La disputa que actualmente enfrenta a Ecuador y Colombia, que se está contando como una guerra comercial, es en realidad un síntoma de algo más delicado: podría marcar el inicio del colapso de la cooperación práctica necesaria para gobernar una frontera y una economía regional que ya no se mueve solo por límites geográficos, sino por redes criminales transnacionales.
Cuando estos dos vecinos reemplazan la coordinación técnica por el castigo económico, el problema deja de ser bilateral y se convierte en un multiplicador de costos para toda la región andina. Ecuador justificó el cargo de seguridad del 30% sobre bienes colombianos alegando falta de cooperación contra el narcotráfico, mientras que Colombia respondió aplicando un 30% sobre más de veinte productos ecuatorianos y suspendiendo la venta de electricidad. El déficit comercial de Ecuador con Colombia es de centenares de millones, por lo que no estamos hablando de un intercambio marginal, sino de uno a gran escala que involucra medicamentos, insumos industriales, agroquímicos y bienes de consumo.
Pero el argumento de fondo de Ecuador no es el déficit, sino la seguridad, y aquí surge la pregunta que debería guiar cualquier editorial: ¿la frontera es el problema o es un espejo de un problema mayor? Antes, por la frontera se cruzaba droga, y hoy también. Sin embargo, sería un error creer que el narcotráfico contemporáneo depende principalmente del cruce terrestre. El negocio ya no está ligado a una línea fronteriza como único corredor, sino que está conectado a una cadena multinodo que incluye puertos, contenedores, rutas marítimas, lavado de activos, corrupción y control penitenciario.
Ecuador registró 9.216 asesinatos en 2025 con un aumento del 30% en un solo año, según datos del Ministerio del Interior. Esto es indicador de un Estado presionado por guerras entre bandas y reacomodos criminales. Por lo tanto, para entender por qué la violencia se disparó en Ecuador, a pesar de que el país no es un gran cultivador de coca, hay que analizar su rol como país de tránsito. Fuentes oficiales señalaron que, en 2024, se incautaron 278 toneladas de droga (un 28% más que en 2023), lo que evidencia la magnitud del corredor ecuatoriano en el mapa regional.
El Ministerio de Defensa informó que, al 30 de octubre del 2025, se habían incautado 135 toneladas en operaciones marítimas lo que confirma que el corredor de droga ya no se limita al paso fronterizo. Por lo tanto, cuando el conflicto bilateral se presenta como culpa de la frontera, se está simplificando una red que opera en múltiples capas. La oferta también presiona desde el lado colombiano; por ejemplo, en 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de coca (un 10% más que en 2022) y una producción potencial de 53% más que el año anterior. Este incremento eleva la competencia por rutas y la necesidad de salida hacia mercados externos. En otras palabras, aunque se cierre un tramo, el negocio busca otro. Y cuando suben los costos del comercio legal por aranceles, fricciones o controles improvisados, también aumenta el incentivo para el contrabando y la captura de rentas ilegales.
La idea de que todo se debe a los sembríos también es incompleta. El cultivo es el origen, pero el problema está en la cadena. Ecuador no necesita sembrar masivamente para convertirse en nodo, pues le basta con ser una plataforma logística y financiera. En este contexto, la frontera funciona como zona de acoplamiento de combustible, armas, personas, minería ilegal, impuestos ilegales de bandas y drogas. La frontera importa, pero por sí sola no explica el derrumbe del orden que vive Ecuador. Por eso, el gobierno de Noboa declaró conflicto armado interno en enero de 2024 y designó 22 bandas como terroristas, en un intento de justificar la participación militar en la seguridad interna, que hasta el momento es escasa.
En ese marco, vale la pena plantear otra pregunta: ¿están las FARC más divididas? La respuesta es sí, y esa fragmentación también tiene importancia para Ecuador. Un informe del gobierno australiano señala que, tras la disolución de las FARC, surgieron más de 30 grupos disidentes con facciones y alianzas cambiantes, con una fuerza colectiva de entre 4.000 y 8.000 miembros.
La fragmentación por sí sola no exporta violencia de forma automática, pero sí multiplica el número de actores que compiten por rutas, cobran por protección y buscan socios logísticos. Y cuando el lado ecuatoriano cuenta con bandas locales fuertes y un sistema carcelario penetrado, la conexión se vuelve funcional.
Aquí es donde el enfoque de represalia económica se vuelve estratégicamente torpe. Si el objetivo es mejorar la seguridad, los aranceles no decomisan cocaína ni desmantelan redes. Si el objetivo es presionar por cooperación, romper canales de coordinación encarece y ralentiza el trabajo conjunto. Y si el objetivo es político, el costo puede superar al beneficio: los consumidores pagan más, las empresas reconfiguran sus cadenas y los territorios fronterizos como San Lorenzo y el norte de Esmeraldas quedan aún más expuestos a economías ilegales que se alimentan de la fricción estatal.
Los datos de homicidios muestran una presión interna severa, las cifras de incautación evidencian que el país está en la ruta mayor, especialmente la marítima, y la fragmentación de actores armados y criminales al norte incrementa la complejidad. En ese contexto, convertir la disputa con Colombia en una guerra arancelaria es como intentar apagar un incendio con gasolina fiscal: puede generar un aplauso inmediato, pero también abre espacios a los verdaderos beneficiarios de la fricción —contrabando, corrupción y redes criminales — y, además, encarece el comercio formal que sostiene empleos y abastecimiento legal.
La salida es diseñar una cooperación verificable, con metas y cifras concretas, no con comunicados. Si Ecuador acusa falta de cooperación, que ponga sobre la mesa indicadores claros de lo que exige: cuántas operaciones conjuntas espera, cuántos objetivos de alto valor, cuántos controles coordinados, cuánta trazabilidad portuaria compartida, cuánta información judicial intercambiada. Y si Colombia responde, que esas cifras se transformen en protocolos sostenibles, no en munición política. Porque la pregunta de fondo no es si antes pasaba droga por la frontera —una discusión vieja y estéril —, sino si los Estados andinos van a pelearse entre ellos mientras las economías ilegales, que son globales, se coordinan mejor que nunca.
La integración no se prueba en los años tranquilos; se prueba cuando el crimen empuja, la violencia sube y la política busca atajos.
Autor
PhD en Automática y Robótica. Ha desarrollado investigaciones en diversas universidades ubicadas en Francia, España y Ecuador, en temas de energía, tecnología y desarrollo. Su línea de trabajo se enfoca en economía social, transformación industrial y evolución educativa.
