Colombia ha sido un país azotado por el conflicto interno desde su independencia. La ausencia del Estado en las regiones más apartadas, sumada a la desigualdad estructural, ha permitido que grupos armados ocupen los espacios abandonados por el poder central, dejando a la población civil atrapada en medio de intereses contrapuestos. La precariedad en la satisfacción de necesidades básicas se ha convertido en la norma, lo que refleja la debilidad de un Estado que no logra garantizar condiciones de vida dignas a sus habitantes.
Ante la ineficacia de los gobiernos para abordar estas problemáticas, la cooperación internacional ha surgido como un instrumento clave para mitigar el sufrimiento humano y suplir la ausencia estatal. Organizaciones multilaterales, ONG y gobiernos extranjeros han implementado proyectos que van desde la recuperación de suelos erosionados hasta el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz. Estos esfuerzos han evidenciado la importancia del apoyo internacional en la resolución de los desafíos sociales de Colombia.
Conscientes de esta realidad, los sucesivos gobiernos colombianos han recurrido a la ayuda externa para reducir brechas sociales, especialmente aquella proveniente de su principal socio comercial: Estados Unidos. Desde la creación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en 1961, Bogotá y Washington han estrechado lazos mediante proyectos conjuntos destinados a disminuir las desigualdades en un país golpeado por el conflicto armado. USAID ha financiado programas de empoderamiento económico, gobernabilidad regional, agricultura sostenible e impacto medioambiental, desempeñando una actuación esencial en regiones donde el Estado tiene poca o nula presencia.
Abandonados a su suerte
Tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, manifestando la ambivalencia entre los objetivos de los programas de USAID y los intereses nacionales de los EE.UU., surge la incógnita sobre el futuro que le espera a las comunidades beneficiadas de los proyectos desarrollados en Colombia. Durante el periodo 2018-2024 el país recibió alrededor de 1.200 millones de dólares, destinados a financiar proyectos enfocados en la asistencia humanitaria, convirtiendo al territorio nacional en el principal receptor de la ayuda externa en América Latina y el Caribe.
Actualmente, Colombia vive una profunda crisis de orden público, especialmente en las zonas de frontera. El recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados, quienes se disputan el control de las rentas criminales y el poder absoluto en zonas estratégicas para el desarrollo de las actividades delictivas, ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas que buscan salvaguardar su integridad en medio del abandono estatal. Ante tal situación, el flujo de recursos financieros y de personal altamente calificado provenientes de la agencia estadounidense permitían mitigar los efectos de una crisis que el Estado colombiano se ha visto incapaz de abordar.
Casos como el de Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica, donde se han desarrollado programas conducentes a la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son una muestra fehaciente de la importancia de contar con un aliado estratégico en zonas de conflicto. No obstante, la salida de USAID del país y la eventual desintegración de su estructura organizativa dejan un vacío difícil de llenar. Para las comunidades locales, la presencia de la agencia estadounidense se ha convertido en la única esperanza que les puede brindar condiciones de vida dignas.
¿Y ahora qué?
Después de la revisión exhaustiva por parte de Washington a USAID, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio a conocer la decisión adoptada por parte de la Casa Blanca, manifestando la cancelación oficial del 83% de sus contratos vigentes. Se trata de una decisión sin precedentes para una entidad que benefició durante más de siete décadas a las comunidades más vulnerables a nivel global. La falta de continuidad en las iniciativas locales podría llevar al resurgimiento de actividades ilícitas y al recrudecimiento de la violencia, y todo esto sumado a la probabilidad de que los avances sociales tiendan a desmoronarse sin la asistencia externa.
Este escenario plantea un interrogante clave: ¿hasta qué punto la cooperación internacional podría ser una solución duradera o reemplazar el papel del Estado? Esto nos lleva a pensar en la necesidad de implementar reformas estructurales para abordar los problemas internos, creando sinergias con los actores internacionales y asumiendo un rol más activo en la sostenibilidad de los proyectos. Esto permitiría que los beneficios adquiridos no desaparezcan con la partida o desintegración de los cooperantes, tal como viene sucediendo con USAID.
Ahora, el principal objetivo debería enfocarse en el diseño de políticas públicas que maximicen el impacto de los proyectos a largo plazo. De esta forma, la asistencia humanitaria podría ser vista como una acción complementaria para prevenir el sufrimiento humano y no como un sustituto de los deberes constitucionales. El cese de operaciones de USAID en Colombia advierte una verdad incómoda: la cooperación internacional podrá beneficiar a las comunidades en el corto plazo, pero jamás asumirá las responsabilidades del Estado.
Autor
Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Consultor e investigador sobre política exterior y relaciones internacionales. Miembro de la Corporación Red Colombiana de Relaciones Internacionales REDINTERCOL.
