Las imágenes de vehículos incendiados, bloqueos carreteros y motines carcelarios que siguieron a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco no pueden leerse como episodios aislados ni como simples reacciones emocionales de una organización criminal herida. Tampoco son una anomalía inesperada. Forman parte de una secuencia conocida en contextos donde el uso de la fuerza estatal altera equilibrios ilícitos sin que exista, al mismo tiempo, una capacidad suficiente para administrar las consecuencias. La cifra de al menos 26 personas fallecidas, reportada por La Jornada, es un recordatorio crudo de que la violencia organizada rara vez desaparece con la eliminación de un solo actor.
El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una estructura improvisada ni dependiente exclusivamente de un liderazgo carismático. Informes del Congressional Research Service y de la Drug Enforcement Administration lo describen como una organización con alta capacidad armada, expansión internacional y redes transnacionales consolidadas. Estas características explican por qué, tras la caída de su líder histórico, la respuesta no fue la parálisis, sino una demostración coordinada de fuerza: bloqueos, ataques selectivos y desestabilización del orden cotidiano.
La literatura académica ayuda a comprender este fenómeno. Investigaciones publicadas en Journal of Conflict Resolution muestran que los efectos de la llamada “decapitación” criminal varían según dos variables clave: el nivel de cohesión interna del grupo y la capacidad del Estado para ocupar rápidamente los espacios de poder que quedan vacantes. Cuando estas condiciones no se cumplen, la violencia tiende a incrementarse en el corto plazo. En México, esta dinámica ha sido documentada de manera sistemática por Guillermo Trejo y Sandra Ley, quienes han advertido que la fragmentación organizativa, sin control territorial efectivo del Estado, produce disputas internas y expansión del conflicto.
Los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera Cervantes también revelan otra dimensión crítica: la resiliencia operativa de las economías ilícitas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que los mercados criminales con infraestructura financiera robusta y control logístico diversificado se adaptan con rapidez a los cambios de liderazgo. En estos casos, el problema no es la ausencia de un jefe, sino la persistencia de incentivos económicos, rutas, contactos y mecanismos de corrupción que sostienen la actividad ilegal. La violencia, entonces, se convierte en un instrumento para redefinir jerarquías y enviar señales, tanto al interior de la organización como a rivales y autoridades.
Este contexto explica por qué, en paralelo a los hechos violentos, han surgido especulaciones sobre posibles implicaciones para el Mundial 2026. Conviene separar el análisis técnico del ruido político. Hasta ahora, no existe indicio alguno de que la FIFA haya considerado modificar las sedes mexicanas. Por el contrario, su presidente, Gianni Infantino, ha reiterado públicamente su confianza en México como país anfitrión. La pregunta relevante no es si el torneo está en riesgo inmediato, sino cómo se gestiona la seguridad en un entorno donde las reconfiguraciones criminales pueden tener efectos diferidos.
Los grandes eventos internacionales no se preparan sobre la base de certezas, sino de escenarios. La experiencia comparada indica que los procesos de sucesión dentro de organizaciones criminales pueden extenderse durante semanas o meses, con picos de violencia intermitente. Ignorar esta posibilidad sería irresponsable. Al mismo tiempo, sobredimensionarla sin sustento empírico sería contraproducente. El equilibrio se encuentra en la planeación estratégica: monitoreo constante, coordinación interinstitucional y protección preventiva de infraestructura crítica, especialmente en las ciudades sede.
Aquí emerge un problema estructural que va más allá del CJNG. El Indice Global de Impunidad señala que México mantiene rezagos significativos en eficacia institucional, investigación criminal y sanción penal. Estas debilidades no generan titulares espectaculares, pero condicionan profundamente la capacidad del Estado para transformar golpes tácticos en resultados sostenibles. Sin instituciones sólidas a nivel local —policías profesionales, fiscalías eficaces, sistemas penitenciarios controlados— cada operación de alto impacto corre el riesgo de ser apenas un episodio dentro de un ciclo repetitivo de violencia.
El sistema penitenciario merece una mención especial. El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado cómo las cárceles latinoamericanas, lejos de neutralizar el crimen, funcionan con frecuencia como centros de operación y coordinación. Los incidentes registrados en centros penitenciarios tras la muerte de Oseguera Cervantes refuerzan esta advertencia. Sin gobernanza carcelaria, sin control tecnológico y sin supervisión externa, la privación de la libertad pierde su función básica como herramienta de seguridad pública.
La dimensión financiera es otro frente decisivo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado redes de lavado de dinero vinculadas al CJNG que operan más allá de las fronteras mexicanas. Atacar estas estructuras no produce imágenes espectaculares ni genera aplausos inmediatos, pero reduce de manera directa la capacidad de regeneración del crimen organizado. La trazabilidad financiera y el control de precursores químicos son, en este sentido, políticas de seguridad tanto o más importantes que las detenciones de alto perfil.
Nada de esto implica restar importancia a la eliminación de liderazgos criminales. Significa, más bien, situarla en su justa dimensión. La fuerza sin gobernanza produce vacíos; los vacíos producen disputas; y las disputas se traducen en más violencia para la población. La confianza internacional, incluida la asociada a eventos como el Mundial, no se construye negando los riesgos, sino demostrando capacidad para anticiparlos y gestionarlos.
En última instancia, la seguridad no se mide por la caída de un nombre, sino por la reducción sostenida de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho. Mientras la estrategia siga privilegiando los golpes simbólicos sobre la consolidación institucional, cada “victoria” tendrá un costo diferido. Y ese costo, como muestran los acontecimientos recientes, suele pagarse con vidas.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
