Las elecciones parlamentarias y regionales celebradas el pasado 25 de mayo en Venezuela estuvieron marcadas por una combinación crítica de irregularidades estructurales, opacidad institucional y una altísima abstención ciudadana, reflejo de la profundización autocrática que atraviesa el país. Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurriera en un fraude electoral masivo el 28 de julio de 2024 para desconocer la victoria contundente del opositor Edmundo González Urrutia, el ente electoral perdió la poca credibilidad que le quedaba. Sin presentar resultados desagregados por mesa, sin una página web y sin que se celebraran las auditorías posteriores a la jornada electoral de 2024, el CNE adjudicó en tiempo récord la presidencia a Nicolás Maduro, aunque las actas emitidas por las máquinas de votación y recuperadas por los testigos opositores le daban una amplia victoria a González.
En ese contexto se convocaban las elecciones parlamentarias y regionales de 2025. Originalmente pautadas para el mes de abril, finalmente fueron celebradas el 25 de mayo. Desde su misma convocatoria, el proceso mostró graves falencias. No se publicó en Gaceta Oficial la resolución formal para llamar a elecciones ni se presentó públicamente el cronograma de actividades, no se permitió la inscripción y actualización en el registro electoral. Las garantías técnicas también brillaron por su ausencia: las auditorías al sistema no contaron con la participación de actores imparciales, y la infraestructura digital del CNE, incluida su página web, estuvo inactiva, bloqueando el acceso público a información esencial. Sin mecanismos de control independientes ni herramientas de fiscalización abiertas, el proceso careció de los mínimos estándares de transparencia.
La líder de la oposición, María Corina Machado, invitó desde la clandestinidad a los opositores a abstenerse de participar en un proceso con estas características. Por su parte, representantes de la oposición minoritaria como Henrique Capriles, Manuel Rosales o Juan Requesens promovieron la vía electoral.
Si había alguna duda sobre quién lidera a los sectores opositores, quedó resuelta el 25 de mayo: la ciudadanía venezolana no participó en los comicios. Las imágenes de centros de votación vacíos circularon ampliamente en medios y redes, reflejando un rechazo de los electores que el gobierno no pudo ocultar.
Pese a este contexto, el CNE anunció una participación de 5,5 millones de personas, equivalente al 25 % del padrón electoral (21.485.669 ciudadanos), pero al mismo tiempo aseguró que esa cifra representaba el 42 % de los electores habilitados, sin ofrecer ninguna explicación ni datos verificables que sustenten este cálculo. Los resultados oficiales resultan no solo incontrastables —por falta de acceso a datos y auditorías independientes—, sino además inconsistentes, lo que profundiza la desconfianza ciudadana.
Un día después de la elección, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el estratega electoral de Maduro (fue rector del CNE y luego Jefe de Campaña de Maduro), anunció detalles de los resultados que ni siquiera el propio ente electoral había publicado. Por ejemplo, aseguró que Henrique Capriles y otros candidatos que no forman parte del oficialista Polo Patriótico habían conseguido curules en la Asamblea Nacional que entrará en funcionamiento en 2026.
La opacidad con respecto a los resultados es de tal magnitud que no hay garantías de que este grupo de opositores hayan sido efectivamente electos. Andrés Caleca, excandidato opositor en las primarias de 2023 y expresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que si se dan por ciertos los resultados anunciados, y si se aplica correctamente el método de distribución de bancas establecido legalmente (D’Hondt), a este grupo de opositores que decidieron participar les asignaron artificialmente más bancas de las que les corresponden.
De manera que al parecer Venezuela está ingresando en una nueva etapa en la que ya los resultados electorales no solo son inescrutables e inconsistentes, sino que finalmente no son decisivos a la hora de la asignación de cargos.
Diez días después de las elecciones parlamentarias y regionales, y sin publicar sus resultados desagregados por mesa (aunque ya los cargos fueron asignados), el CNE convocó las elecciones municipales para el próximo 27 de julio.
Desde el fraude masivo del 28 de julio de 2024 quedó claro que el gobierno de Nicolás Maduro ha abandonado la vía electoral. Aunque ya se habían manipulado elecciones anteriormente (estado Bolívar y Consulta Popular en 2017), o desconocido los resultados (legislativas 2015), nunca se había fraguado un fraude de tal magnitud como el del año pasado.
En los últimos años la oposición venezolana, a pesar de las condiciones adversas, fue a un proceso de negociación con el gobierno a través de la mediación internacional, celebró un proceso de elecciones primarias para legitimar sus liderazgos en el que fue aclamada María Corina Machado, y, a pesar de su ilegal inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2024, siguió en la ruta electoral y designó a Edmundo González como candidato sustituto. Diseñó un mensaje movilizador, canalizó el descontento y lo convirtió en participación e incluso construyó una estructura de control del voto (comanditos) que le permitió hacerse con casi el 80 % de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, con lo que pudo demostrar la victoria opositora. A pesar de estos esfuerzos en un contexto sumamente desigual, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por el desconocimiento de los resultados, la represión y la violación de los derechos humanos.
Cuando el voto no tiene consecuencias no hay incentivos para la participación. Los venezolanos decidieron abstenerse en las elecciones regionales y municipales, y seguramente lo hagan en las municipales del 27 de julio, porque el poder de cambio del sufragio ha quedado anulado.
