Estado peruano reportó cifras contradictorias sobre feminicidios para el mes de enero de 2026. Por un lado reportó cuatro casos según la Defensoría del Pueblo y por otro, siete según el Programa Warmi Ñan (antes Aurora). Esta discrepancia, de la cifra del mes, no es un error menor. Es el síntoma de una fragmentación institucional que persiste y cuesta vidas. En América Latina, la desarticulación de los datos y la débil interoperabilidad de los sistemas sobre violencia de género suele ser la regla. Para proteger a las mujeres, es urgente que cada país implemente un Sistema Unificado de Información sobre Violencia Feminicida (SUIF).
En Perú, esta iniciativa debería enmarcarse en la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos (PNMDH) ya que uno de sus lineamiento establece expresamente la necesidad de consolidar la gestión de la información. El problema central de esta política es la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio de los derechos humanos. En este marco, el SUIF consiste en poner en práctica ese mandato para las mujeres en situación de riesgo extremo.
El diagnóstico: cifras que no conversan entre sí
La falta de coordinación en los registros impide visualizar la ruta crítica del peligro que enfrentan las víctimas. En el primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo peruana registró 78 feminicidios —un 11.4% más que el año anterior— mientras que el INEI, con metodología integrada, arroja cifras distintas para el mismo período. El Programa Warmi Ñan por su parte, cerró todo el año 2025 con 133 casos confirmados. Tres instituciones, tres registros, una sola realidad que el Estado no logra ver con claridad.
Avanzar hacia una verdad unificada es condición necesaria para cumplir uno de los objetivos de la PNMDH. Esta meta busca reducir el índice de vulnerabilidad de la población —que combina 23 indicadores de acceso a servicios, educación y condiciones de vida de las mujeres— de 37.60 en 2022 a 19.48 en 2040. Lograrlo solo es posible si el Estado parte de datos confiables y compartidos. Sin interoperabilidad, ese horizonte no será medible ni alcanzable.
Referentes regionales: México y Argentina
El problema no es exclusivo del Perú y Latinoamerica ofrece lecciones valiosas de éxito. México cuenta con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Este sistema crea expedientes electrónicos únicos para las víctimas en sus 32 entidades federativas, evitando así la revictimización. Al centralizar los datos, las autoridades detectan áreas de alto riesgo y dan seguimiento continuo a cada caso judicializado.
Argentina, por otra parte, ha avanzado con la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios (UFEM), adscrita al Ministerio Público Fiscal. Este organismo recopila información en todo el país para guiar las políticas de prevención y alimentar las decisiones judiciales. Ambos modelos demuestran que centralizar los datos permite una persecución penal mucho más efectiva.
El peligro de los silos de información
Actualmente, la información en Perú está atrapada en compartimentos estancos que no se comunican de manera sistemática. Entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial manejan bases de datos aisladas. El problema principal no es la ausencia total de datos, sino su profunda desarticulación operativa. Una denuncia en un Centro de Emergencia Mujer no siempre activa una alerta inmediata en la comisaría del barrio.
La PNMDH exige que el Estado actúe como un cuerpo articulado para garantizar el acceso efectivo a la justicia. En este marco, el SUIF permitiría que cada registro administrativo sirviera como insumo preventivo para salvar la vida de las mujeres. Pero sin interoperabilidad obligatoria, la burocracia se convierte en cómplice involuntario de la impunidad criminal, más allá de la voluntad que muestran los funcionarios de cada institución pública involucrada.
El vínculo entre la desaparición y el feminicidio es el aspecto más crítico de esta desconexión institucional. Entre enero y julio de 2025 se reportaron más de 12.000 personas desaparecidas en el país. Alarmantemente, 28 de las mujeres asesinadas ese año habían sido reportadas previamente ante las autoridades como desaparecidas. El Estado tuvo la oportunidad de intervenir, pero la alerta de búsqueda no llegó a tiempo a los operadores.
Entre la tecnología y la realidad operativa
Sin embargo, la tecnología no es una solución mágica sin capacidad operativa ni infraestructura adecuadas en el territorio. Chile promulgó la Ley 21.378 para el monitoreo telemático de agresores mediante tobilleras electrónicas. Aunque ha dado resultados positivos en zonas urbanas, ha enfrentado desafíos en regiones con brechas de conectividad digital. Por ello, en Perú el SUIF debe diseñarse con soluciones diferenciadas: no es el mismo reto para Lima que para una zona rural amazónica.
Colombia por otra parte ha fortalecido su Línea 155, integrada con la policía y la fiscalía para agilizar la atención de emergencias. Este sistema garantiza que cada reporte sea derivado de inmediato a la entidad correspondiente, lo que genera una cadena de custodia. El SUIF peruano busca replicar esta agilidad, asegurando un seguimiento completo de cada caso bajo el enfoque interseccional.
Inversión eficiente para salvar vidas
A menudo, la modernización de sistemas se ven interrumpida por falta de presupuesto, pero la inacción resulta mucho más cara. Según estimaciones del Banco Mundial, los costos de la violencia de género equivale al 3.7% del PBI peruano. Mientras que la inversión estimada para implementar el SUIF es de entre unos cinco y diez millones de dólares, una fracción ínfima de ese costo social.
La invisibilidad estadística es una forma de impunidad que perpetúa el ciclo del dolor. El MINJUSDH, como ente rector de la PNMDH, tiene el mandato de liderar la integración de los sistemas de información en derechos humanos, en articulación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Al tratar la violencia como prioridad de acceso a la justicia, el Estado asume su responsabilidad de actuar con la debida diligencia que las víctimas merecen.
Construir este sistema no requiere inventar nada nuevo. Las instituciones solamente deben compartir la información que ya poseen de forma interoperable y con calidad de datos garantizada. La coordinación básica no es una utopía; es una obligación. La memoria de las que perdimos exige que los estados dejen de ser una suma de instituciones aisladas y se conviertan en el escudo unificado que las mujeres necesitan para vivir con dignidad y seguridad.
Autor
Abogado y político peruano, excongresista de la República. Actualmente es Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Especialista en gestión pública, destaca por su enfoque en el fortalecimiento institucional.
