El mensaje de los socios de la presidenta en la coalición de gobierno es claro: la gobernabilidad pasa por la estabilización de una coalición que incluya a los socios políticos y que limite el nepotismo y la toma de decisiones unilaterales.

A dos años y medio de asumir las nuevas autoridades carcelarias, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y en diferentes partes del país colectivos señalan que el Gobierno no ha hecho nada para cambiar la situación.

Más allá del éxito o no del gobierno en esta iniciativa, lo grave es que la administración del presidente López Obrador está apelando nuevamente, —esta vez con la excusa de la eficiencia y de la seguridad nacional— a las Fuerzas Armadas para enfrentar los problemas de gobernabilidad.

La pandemia de Covid-19 no ha desincentivado el cruce de migrantes. La reducción de detenidos en el 2020 se debe más al relativo “relajamiento” de las autoridades migratorias, que a la reducción del paso de migrantes.

Los homicidios, que en el gobierno de Calderón escalaron de forma dramática y que tras una moderación en los primeros años de Peña Nieto volvieron a aumentar a partir del año 2016, llegaron en 2019, en la administración de AMLO, a un máximo histórico donde se han mantenido.

A pesar de que México cuenta con la generación de profesionales más preparada de la historia, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la sociedad mexicana confían en sus capacidades. En su lugar, el gobierno ha recurrido a las Fuerzas Armadas para desarrollar un sin número de funciones.