El regreso de la agenda de privatizaciones en Brasil

América Latina es hoy escenario de disputas entre grandes empresas por el control del agua. Conocida como el «continente del agua», la región está sometida a presiones para privatizar las fuentes de agua y los servicios de saneamiento que son resistidas en Bolivia, Argentina, México y, más recientemente, Chile y Brasil.

El 30 de abril, la mayor empresa pública del estado de Río de Janeiro, la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (CEDAE), vio subastados sus servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a grandes empresas financieras. Y por si fuera poco, el proceso está lleno de incoherencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales.

¿Qué implica la privatización de la CEDAE?

La venta es, de hecho, es una contrapartida exigida por el gobierno federal dentro del plan de recuperación fiscal del estado de Río, firmado en 2017. Según el modelo de concesión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los concesionarios se encargarían de la distribución, la recogida y el tratamiento del agua. Por otro lado, los costosos servicios de recogida y tratamiento de agua seguirían en manos de la CEDAE.

Las concesionarias ganadoras (AEGEA e IGUÁ) mantendrían, en principio, la actual tarifa cobrada por los servicios de agua y alcantarillado y pagarían a la CEDAE el importe de 1,70 reales por metro cúbico de agua. Este valor es extremadamente bajo y no cubre la parte de inversión para la mejora y ampliación del suministro de agua.

Así, las concesionarias se garantizarían una subvención, ya que las inversiones en la producción de agua se quedarían en el sector público, cargando a la CEDAE, que hasta ahora ha sido una empresa excedentaria.

El mantenimiento del valor actual de la tarifa no está en absoluto asegurado. El contrato de concesión enumera los «riesgos» que pueden llevar al «reequilibrio económico y financiero del contrato», incluida la «alteración del valor de las tarifas». Riesgos relacionados, por ejemplo, con la «disponibilidad hídrica en el sistema», que es muy probable que se produzca, entre otros factores, por la propia debilidad financiera de la CEDAE, que seguirá produciendo agua.

Irónicamente, los concesionarios podrán responsabilizar a la CEDAE, cuya capacidad operativa se verá profundamente afectada por la privatización, de un eventual aumento de las tarifas.

AEGEA, ganadora de la subasta de los bloques que incluye las zonas sur, norte y centro de Río y municipios del interior y de la región de la baixada fluminense, es la concesionaria con la tarifa más alta de Brasil. Controla PROLAGOS, responsable del saneamiento de los municipios de la región de los lagos en Río, en 2019 cobró una tarifa de más del doble de lo que cobra la CEDAE.

El contrato también prevé la universalización de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado para 2033. Tal objetivo sería cómico si no fuera trágicamente falso. Sobre el enorme déficit de saneamiento en las favelas y zonas periféricas, no hay garantías reales de inversión en el contrato.

De hecho, existe una diferenciación entre «zonas irregulares elegibles y no elegibles» en términos de inversiones, pero los criterios de elegibilidad no se explicitan, dejándolo a la discreción de los concesionarios y del gestor público de turno.

¿A quién le interesa la privatización?

Toda esta situación se ve reforzada por el hecho de que los propietarios de las concesionarias vencedoras son instituciones financieras, centradas en la remuneración de sus accionistas. En el caso de los controladores de AEGEA, no sólo destaca Grua Investimentos, sino también el Fondo Soberano de Singapur (GIC) y el Banco Itaú.

¿Qué pretende ganar el Banco Itaú, que batió otro récord de rentabilidad en el primer trimestre de 2021, con el servicio de saneamiento, donde el déficit de este servicio es enorme? Como respuesta, además de la mencionada, agregaríamos el préstamo anunciado por el BNDES de R$ 17 mil millones para financiar la oferta de las concesionarias de R$ 22,7 mil millones.

En el caso de IGUÁ, ganadora del bloque que reúne Barra da Tijuca, Jacarepaguá y Cidade de Deus más los municipios de Miguel Pereira y Paty do Alferes, sus controladores son fondos de pensiones de trabajadores públicos canadienses: el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Alberta Investment. Así es, las pensiones de los trabajadores públicos canadienses se financian con la explotación de un servicio esencial para la población de Río de Janeiro.

Más que a la privatización, nos enfrentamos a la depredación. La depredación no sólo se produce dentro de las formalidades del derecho contractual. Recientemente se han denunciado indicios de fraude en la subasta de la CEDAE.

Los supuestos licitadores de la subasta, AEGEA e IGUÁ, compartían posiciones en un tercer consorcio, REDENTOR, que también participó en la subasta sin pujar por ningún bloque, lo que levanta sospechas sobre un proceso amañado. Esta sospecha llevó a los sindicatos de la CEDAE a presentar denuncias ante la Fiscalía y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

El BNDES, responsable del diseño de la concesión, tiene una participación del 11% en la IGUÁ, en un claro conflicto de intereses. ITAÚ, por su parte, adquirió el 10% de AEGEA sólo tres días antes de la subasta, el mismo día en que el juez del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux decidió suspender preventivamente cualquier decisión judicial que impidiera la subasta.

Las disputas legales persisten. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del gobierno de Jair Bolsonaro, determinó que la subasta se llevara a cabo, a pesar de que la Asamblea Legislativa del Estado había decidido el día anterior suspenderla. Los sindicatos también presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Trabajo, cuestionando la ausencia de un plan que evalúe el impacto de la concesión en los contratos laborales, ya que se prevé el despido de más de 4.000 trabajadores.

Bajo el liderazgo de la Internacional de Servicios Públicos, organizaciones sociales y sindicales de Brasil y Canadá se han movilizado contra la privatización. El mayor sindicato de trabajadores públicos de Canadá, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), ha rechazado públicamente la presencia de los fondos de pensiones canadienses en la privatización de la CEDAE. El 11 de junio, 200 organizaciones brasileñas y canadienses enviaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a los dirigentes de los fondos de pensiones del CPPIB y de Alberta, una carta en la que presentaban las irregularidades y pedían que la IGUÁ no firmara el contrato de concesión.

Sin duda, los contratos no deberían firmarse hasta que se aborden y aclaren adecuadamente las deficiencias y sospechas que marcan la privatización de la CEDAE. De hecho, el impulso privatizador del actual gobierno, que ahora apunta a la empresa Eletrobras y a la empresa de Correos, deberá seguir el mismo patrón, buscando atraer a instituciones financieras interesadas en especular con los fondos públicos y los derechos de la población.

_{Foto de Lu_Brito}