Las detenciones masivas que siguieron a las protestas prodemocráticas del 11 de julio de 2021 llevaron el encarcelamiento político a miles de hogares cubanos, convirtiendo lo que podría parecer una cuestión ideológica en una realidad profundamente humana. Un estudio de CubaData y la Universidad de San Martín de Porres realizado en 2024-2025 con 1.685 cubanos reveló que el 65% expresaba empatía hacia los presos políticos, lo que sugiere que los esfuerzos sostenidos del régimen por aislarlos socialmente, tachándolos de “mercenarios” o “enemigos”, podrían estar perdiendo eficacia. Sin embargo, la represión de julio de 2021 fue solo el último capítulo de una historia mucho más larga. Se estima que, en los últimos 67 años, más de medio millón de cubanos han sido encarcelados por motivos políticos, mientras que el sistema penitenciario del país ha pasado de contar con unas diez grandes prisiones en 1958 a disponer hoy de al menos 350 prisiones y centros de detención. A lo largo de estas décadas, los presos políticos han denunciado palizas, asesinatos, largos periodos de aislamiento, hambre, denegación de atención médica y otros abusos documentados por organizaciones de derechos humanos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el régimen cubano ha negado sistemáticamente la existencia de presos políticos. El 1 de febrero de 1977, el entonces vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez declaró a la BBC que Cuba no tenía presos políticos, puesto que los “contrarrevolucionarios” encarcelados no podían considerarse presos políticos. Desde la represión masiva que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021, esta práctica histórica se ha hecho especialmente visible. Los funcionarios cubanos han insistido reiteradamente en que el país no tiene presos políticos y en que los detenidos no son sometidos a torturas ni malos tratos. Los grupos afines al régimen en el extranjero han reproducido este relato, presentando a los presos como delincuentes, mercenarios o contrarrevolucionarios.
El encarcelamiento político y el hecho de negarlo no son exclusivos de Cuba. La junta militar argentina negó las acusaciones de tortura y afirmó desconocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Tras las controvertidas elecciones venezolanas de 2024, el fiscal general Tarek William Saab negó que los detenidos después de los comicios fueran presos políticos y los presentó como terroristas y delincuentes. Rusia e Irán también han presentado a los presos políticos como delincuentes, extremistas o “presos de seguridad”.
Estos ejemplos reflejan una lógica autoritaria más amplia. En El poder de los sin poder, el disidente checoslovaco Václav Havel sostuvo que la falsedad era un elemento integral del sistema comunista del bloque soviético. La ideología creó un “mundo de apariencias” en el que la represión se convertía en legalidad y los gobiernos afirmaban respetar los derechos humanos mientras perseguían a sus adversarios. Como el sistema estaba “cautivo de sus propias mentiras”, escribió Havel, debía falsear continuamente la realidad.
El “mundo de apariencias” analizado por Havel encontró una expresión reveladora en las propias palabras de Raúl Castro en 1989. Ante un público militar en pleno desarrollo del caso contra el general Arnaldo Ochoa, Castro afirmó que, independientemente de lo que les hubiera dicho, lo que finalmente importaba era lo que aparecía en Granma, el periódico oficial del Partido Comunista: “Lo que aparece en el periódico es el concepto oficial”.
Esta brecha entre la realidad y la verdad oficial resulta especialmente evidente en el trato que Cuba dispensa a los presos políticos. Al criminalizar el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, el régimen puede presentar a los presos políticos como delincuentes comunes y citar sus condenas como prueba de ello. La negación cumple así objetivos políticos concretos: proteger la legitimidad, ocultar la resistencia, limitar los costos internacionales y blanquear la represión.
Proteger la legitimidad
El Gobierno revolucionario construyó parte de su legitimidad condenando las torturas, los asesinatos y la represión política de la dictadura de Fulgencio Batista. Reconocer el encarcelamiento político y los abusos pondría de manifiesto la contradicción entre la represión que la revolución condenó en su día y las prácticas del Estado que creó. También dañaría la imagen humanitaria que Cuba ha cultivado en el ámbito internacional.
