Han transcurrido más de 8 años desde las elecciones presidenciales en México que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de una Cuarta Transformación histórica, y es un buen momento para hacer un balance puntual de lo logrado y lo perdido durante los gobiernos de este movimiento político de izquierda.
El debate político, periodístico y académico está polarizado. Hay quien percibe que el país se encuentra en un proceso de transformación democrática que pondría en el centro el interés de los sectores populares. Sin embargo, hay quien, no necesariamente dejando de reconocer los logros sociales mediante el aumento al salario mínimo y la continuación de los programas sociales (que ya llegan a más de treinta millones de mexicanos en distintos sectores sociales), observa en las políticas públicas y concesiones una deriva autocrática que es necesario revertir por el bien de los equilibrios democráticos.
Dos lecturas enfrentadas de la Cuarta Transformación
Para el primer grupo, en este periodo se fortaleció la legitimidad electoral del gobierno y se consolidó una nueva mayoría política; para el segundo, en cambio, se concentró el poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante y se redujeron significativamente los contrapesos institucionales.
Los primeros argumentan que se ampliaron programas sociales de gran cobertura, mientras que para los segundos se debilitaron y desaparecieron varios organismos autónomos que garantizaban derechos democráticos y aumentó el peso político del Ejecutivo. Los primeros destacan los incrementos sostenidos del salario mínimo y la reducción de algunos indicadores de pobreza por ingresos; en cambio, los segundos observan que se incrementó la polarización política y la confrontación contra periodistas, medios, organizaciones civiles y la oposición social y política.
Los primeros señalan el impulso una política exterior centrada en la soberanía nacional, mientras que los segundos expresan preocupación por la independencia judicial, la militarización de funciones civiles y la calidad del pluralismo democrático. Los primeros celebran que se mantuvo la estabilidad macroeconómica y aumentó la inversión vinculada al fenómeno del nearshoring, mientras que para los segundos persistieron altos niveles de violencia e impunidad, por lo que continúan los señalamientos sobre la infiltración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno.
Y así podríamos seguir con otros contrapuntos entre los defensores de la Cuarta Transformación y sus críticos. Procede, por lo tanto, un análisis racional de lo que se ha logrado y los efectos que han tenido otras decisiones políticas en clave de indicadores internacionales de calidad democrática.
El deterioro de los contrapesos democráticos
Muchos de los indicadores antes mencionados muestran un deterioro sostenido en aspectos como independencia institucional, controles al poder y funcionamiento del estado de derecho durante estos años, aunque el país sigue celebrando elecciones relativamente competitivas y mantiene alternancia en estados y municipios.
La prueba de fuego de este dilema serán las elecciones intermedias federales y las que tendrán lugar en 17 de las 32 gubernaturas en la primavera de 2027. La sombra del narco sobrevuela algunas de las elecciones estatales y despierta preocupación en Palacio Nacional, por lo que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recogió una iniciativa de la oposición para separar mediante un complejo institucional a los candidatos sospechosos de estar ligados a alguna organización criminal.
Sin embargo, llama la atención la falta de controles institucionales en las precampañas que han iniciado un año antes de las elecciones constitucionales quienes aspiran a ser los coordinadores estatales de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía. Los partidos de la oposición lo han señalado, ya que ven complicidad de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que no emiten controles contra estas prácticas, que lesionan severamente la equidad en la competencia.
En su propaganda, el oficialismo pone énfasis en el aumento del salario mínimo, la expansión de programas sociales, la reducción de ciertos indicadores de pobreza monetaria y una relativa estabilidad de variables macroeconómicas que está en entredicho cuando las expectativas de crecimiento económico están previstas para este año en un 0,1%. A esto último hay que añadir el creciente endeudamiento y cómo terminarán las negociaciones del T-MEC en curso y desafíos importantes como son la elevada violencia criminal, las desapariciones forzadas, los índices de impunidad, la politización de las fiscalías y la capacidad de chantaje del crimen organizado en varias regiones del país.
¿Son sostenibles los avances sociales?
Más allá de los éxitos o fracasos de los gobiernos de la llamada 4T, hay un debate más académico sobre si los logros sociales pueden mantenerse sin crecimiento económico y erosionando lo que resta de las instituciones democráticas.
Así, quienes apoyan el proyecto sostienen que el Estado recuperó capacidad para gobernar y redujo el poder de las élites tradicionales, lo que significó una legitimidad que proviene del respaldo popular. En cambio, para los críticos, el debilitamiento de los contrapesos puede tener efectos duraderos independientemente del partido que gobierne, ya que la concentración de poder está prevista ya en la Constitución y puede facilitar abusos futuros y una penetración criminal que limite la efectividad del Estado mexicano y eleve, aún más, la presión de la administración de Trump.
Visto en clave de ciencia política, si se evalúa exclusivamente la capacidad de construir una nueva mayoría para un cambio de régimen, el proyecto ha sido exitoso, sea por medios electorales convencionales o por transacciones poco decorosas de miembros de la oposición política. Sin embargo, visto en clave de calidad de democracia liberal, se trata de erosión de la independencia judicial, de los controles institucionales, del pluralismo y del Estado de derecho.
En definitiva, un balance equilibrado muestra una combinación de transformación política con avances sociales y, al mismo tiempo, tensiones institucionales que alimentan el debate sobre una posible autocratización en curso por el debilitamiento de los contrapesos, la independencia de las instituciones y la capacidad del Estado para mejorar la economía y enfrentar la corrupción y los ejércitos del crimen organizado.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
