Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina).
Una eventual transición democrática en Venezuela exige algo más que elecciones: requiere reconstruir las reglas, las instituciones y las garantías del sistema electoral.
A pocos días de las elecciones, Honduras encara un proceso marcado por la desconfianza ciudadana, la fragilidad institucional y las tensiones políticas y tecnológicas que amenazan la credibilidad de la jornada electoral.
Cuando el voto no tiene consecuencias no hay incentivos para la participación. Los venezolanos decidieron abstenerse en las elecciones regionales y municipales.
Aunque desde hace años distintas instituciones académicas, gubernamentales, think tanks y especialistas se han abocado a diseñar medidas para combatir la desinformación, los mecanismos para influir en las elecciones son cada vez más sofisticados.
Latinoamérica, con sistemas electorales y organizaciones administrativas muy diferentes, puede tomar algunas lecciones en materia de facilidades para la emisión del voto.
Para intentar dar legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de integrantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos afines al gobierno en calidad de “observadores”.
Aunque la oposición ha sorteado con gran flexibilidad los ataques del gobierno y se mantiene en competencia, estamos ante una elección en la que claramente se violan las más fundamentales garantías democráticas.
En Venezuela, las condiciones electorales de cara a la próxima votación son incluso peores que en 2021, y el apoyo popular a la oposición es mucho más contundente.
La observación electoral intervenida o politizada es una herramienta usada por los regímenes autocráticos para intentar comprar legitimidad y contrarrestar los efectos de las organizaciones independientes.
