La arquitectura de la seguridad en América Latina atraviesa una transformación debido a la consolidación y la proyección transnacional de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Se trata de modelos de gobernanza ilícita de alta complejidad técnica para la legitimidad institucional en territorios estratégicos.
Según el diagnóstico proporcionado por especialistas en seguridad regional (InSight Crime, 2025), dichas estructuras hoy operan mediante la captura de rutas logísticas y la explotación de vulnerabilidades en el tejido social.
Se trata de un fenómeno que tuvo su origen en el sistema penitenciario brasileño, que se convirtió en núcleo de articulación y mando operativo para estas facciones. El hacinamiento crítico, que afecta a más de 700.000 personas, ha permitido que las cárceles funcionen como incubadoras de lealtades y centros de reclutamiento estratégico (Swissinfo, 2025). Desde allí, el PCC ha perfeccionado un modelo de gestión altamente centralizado y disciplinado, con una lógica corporativa que facilita su expansión hacia sectores financieros e inmobiliarios. Por su parte, el CV ha optado por una estructura de franquicias descentralizadas que le otorga una resiliencia criminal notable en entornos urbanos fragmentados, como las favelas de Río de Janeiro (El País, 2025). Las facciones, en resumidas cuentas, han logrado adaptarse con agilidad a las presiones estatales, manteniendo su capacidad operativa incluso tras la captura de sus liderazgos visibles.
El ecosistema amazónico y la captura de corredores transnacionales
La proyección externa de las organizaciones criminales brasileñas responde a una necesidad imperativa de control sobre los corredores logísticos que conectan la producción andina con los mercados globales de consumo. Según las investigaciones sobre la dinámica del crimen organizado en la región, su presencia operativa se ha consolidado en al menos 28 países, actuando como un intermediario crítico en las cadenas de suministro de narcóticos, especialmente, por corredores estratégicos como la cuenca amazónica y el río Solimões, que funcionan como arterias fluviales para vincular la producción de Bolivia, Perú y Colombia con puertos de exportación masiva.
Por consiguiente, la diversificación de las economías ilícitas ha permitido que las facciones trasciendan el narcotráfico tradicional para incursionar en la minería ilegal de oro, el robo de carga y la extorsión sistemática. Las estimaciones indican que estas actividades mueven aproximadamente 273.000 millones de dólares anuales en la región, lo que proporciona a los colectivos delictivos un poder financiero que facilita la infiltración en los niveles locales de gobierno.
Al mismo tiempo, la sofisticación tecnológica de estas organizaciones, que incluye el uso de drones para la vigilancia perimetral y la fabricación de armamento mediante impresión 3D, evidencia una transición hacia modelos de innovación criminal igualmente desafiantes.
Hacia una reingeniería de la política de Estado y el fortalecimiento institucional
La necesidad de adoptar políticas de Estado que prioricen la inteligencia financiera y el fortalecimiento de la justicia sobre el uso exclusivo y reactivo de la fuerza letal es evidente. La experiencia histórica demuestra que las intervenciones militares aisladas suelen generar efectos colaterales que fortalecen a las milicias locales o reconfiguran el mapa criminal sin debilitar sus bases estructurales. Por lo tanto, una estrategia de contención efectiva debe fundamentarse en la recuperación del control territorial mediante la presencia integral de las instituciones públicas.
Pero la seguridad no es exclusivamente un problema operacional. La hoja de ruta debe estructurarse sobre pilares que aborden la raíz del problema: el sistema penitenciario, la trazabilidad de los capitales y la cooperación multilateral.
El primer eje de acción requiere una reforma profunda de los centros de reclusión para desarticular los mandos intramuros. El Estado debe recuperar la autoridad en los recintos penitenciarios, profesionalizando los cuerpos de custodia y bloqueando de manera efectiva la comunicación de los líderes con sus redes externas.
En segundo término, el fortalecimiento de la inteligencia financiera es vital para asfixiar la capacidad de operación de las facciones. La resiliencia del PCC y el CV depende directamente de su flujo de caja; por consiguiente, la detección del lavado de activos en el sector formal y en las nuevas plataformas tecnológicas es una prioridad existencial. El tercer pilar exige la consolidación de una gobernanza fronteriza compartida en la Amazonía que trascienda los acuerdos diplomáticos tradicionales y establezca protocolos de patrullaje conjunto en tiempo real. Solo mediante un control territorial efectivo y una presencia estatal que garantice servicios básicos a las poblaciones vulnerables será posible reducir el espacio de maniobra de la gobernanza criminal.
En última instancia, la seguridad debe ser entendida como una condición necesaria para la vigencia plena de la dignidad humana y el desarrollo social. La expansión del Comando Vermelho y del Primeiro Comando da Capital representa un síntoma de fallas institucionales acumuladas que solo podrán resolverse mediante un compromiso firme con la transparencia y el fortalecimiento democrático. La meta estratégica hacia el inicio de la próxima década debe ser la restitución del Estado de Derecho en cada territorio bajo influencia delictiva, asegurando que la soberanía nacional no sea reemplazada por el poder de facto de las multinacionales del crimen. La contención del fenómeno analizado requiere una visión de Estado resiliente, coherente y, sobre todo, fundamentada en la cooperación regional para enfrentar una amenaza que ignora las fronteras nacionales.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
