La reciente decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de activar el artículo 34 respecto de México abrió una discusión jurídica y política sobre el alcance de las desapariciones en el país. La activación de este mecanismo implica que la ONU considera que existen indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas, lo que constituye una alerta internacional sin precedentes, permite una revisión urgente del caso y faculta al Comité para elevar la situación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, detrás del debate técnico y diplomático existe una dimensión más profunda y menos visible: el papel de las mujeres que buscan a las personas desaparecidas y la forma en que los Estados responden —o no— frente a esa búsqueda.
Las desapariciones masivas producen ausencia, miedo y fractura social, pero también generan algo más: nuevas formas de organización política encabezadas, casi siempre, por mujeres. Madres, esposas, hijas y hermanas que comienzan buscando a quienes faltan y terminan cuestionando al Estado, documentando la violencia y transformando el dolor privado en acción pública.
México no es el primer país donde esto ocurre. La diferencia está en la respuesta institucional.
En Argentina, durante la dictadura militar (1976–1983), las desapariciones forzadas dieron origen a uno de los movimientos de derechos humanos más emblemáticos del siglo XX: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Mujeres como Azucena Villaflor rompieron el silencio impuesto por el terror y convirtieron la búsqueda de sus hijos e hijas en una exigencia pública de memoria, verdad y justicia. Con el tiempo, esa presión social contribuyó a la construcción de políticas estatales de reparación, identificación y recuperación de identidad.
En Bosnia y Herzegovina, tras la guerra de 1992 a 1995 y el genocidio de Srebrenica, las Madres de Srebrenica, encabezadas por Munira Subašić, desempeñaron un papel central en la exigencia de verdad e identificación de miles de cuerpos. Su presión fue determinante para el desarrollo de mecanismos internacionales de identificación forense mediante ADN, considerados hoy referencia mundial.
En Colombia, tras más de cinco décadas de conflicto armado (1964–2016), organizaciones como ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) mantuvieron durante años la búsqueda y documentación de casos de desaparición. La insistencia de las familias -principalmente mujeres- fue clave para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del Acuerdo de Paz.
Los tres casos comparten una constante: las mujeres comenzaron buscando en contextos de miedo, violencia e indiferencia estatal, pero en algún momento, la presión social y el escrutinio internacional obligaron a los Estados a transformar esa búsqueda en instituciones, políticas públicas y mecanismos de verdad.
México enfrenta hoy una situación distinta y profundamente preocupante. Con más de 132 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país presenta cifras comparables a contextos de guerra o conflicto armado, aunque formalmente no se encuentre en ninguno de ellos. La comparación con Colombia resulta particularmente reveladora: mientras Colombia alcanzó cifras similares tras más de cinco décadas de conflicto armado, México llegó a este nivel en menos de dos décadas y con una aceleración particularmente fuerte a partir de 2018.
Las cifras agregadas muestran que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres. De acuerdo con datos de Red Lupa, alrededor del 77% de las personas desaparecidas son hombres y el 23% mujeres. Sin embargo, el patrón cambia cuando se analizan las edades: en hombres predominan los casos entre 25 y 29 años, mientras que en mujeres el grupo más afectado es el de 15 a 19 años.
Esto sugiere dinámicas distintas. Mientras las desapariciones de hombres parecen asociarse más frecuentemente a violencia territorial y economías criminales, las desapariciones de mujeres -especialmente adolescentes- apuntan a patrones relacionados con violencia sexual, trata y violencia feminicida. Como ha ocurrido en otros contextos de violencia extrema, el cuerpo de las mujeres también se convierte en un territorio de disputa y violencia específica.
Pero el punto central en este contexto no son sólo las cifras. Es quién busca. En México, las madres buscadoras han asumido tareas que corresponderían al Estado: localizar fosas, rastrear indicios, organizar brigadas, documentar casos y realizar búsquedas en territorios controlados por el crimen organizado. Lo han hecho en un contexto de enorme vulnerabilidad y prácticamente sin protección.
A diferencia de Argentina, Bosnia o Colombia, donde la presión social terminó generando mecanismos institucionales de búsqueda y reconocimiento, en México la relación entre el Estado y las madres buscadoras ha estado marcada por la desconfianza, la insuficiencia, la descalificación e inclusive, su asesinato.
Colectivos de búsqueda han denunciado retrasos sistemáticos en la validación de hallazgos, deficiencias forenses, pérdida de evidencias y ausencia de coordinación institucional. A ello se suma un hecho especialmente grave: el asesinato de madres buscadoras y personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en distintas regiones del país. Hay muchos nombres que no podemos olvidar: Noé Sandoval Adame, Angelita Meraz León, Teresa Magueyal, Ana Luisa Garduño, por tan sólo mencionar a algunas de las mujeres buscadoras que han sido asesinadas en el proceso de buscar a sus familiares y exigir justicia.
Las mujeres buscan a pesar del Estado, no con el Estado
Ese es uno de los elementos más relevantes para entender la dimensión internacional de lo que acaba de ocurrir con la activación del artículo 34. Lo que Naciones Unidas está señalando no es únicamente la magnitud de las desapariciones, sino la insuficiencia estructural de la respuesta estatal frente a una crisis que se ha prolongado durante años.
La historia comparada muestra que los Estados no transforman su respuesta frente a las desapariciones masivas por convicción. Lo hacen cuando la presión social, la legitimidad de las víctimas y el costo político de la inacción se vuelven imposibles de ignorar.
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo transformaron la memoria pública. En Bosnia, las Madres de Srebrenica empujaron la creación de mecanismos internacionales de identificación y justicia. En Colombia, las organizaciones de familiares contribuyeron a construir instituciones específicas de búsqueda.nMéxico aún no ha llegado a ese punto y los hechos indican que falta mucho para que suceda.
La activación del artículo 34 no resolverá por sí misma la crisis, pero sí modifica el terreno político e internacional en el que esta se discute. Internacionaliza el problema, aumenta el escrutinio y legitima aún más la voz de quienes han mantenido la búsqueda durante años.
Las madres buscadoras mexicanas no solo enfrentan la desaparición de sus hijos e hijas, hermanos, padres y seres queridos. También enfrentan la ausencia de un Estado que sigue sin estar a la altura de quienes buscan lo que él no ha podido -o no ha querido- encontrar.
Autor
Internacionalista y Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Miembro de Red de Politólogas.
