La observación internacional de elecciones es “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”. Esta es la definición que incluye la Declaración de Principios que acordaron más de veinte organizaciones internacionales y que fue conmemorada en un acto celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 2005.

Es importante tener claros los alcances y límites de la observación electoral, ya que, desde hace unos años, esta figura se ha intentado pervertir para legitimar elecciones bajo regímenes autocráticos en países como Venezuela, Rusia o Cuba.

Elecciones en Venezuela

De hecho, el pasado jueves 11 de abril el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y tres veces diputado por el PSUV, Elvis Amoroso, anunciaba la firma de acuerdos con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (OPEIR) para observar las elecciones. Ambas organizaciones cuentan con una independencia al menos dudosa, y, en el caso de OPEIR, sin ningún tipo de experiencia en la observación de procesos electorales.

Carlos Aníbal López, representante de OPEIR, tiene claros vínculos con el Partido Justicialista (PJ) argentino. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en distintos cargos, como por ejemplo asesor en la Secretaría General de la Presidencia y secretario adscripto para Asuntos Especiales de la Presidencia de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. Por si fuera poco, es congresal del PJ y miembro pleno del Instituto Patria, usina ideológica del kirchnerismo.  

En el caso del CEELA, el esfuerzo ha sido más sofisticado, ya que está dirigido por Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Electoral de Ecuador, con lo que se buscó una fachada de perfil técnico. Fue fundado y financiado por fondos públicos venezolanos hace 20 años, lo que transgrede el principio de independencia financiera y amenaza la integridad de la organización, siendo un caso claro de conflicto de intereses. 

CEELA ha sido la organización de la que ha tirado el chavismo/madurismo para intentar legitimar los procesos electorales. Sus esfuerzos han ido tan lejos que incluso emitió un informe en el marco de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 que concluía que “el proceso electoral […] cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria”, aunque la empresa que brindó la tecnología al proceso electoral denunciara que la participación electoral se manipuló en al menos un millón de votos. Este es quizá el proceso en el que más expuesto ha quedado el CEELA en Venezuela, cosa que no le ha impedido seguir acreditándose como una organización independiente de observación electoral incluso en otros países de la región y el mundo.

De hecho, Moscoso puso a disposición su organización para “observar” las elecciones de Rusia celebradas entre el 15 y el 17 de marzo pasados. Sobre estos comicios, dijo que el CEELA pudo “establecer todas las virtudes que tiene el sistema democrático ruso”, aunque Golos, el monitor electoral independiente de Rusia, aseguró que se fraguó el fraude a mayor escala de la historia de Rusia, agregando irregularmente 22 millones de votos a Putin.

Sirva este espacio también para recordar que Grigory Melkonyants, copresidente de Golos, fue detenido arbitrariamente el 17 de agosto de 2023. El gobierno de Putin ha declarado la organización como “indeseable” y la ha catalogado de “agente extranjero”. Este es el precio que pagan los que hacen observación electoral genuina bajo regímenes autocráticos. 

Los esfuerzos de OPEIR y el CEELA para legitimar la elección y contrarrestar los informes de la sociedad civil independiente de Venezuela fueron antecedidos por los gobiernos de Xiomara Castro y Gustavo Petro, que han anunciado el envío de misiones electorales para acompañar el proceso comicial del 28 de julio. En ambos casos se trata más de un acompañamiento partidario que de un ejercicio de observación electoral, ya que los gobiernos, al tener intereses ideológicos y partidarios, están impedidos de hacer observación electoral.

En sus declaraciones del 11 de abril, Nicanor Moscoso y Carlos Aníbal López no mencionaron las inhabilitaciones ilegales contra los candidatos opositores, especialmente la que pesa sobre la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, las intervenciones judiciales a los partidos (incluso al Partido Comunista de Venezuela), las detenciones arbitrarias de los integrantes de Vente Venezuela, o las de Javier Tarazona o Rocío San Miguel. Tampoco se refirieron a los obstáculos para el registro o la actualización de los datos de más de 10 millones de venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, cuestiones básicas en cualquier ejercicio de observación electoral técnico y profesional.

Estos temas no pueden quedar fuera del análisis. De acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, “la observación internacional de elecciones examina las condiciones relacionadas con el derecho a votar y a ser elegido, que comprenden, entre otras cosas, la discriminación u otros obstáculos que ponen trabas a la participación en los procesos electorales por motivos de opinión política o de otra índole, género, raza, color, origen étnico, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, entre ellas, las discapacidades físicas”.

La observación electoral técnica, rigurosa y profesional ha permitido la mejora de numerosos procesos electorales. Cuando se ha desarrollado de manera adecuada, los informes de los observadores han presentado recomendaciones que han servido como guía a los órganos electorales, así como a los legisladores, para introducir reformas que redunden en una participación más amplia y plural, y en procesos comiciales con mayor integridad.  

Por su parte, la observación electoral intervenida o politizada es una herramienta usada por los regímenes autocráticos para intentar comprar legitimidad y contrarrestar los efectos de las organizaciones independientes que basan sus hallazgos en una metodología rigurosa, profesional y apartidaria.