El escalamiento del conflicto requiere una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades colombianas que deben garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Cuando el presidente Petro asumió el cargo en agosto de 2022, Colombia, aunque imperfecta, era reconocida y elogiada internacionalmente por sus esfuerzos para acoger a los venezolanos. Ahora ocurre lo contrario.
El impacto de un gobierno no se mide únicamente por su desempeño institucional, sino por su capacidad de transformar los hábitos mentales de políticos, funcionarios y ciudadanos.
En un contexto marcado por tensiones persistentes, nuevos focos de conflicto y el uso creciente de tecnologías como drones, el país enfrenta una paradoja: una aparente estabilidad que no es más que una frágil "paz armada".
El cese de operaciones de USAID en Colombia advierte una verdad incómoda: la cooperación internacional podrá beneficiar a las comunidades en el corto plazo, pero jamás asumirá las responsabilidades del Estado.
La colaboración hemisférica aborda desafíos comunes como la protección de la democracia, la ciberseguridad y el crimen organizado. Y en la región, Colombia y la OTAN aportan dinámicas de aprendizaje.
