Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, la política estadounidense hacia la isla ha estado vinculada al propósito de promover transformaciones en su sistema político, económico y social. A lo largo de más de seis décadas, las sanciones han constituido uno de los principales instrumentos de presión para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, las medidas adoptadas desde 2025 muestran un cambio significativo: el sistema energético ocupa ahora un lugar central en la estrategia de presión, con consecuencias que trascienden el ámbito económico y adquieren una dimensión humanitaria.
Este cambio permite comprender la situación actual como un proceso de “aislamiento energético”: la exclusión progresiva de Cuba de las redes internacionales de suministro de combustibles, financiamiento, transporte y cooperación tecnológica necesarias para sostener su infraestructura energética. Más allá de sus efectos sobre el gobierno cubano, esta estrategia plantea interrogantes sobre las consecuencias de las sanciones para la población y sobre las posibilidades de construir una transición energética en condiciones de restricciones internacionales.
Durante la primera administración de Donald Trump (2017–2021), las sanciones se concentraron principalmente en restringir las fuentes de financiamiento y los ingresos de Cuba, así como en obstaculizar el suministro de petróleo procedente de Venezuela mediante medidas dirigidas a empresas, buques y operadores vinculados con ese comercio. Aunque estas acciones afectaron al sector energético, su alcance se concentraba fundamentalmente en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba.
Desde 2025, la estrategia adquiere una dimensión más amplia. Las medidas buscan elevar los costos y riesgos para los actores internacionales que participan en las cadenas de suministro energético cubanas, incluidos Estados, empresas petroleras, bancos, aseguradoras y compañías navieras. De acuerdo con las disposiciones ejecutivas estadounidenses de enero y mayo de 2026, esta estrategia incorpora mecanismos para ejercer presión sobre terceros países y actores extranjeros relacionados con Cuba.
La diferencia fundamental radica en que la presión ya no se limita a restringir determinadas transacciones comerciales. También busca disuadir a quienes podrían facilitar el suministro de combustibles, financiar operaciones o proporcionar servicios logísticos. Ante el riesgo de sanciones, numerosas empresas pueden optar por evitar cualquier relación con Cuba, incluso cuando ciertas operaciones pudieran ser legalmente viables. Este fenómeno, conocido como overcompliance, amplía los efectos de las restricciones más allá de sus destinatarios directos.
Cabe señalar, que el aislamiento energético no genera por sí solo todas las vulnerabilidades cubanas ya que la isla por décadas ha mantenido una dependencia de combustibles importados, la infraestructura eléctrica se ha visto envejecida y existen limitaciones financieras preexistentes. Han sido las restricciones simultáneas en el suministro, el financiamiento y la logística internacional lo que ha reducido las posibilidades de responder a estas dificultades y han agravado las consecuencias.
La importancia de la energía va mucho más allá de la generación eléctrica o de su contribución a la actividad económica. El acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna constituye uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 7) y es una condición necesaria para garantizar otros derechos fundamentales. Sin electricidad los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus servicios, conservar medicamentos y utilizar equipos médicos. También se comprometen el bombeo y la distribución de agua potable, la refrigeración de alimentos, las telecomunicaciones, el transporte y las actividades educativas.
Por tanto, cuando un sistema energético pierde capacidad de funcionamiento, sus efectos se extienden al conjunto de la sociedad. Y aunque esta situación no equivale a la destrucción física de instalaciones mediante ataques militares, sus consecuencias pueden afectar igualmente las condiciones materiales necesarias para proteger la vida y el bienestar de la población. Por ello, es necesario considerar sus efectos sobre las condiciones cotidianas de vida y la capacidad de garantizar servicios básicos
En este contexto, la crisis cubana plantea una contradicción importante. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados mediante la incorporación de energías renovables podría fortalecer la seguridad energética y disminuir la exposición a interrupciones del suministro internacional. Sin embargo, avanzar hacia esa transformación requiere recursos financieros, infraestructura, tecnología y cooperación internacional.
Las energías renovables no se incorporan únicamente mediante decisiones políticas o gracias a la disponibilidad de recursos naturales. Su desarrollo exige inversiones de largo plazo, equipos, redes eléctricas, sistemas de almacenamiento y capacidades técnicas para integrar nuevas fuentes de generación. La modernización del sistema energético cubano depende de condiciones económicas e institucionales que las sanciones, sin duda, pueden entorpecer.
Adicionalmente, Cuba enfrenta restricciones para acceder a determinadas instituciones financieras multilaterales, mientras que el riesgo asociado a las sanciones puede desalentar la participación de bancos, aseguradoras e inversionistas privados, reduciendo el financiamiento para la transformación de su infraestructura. Es decir, el endurecimiento de las sanciones debe comprenderse dentro de una estrategia política de larga duración. Aunque el objetivo general de promover cambios en Cuba permanece, los instrumentos utilizados han evolucionado.
Al mismo tiempo, la política hacia Cuba forma parte de las disputas geopolíticas y de la política interna estadounidense. Las posiciones de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y la importancia electoral de la comunidad cubanoamericana en Florida contribuyen a situar la relación con la isla dentro de debates políticos más amplios. Esta dimensión permite observar que las decisiones sobre energía y sanciones no responden exclusivamente a consideraciones económicas, sino también a intereses estratégicos y políticos.
Las consecuencias de esta estrategia no se limitan a los actores directamente señalados por las sanciones. Cuando las restricciones dificultan el abastecimiento energético, la población queda expuesta a interrupciones de servicios esenciales, independientemente de su posición frente al gobierno cubano. De esta forma, el caso cubano muestra que la transición energética no depende exclusivamente de la disponibilidad de tecnologías renovables ni de la voluntad de reducir las emisiones. También está condicionada por la arquitectura financiera internacional y por las relaciones geopolíticas que determinan quién puede acceder a capital, tecnología y redes de suministro.
En última instancia, el aislamiento energético plantea una pregunta que trasciende el caso cubano: ¿es posible construir una transición energética justa y soberana cuando las relaciones internacionales restringen las capacidades financieras y tecnológicas necesarias para llevarla a cabo? Responderla requiere reconocer que la energía no es solo un recurso económico o un instrumento de poder geopolítico. Es también, una condición indispensable para sostener la vida, garantizar derechos y ampliar las posibilidades de desarrollo de una sociedad.
Autor
Doctora en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de Hamburgo (HIAS) y CALAS, Alemania.