Ocultar la resistencia
Los presos políticos revelan dos cosas que un Gobierno autoritario preferiría ocultar: su disposición a recurrir a la represión y la voluntad de los ciudadanos de resistir. Los plantados cubanos —presos políticos que se mantuvieron firmes— encarnaron esa resistencia al negarse a aceptar la rehabilitación política y la sumisión ideológica, pese a que ello les acarreara castigos más severos. Décadas después, presos de conciencia como Félix y Saylí Navarro han resistido las presiones para aceptar el exilio como precio por su libertad. La represión nunca ha conseguido extinguir por completo la resistencia.
Limitar los costos internacionales
El reconocimiento de la existencia de presos políticos puede dar lugar a condenas, investigaciones, presiones diplomáticas y sanciones. Desde julio de 2021, en medio de la movilización sostenida de las familias de los presos políticos y de los activistas por los derechos humanos, el Parlamento Europeo ha aprobado al menos seis resoluciones sobre los presos políticos y la represión en Cuba. En junio de 2026, condenó las torturas y otros abusos y pidió sanciones contra los funcionarios implicados en la represión. El Senado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han examinado casos individuales, lo que demuestra los límites de la negación ante el creciente escrutinio internacional.
Blanquear la represión
Cuando la represión está tan ampliamente documentada que ya no es posible negarla, controlar la forma en que se percibe puede resultar igual de importante. El blanqueamiento no siempre requiere inventar hechos: una verdad cuidadosamente administrada puede producir un efecto similar.
El abogado chino especializado en derechos humanos Xie Yanyi pasó unos 18 meses detenido, durante los cuales denunció palizas, hambre, aislamiento y otros abusos. Tras su liberación en 2017, las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia en un hotel, donde recibió abundante comida y recuperó bastante peso antes de regresar a casa. La mejora de las condiciones fue real, pero también podía atenuar los signos visibles de lo que había sufrido cuando volvió a aparecer en público.
El artista cubano y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara presenta un paralelismo llamativo. Tras pasar buena parte de su encarcelamiento inicial en régimen de aislamiento, posteriormente se le permitió crear obras de arte y recibir visitas familiares. Hacia el final de sus cuatro años de encarcelamiento arbitrario, las autoridades lo trasladaron durante once días a una casa en la playa antes de su salida al exilio.
En ambos casos, las condiciones excepcionales de la etapa final podían influir en la percepción pública y desviar la atención de los abusos anteriores. La responsabilidad no recae en los presos, cuyos testimonios pueden ser completamente veraces, sino en los sistemas que controlan las condiciones de encarcelamiento y lo que ve el mundo exterior.
Conclusión
Durante casi siete décadas, la negación del encarcelamiento político en Cuba ha contribuido a proteger la imagen cuidadosamente cultivada por el régimen de una revolución comprometida con los pobres y los oprimidos. Pero la negación va más allá de proteger una imagen. Hace invisibles a las víctimas de la represión política al despojar su encarcelamiento de su significado político. Al presentar a los presos políticos como delincuentes comunes, el régimen oculta su sufrimiento, su resistencia y la represión que los llevó a prisión. Un Gobierno que se niega a reconocer la naturaleza política de su encarcelamiento difícilmente puede afrontar, y mucho menos poner fin, a las prácticas represivas que lo sustentan. Sin embargo, la memoria histórica no se construye únicamente a partir de los principios que proclaman los gobiernos, sino también de cómo tratan a sus ciudadanos, especialmente a quienes disienten. Las cárceles políticas de Cuba dejan, por tanto, una pregunta que la negación oficial no puede borrar: ¿cómo debería juzgar la historia a un sistema responsable de casi siete décadas de represión política?
Autor
Investigador y director de Espacios Democráticos, una ONG dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Cuba. Máster en historia latinoamericana de la Universidad de Toronto.
