El silencio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, frente a las investigaciones preliminares sobre las masacres ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las cuales miembros de la policía nacional dispararon abiertamente contra manifestantes y dejaron un saldo de 77 víctimas, pone de manifiesto el constante aislamiento de las instituciones estatales frente a las demandas de la ciudadanía. Esto parece ser una suerte de pacto entre quienes ostentan el poder en el Estado con el objetivo de evitar a toda costa cualquier alteración en sus posiciones de poder.

En ese aislamiento también se encuentra una gran parte del poder judicial, ya que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, evita responder a cuestionamientos. Además, se ha señalado que no cumplió con los requisitos académicos necesarios para haber alcanzado tan alto cargo. También existe una preocupación respecto a su abierta intención de intervenir en el descabezamiento de investigaciones que benefician a una red criminal que operaba dentro del poder judicial.

Frente a estas últimas maniobras, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo autónomo encargado de garantizar la independencia e idoneidad de las personas que operan en el sistema de justicia y en las autoridades electorales, inició una investigación. Esto provocó una contraofensiva contra este organismo que se ha convertido en una estrategia de intimidación. En este contexto, el Congreso de la República se unió a la Fiscalía al ordenar una investigación sumaria contra los miembros de la JNJ, aunque no existían fundamentos jurídicos objetivos ni una causa disciplinaria prevista en el ordenamiento para llevar a cabo tal acción.

En un intento por promover la sensatez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó la necesidad de respetar las garantías del debido proceso y el principio de legalidad. Advierten que, de lo contrario, se afectaría sustancialmente las actividades de la JNJ, lo que a su vez contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.

El aislamiento institucional también ha sido un objetivo del Congreso. Ante las constantes amenazas a la estabilidad política durante el gobierno de Pedro Castillo, la ciudadanía demandó nuevas elecciones generales. Inicialmente, esta propuesta fue aprobada en una primera votación parlamentaria, pero posteriormente una alianza explícita entre fuerzas antagónicas se formó para asegurar la continuidad en el mandato tanto de la actual presidenta como de los congresistas.

Sin embargo, como parte de una agenda que busca contrarrestar los intentos de debilitar el estado de derecho, el poder judicial levantó una medida judicial que impedía la investigación a la fiscal, lo que la ha colocado en una situación de seria vulnerabilidad.

Por otra parte, Vladimir Cerrón, el antiguo socio de Pedro Castillo y operador de una de las fuerzas parlamentarias que se fueron desintegrando en el proceso político, terminó aliándose con sus adversarios más conservadores en el Congreso peruano. Sin embargo, los acuerdos han tenido un impacto limitado en otras esferas del Estado, ya que recientemente ha sido condenado en segunda instancia por el crimen de colusión en perjuicio del Estado.

Ante este escenario, el conflicto entre ciudadanía y gobierno se encuentra latente, representando un desafío especial que las autoridades electas se han autoimpuesto debido a su impopularidad. Su objetivo es finalizar su mandato y entregar el poder de manera pacífica a través de las elecciones, que para muchos parecen ser un campo minado. La presidenta y los congresistas ensayan gestos autoritarios, improvisan y, en ocasiones, actúan con indiferencia ante las demandas de la ciudadanía, cosa que hace que el camino aún sea incierto.