El 3 de enero el mundo despertó con la noticia de la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La comparación con la Doctrina Monroe y los recuerdos de invasiones anteriores en territorio latinoamericano y caribeño no se hicieron esperar. Sin embargo, el caso presenta diferencias tanto en la incursión —sin militares en territorio venezolano, aunque reservándose el derecho a hacerlo— como en el escenario internacional en el que se desarrolla marcado por la entropía, policrisis y el multilateralismo en pausa.
La administración Trump 2.0 tiene un objetivo claro: dominar la producción de petróleo venezolano y otorgar acceso a las empresas estadounidenses, y rápidamente se ha diluido la idea de defender los derechos humanos e incluso la polémica responsabilidad de protegerlos. Pero la intervención también es política, ya que Estados Unidos controla el gobierno de transición e impone las nuevas autoridades, al tiempo que contraviene los principios del Derecho Internacional previstos en la Carta de la ONU. El gobierno estadounidense viola la integridad territorial mediante el uso de la fuerza no permitida —no se trata de legítima defensa ni fue autorizado por el Consejo de Seguridad—, incumpliendo también los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de igualdad soberana y de solución pacífica de controversias.
Jurídicamente, la conducta de Estados Unidos no se justifica ni por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ni por las alegaciones de ilegitimidad de su mandato, ni por la esperanza que pudiera generar para los venezolanos en el territorio y en la diáspora.
Soberanía compartida: requisitos y aplicabilidad al caso venezolano
La dificultad de sancionar a Estados Unidos, al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, y el cuestionamiento cada vez mayor del orden internacional basado en reglas, nos llevan a preguntarnos si entramos ante una nueva etapa, en la que los poderosos decidan desvincular sus conductas al Derecho Internacional y la soberanía pasa a ser más permeable, e incluso compartida.
En 2004, el experto en relaciones internacionales Stephen Krasner acuñó el término “soberanía compartida”. Para superar el colapso institucional y los Estados fallidos, se plantea la creación de instituciones con autoridades concurrentes —domésticas y externas— con el objetivo de restaurar la estabilidad. Para el autor se trata de una solución pragmática y no de una intervención, pues toma como requisito básico la voluntad del Estado fallido.
¿La idea de soberanía compartida es aplicable al caso venezolano? Más aún, ¿esta solución es acorde con el Derecho Internacional? No es posible sostener un caso de soberanía compartida porque uno de los involucrados no manifestó su consentimiento. Solo cabe interpretar los hechos como una violación del principio de no intervención. Las acciones de Estados Unidos no hacen más que erosionar el Derecho Internacional en crisis.
¿Hacia una nueva política internacional?
Lore recientes acontecimientos ponen en disputa los marcos de referencia de la política internacional, entendida como el conjunto de relaciones entre Estados en su dimensión jurídico-institucional, reguladas por la soberanía y enfocadas en asuntos extranjeros en un sistema estructurado de reglas, normas e instituciones que regulan las interacciones entre estados para mantener la estabilidad, la paz y el equilibrio de poder. Desde el Derecho Internacional, nos enfrentamos a una violación flagrante de principios básicos, y desde la perspectiva del análisis geopolítico, se advierte una política internacional impuesta por Estados Unidos bajo un enfoque neorrealista ofensivo.
La Estrategia de seguridad de Estados Unidos, presentada en diciembre de 2025, delineó las bases de la nueva política exterior. Hubo señales claras, incluso con el cambio de nombre del Ministerio de Defensa por el de “Guerra” —instrucción del Presidente que desea ser premiado con el Nobel de la Paz—, aunado al nuevo retiro de varias organizaciones, agencias y tratados internacionales. Esto marca una nueva etapa en la política internacional por ser esta nación la más influyente, al menos en el hemisferio occidental.
En el discurso tras la extracción ilegítima de Maduro, Trump no solo no mencionó ni una sola vez la palabra “democracia” ni “derechos humanos”, sino que aclaró en varias ocasiones que la seguridad de Estados Unidos estaba salvaguardada y que su población no tenía nada que temer. Además, insistió en la salvaguarda de las fronteras y de la seguridad estratégica. Estas líneas discursivas, que argumentan que se defendería a los estadounidenses de los cárteles de la droga, en especial de los de Venezuela, dan forma a la doctrina“Donroe”.
¿Estamos ante una nueva doctrina? Recordemos que la Doctrina Monroe fue el resultado de los procesos de descolonización de las naciones americanas cuando se temía una reacción por parte de los imperios europeos que perdían influencia en la región durante el siglo XIX. En este marco, la doctrina Donroe parte de la asunción de que la región enfrenta un peligro, pero en esta ocasión no proviene de las naciones europeas, sino de la gran influencia de China como competidor geopolítico.
Ante este escenario, podemos observar que cuanto más agresiva ha sido la política exterior estadounidense, más denota sus debilidades en la política internacional y las fracturas en la política doméstica. El temor ahora es la fuerte influencia de China y de sus aliados de los BRICS en la región, que no fue prioridad de la política exterior estadounidense durante los recientes gobiernos demócratas.
Estos cambios en la política internacional son el inicio de las líneas de un nuevo orden internacional en gestación desde una perspectiva neorrealista ofensiva. Bajo esta perspectiva, Latinoamérica y el Carbie es considerada por la Administración Trump como parte de su seguridad estratégica, considerando todo el continente americano hasta Groenlandia en la ecuación.
El posible acuerdo del gobierno chavista de otorgar ciertas concesiones a la administración estadounidense podría marcar el inicio de una cuestionable “soberanía compartida”. Si se confirma que la Presidenta Interina Delcy Rodríguez forma parte de un gobierno colaborador con los intereses de Estados Unidos, podríamos estar ante las nuevas directrices de la política internacional. Recordamos a Henry Kissinger, quien proponía un orden regional escalable con equilibrio entre poder y legitimidad.
Autor
Profesora Agregada de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República e Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay). Profesora en la Universidad de Monterrey (México). Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
Politóloga especializada en Estudios Diplomáticos y Política Internacional por la Universidad de Westminster, Reino Unido. Catedrática de la Universidad Iberoamericana y maestra de tiempo completo en La Universidad La Salle, Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales.
