Para intentar dar legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de integrantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos afines al gobierno en calidad de “observadores”.

Aunque la oposición ha sorteado con gran flexibilidad los ataques del gobierno y se mantiene en competencia, estamos ante una elección en la que claramente se violan las más fundamentales garantías democráticas.

En Venezuela, las condiciones electorales de cara a la próxima votación son incluso peores que en 2021, y el apoyo popular a la oposición es mucho más contundente.

La observación electoral intervenida o politizada es una herramienta usada por los regímenes autocráticos para intentar comprar legitimidad y contrarrestar los efectos de las organizaciones independientes.

¿Es suficiente un mes para inscribir y actualizar el registro de más de 10 millones de personas? Queda claro que la voluntad del régimen, a través del CNE como brazo ejecutor, es privar a esos 10 millones de venezolanos de votar.

El 2022 fue el sexto año consecutivo de retroceso democrático. Este persistente declive plantea interrogantes cruciales sobre la viabilidad y sostenibilidad de los valores democráticos a escala global y los desafíos que enfrenta el panorama político actual.

Si bien índices internacionales clasifica a la democracia argentina con niveles aceptables y sus elecciones nacionales son valoradas positivamente, existe todo un abanico de malas prácticas que se han naturalizado.

Mientras que en las democracias hay incertidumbre en los resultados electorales, en las autocracias los resultados se saben de antemano.

A 40 años de la recuperación democrática de Argentina, y en el marco del proceso electoral de 2023, nos preguntamos: ¿qué papel tiene la ciudadanía organizada en las elecciones?

Los crecientes flujos migratorios han obligado a repensar lo que establecen los marcos constitucionales y legales en materia de participación política.