantes sobre la tecnología de la Registraduría Nacional, y señaló una supuesta opacidad en el código fuente del software de escrutinio como prueba de una posible manipulación. En la derecha, en Brasil Jair Bolsonaro cuestionó sistemáticamente la integridad de las urnas electrónicas, a pesar de que este sistema había validado sus propias victorias previas durante décadas sin incidentes documentados.
Al igual que Trump en los Estados Unidos, estos líderes utilizan la complejidad tecnológica para generar la sensación de un “gobierno en la sombra” o conspiraciones algorítmicas. El objetivo no es probar el fraude, sino generar una desconfianza suficiente para que cualquier resultado adverso pueda ser leído como una conspiración. Esta normalización del no reconocimiento de los resultados electorales produce un daño institucional profundo: erosiona la legitimidad de la alternancia democrática y convierte a la tecnología en el blanco fácil de las frustraciones políticas de cualquier bando.
Hacia una reforma electoral seria en Estados Unidos
Es justo reconocer, como plantea el ala republicana, que existen aspectos del sistema electoral estadounidense que son mejorables, algo que debe abordarse con seriedad para fortalecer la confianza pública. La propuesta de exigir una identificación con foto y un certificado de ciudadanía para votar y el debate sobre las restricciones al voto por correo están totalmente justificados si se presentan como mecanismos de seguridad y no como herramientas de supresión de votantes.
Un sistema electoral robusto debe garantizar que solo los ciudadanos acreditados participen y que el proceso de identificación sea infalible. Sin embargo, estas mejoras necesarias no deben confundirse con la validación de teorías conspirativas sobre hackeos masivos o “gobiernos en la sombra” que manipulan las máquinas de votación. Como bien indica el informe de la CIA, los repositorios de datos y los registros de votantes son áreas de preocupación legítima ante posibles ciberataques extranjeros, pero esto es muy distinto a afirmar que el sistema está “roto” o “corrupto” por definición.
Venezuela: la tecnología como escudo contra el autoritarismo
La paradoja más grande del discurso de Trump es que la experiencia venezolana de los últimos veinte años demuestra que un sistema automatizado bien diseñado es difícilmente manipulable (sin dejar rastro) incluso para un régimen autocrático que controla todas las instituciones. A pesar de que el régimen de Maduro dominaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, los mecanismos de seguridad de la tecnología de votación han permitido a la oposición documentar y demostrar el fraude de manera irrefutable.
El primer hito de esta resistencia tecnológica se dio en las elecciones parlamentarias de 2015. En ese entonces, a pesar de las inhabilitaciones y el ventajismo oficialista, la robustez del sistema permitió que la oposición obtuviera una victoria abultada que el régimen no pudo ocultar. La trazabilidad del voto y la presencia de testigos fueron claves para validar la voluntad popular.
En 2017, la tecnología permitió documentar dos fraudes de distinta naturaleza. Primero, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la propia empresa Smartmatic denunció que las cifras de participación habían sido infladas en al menos un millón de votos. La empresa pudo detectarlo gracias a que el sistema contaba con auditorías y controles de transmisión que el CNE no pudo eludir internamente sin dejar rastro. Meses después, en las elecciones a gobernador del Estado Bolívar, el candidato Andrés Velásquez demostró el fraude manual gracias a que poseía las actas impresas por las máquinas.
El fraude de 2024: la derrota de la narrativa oficial
El caso más reciente y contundente ocurrió el 28 de julio de 2024. En esta ocasión, el sistema automatizado de votación actuó como un verdadero escudo contra el fraude. La estrategia de la oposición democrática, bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, se centró en aprovechar la traza de papel que emite cada máquina.
A través de una sofisticada red de ciudadanos (“comanditos”), la oposición logró recolectar, digitalizar y publicar más del 83,5% de las actas de escrutinio. Estas actas, que cuentan con mecanismos de seguridad como códigos QR y firmas digitales, demostraron una victoria contundente de Edmundo González con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El CNE, alegando un inverosímil “ataque cibernético”, se ha negado a publicar los resultados desglosados, pero la tecnología ya había hecho su trabajo: los comprobantes de papel y las actas impresas desmontaron la narrativa oficial en cuestión de horas.
Expertos independientes de la ONU y del Centro Carter han validado que las actas publicadas por la oposición cuentan con todos los protocolos de seguridad originales del CNE, lo que hace imposible que sean falsificadas de manera masiva. Esto confirma que, incluso cuando un régimen controla la empresa proveedora de tecnología (como ocurre actualmente con la argentina ExClé) y el servidor de totalización, la verificación ciudadana de la traza de papel impide que un fraude sea exitoso a ojos del mundo.
La única garantía son los entornos controlados y auditables
Trump está utilizando un documento de la CIA que no concluye la existencia de fraude electrónico para alimentar una narrativa que debilita la democracia estadounidense. La verdadera lección que nos deja Venezuela es que la tecnología de votación, cuando incluye auditorías exhaustivas y una traza de papel verificable, es la mayor garantía de transparencia.
Incluso en el contexto de un régimen autocrático que ha secuestrado el Poder Electoral, la precisión tecnológica y la movilización ciudadana para resguardar las actas han permitido que la verdad prevalezca sobre la desinformación.
Autor
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
