El primer discurso de la nueva presidenta de Costa Rica, Leura Fernández, ha sido sintomático: muestra tanto el propósito central del proyecto continuista, como su propia percepción de las dificultades para impulsarlo cabalmente. Su intervención tenía dos motivos colaterales. El primero, de obligado cumplimiento, agradecer al presidente saliente por haber iniciado un cambio estructural del país. El segundo, que muestra su propia sensibilidad política, responder a las críticas de autoritarismo que se han repetido en los medios políticos y periodísticos durante la campaña.
“¡Democracia, democracia, democracia!” repetía la nueva mandataria al iniciar su discurso de victoria. Pero era una afirmación bastante polisémica. Podría referirse al consistente apoyo popular de su victoria electoral, que le permitiría continuar el proyecto iniciado por su antecesor, o bien aclarar que lo llevaría a cabo sin forzar los contrapesos institucionales, el pecado de que le acusan desde la oposición. Aunque también es posible que fuera una combinación de ambas cosas, algo que se aclarará con el tiempo.
El propósito central del proyecto continuista fue emitido por doña Laura con toda rotundidad: proclamó que “este es el final de la Segunda República”, la que se inició después de la guerra del 48 y ha durado hasta hoy. Se trata de un cambio “profundo e irreversible”. Así que, esta victoria electoral refleja el nacimiento de un nuevo modelo sociopolítico. “¡Hoy nace la Tercera República!, exclamó.
Es decir, el cambio de modelo tiene ya una denominación clara (la III República). Pero cabe preguntarse sobre dos supuestos decisivos: ¿Qué causas justifican ese considerable cambio? Y, sobre todo, ¿será posible implementarlo en su cabal dimensión?
Podría argumentarse que la propia victoria electoral, de enormes proporciones, después de los fuertes cuestionamientos hechos al presidente saliente, sería suficiente justificación del radical cambio propuesto. Pero eso no explicaría las razones profundas que están detrás del éxito del continuismo. Distintos observadores, Sergio Ramírez entre ellos, afirman que eso tiene que ver con el drástico cambio de la sociedad tica: la Costa Rica pacífica y segura ya no existe. Habría que agregar: tampoco la Costa Rica poco desigual.
¿Y ese deslizamiento hacia la inseguridad y la desigualdad, fue inevitable? ¿Qué ha impedido al sistema político costarricense evitar ese negativo cambio?
Mi percepción es que ello procede de una disrelación entre el cambio sociopolítico real y la cultura política imperante. Desde una óptica positiva, puede afirmarse que hay proyectos políticos que pueden morir de éxito. Eso es lo que ha sucedido con el modelo político surgido de la guerra civil del 48 (denominado cómo la Segunda República). Es indudable que ese sistema, de tendencia socialdemócrata, ha sido un modelo exitoso que estableció las bases económicas y políticas para consolidar la democracia más estable de la región.
Sin embargo, los cambios profundos de la sociedad no fueron absorbidos a tiempo. La confirmación del paso de una sociedad rural a una urbana, el impacto de las crisis mundiales, la radical modificación del modelo productivo, la aparición de dos esferas de consumo, así como los propios defectos de la cultura política, entre otros fenómenos, impidieron absorber cabalmente los cambios. También hay que consignar que la forma de hacer política establecida no carecía de defectos. Por ejemplo, la tendencia a evitar el disenso con franqueza.
En otros países centroamericanos se suele decir que si hay algo difícil es saber lo que realmente piensa un tico. La inclinación a dar respuestas sobre la base de decir lo que el interlocutor espera oír, tenía efectos políticos efectivos. Las encuestas sobre confianza mutua han mostrado que esa confianza era considerablemente baja, incluso comparándola con la de otros países centroamericanos. Y creo que la ruptura con ese estilo ha sido un dividendo para Rodrigo Chaves.
El problema en que, mientras se daban los cambios sociales profundos, la inclinación en la cultura política mayoritaria ha sido la de insistir en los rasgos del antiguo modelo exitoso. Ello ha propiciado una creciente separación entre los operadores de esa nostalgia sistémica y el malestar del país profundo. Algo que estalló con la victoria de Rodrigo Chaves en las elecciones pasadas constató esa situación.
La atropellada presidencia de Chaves ha reflejado tanto su desconocimiento del sistema institucional, como la resistencia que le han presentado los nostálgicos del anterior modelo exitoso. Pero la rotunda victoria electoral de su continuadora, muestra que, pese a las frecuentes faltas de corrección del mandatario saliente, el país profundo sigue dándole su apoyo.
No obstante, el cambio hacia a III República no está en absoluto garantizado. El planteamiento Chaves ha consistido en reducir o eliminar muchos de los contrapesos institucionales que impiden a Costa Rica adaptarse al mundo actual. Y ese es el fundamento de su queja acerca de que, en realidad, al interior de esos contrapesos se refugian los nostálgicos del viejo modelo desactualizado, que, en la práctica, no le han dejado gobernar. La respuesta de sus opositores es que Chaves ha buscado la destrucción de los contrapesos institucionales que afianzan la democracia.
Este dilema refleja el desafío de la nueva presidenta respecto al avance hacia la Tercera República. Por un lado, existe la percepción de que es necesario reformar el Estado. De hecho, desde hace tiempo la reforma del Estado ha sido una frecuente reflexión académica y política. Para muchos especialistas, la II Republica ha tratado de enfrentar la alta desconfianza mutua mediante una creciente tendencia a los controles administrativos, algo que ha sido percibido por el país profundo como un entramado obstaculizador, que solo beneficia a la burocracia y las élites. Por ello, el discurso de Chaves de que hay que salir de ese entrampamiento ha recibido un apoyo social tan considerable. Desde luego, sus críticos le acusan de querer librarse de toda traba para impulsar una gobernanza autoritaria.
Pero más allá de las intenciones, cabe la pregunta de si la transformación hacia la III República es efectivamente posible. Desde el plano legislativo, la nueva presidencia encara tres opciones. La primera, tratar de usar las leyes ordinarias (para lo cual tiene mayoría suficiente) para producir cambios institucionales profundos. La única certeza que proporciona esta opción es que la corte constitucional tendrá un trabajo exhaustivo dada la cantidad de recursos y denuncias que le lloverán. La segunda, acudir a la iniciativa legislativa popular, recogiendo firmas para una Constituyente. Este proceso supondría una lucha política enconada a lo que se podrían sumar diferencias agudas con Rodrigo Chaves. Y la tercera, que habría de suceder en el arco parlamentario, supone la negociación con Liberación Nacional, la única fuerza que sumada a la bancada oficialista sumaría la mayoría cualificada necesaria para alcanzar una reforma constitucional. Una negociación difícil porque el PLN se encuentra presionado por el resto de los opositores progresistas al oficialismo y podría salir fracturado de esa negociación.
En suma, se perfilan dos escenarios por delante. Establecer con claridad si es posible un cambio estructural del sistema político, que hoy el oficialismo denomina III República, sin que ello suponga un abandono de los parámetros básicos de la democracia. Y saber si ello es posible en las complejas condiciones políticas en que se encuentra la nueva presidenta, frente a fuerzas políticas opositoras nutridas por un intenso resentimiento y bajo la mirada fiscalizadora del presidente saliente.
Autor
Enrique Gomáriz Moraga ha sido investigador de FLACSO en Chile y otros países de la región. Fue consultor de agencias internacionales (PNUD, IDRC, BID). Estudió Sociología Política en la Univ. de Leeds (Inglaterra) con orientación de R. Miliband.
