El fujimorismo tensa una vez más la democracia

El arbitraje de los órganos nacionales —el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales— y los observadores internacionales, entre ellos la OEA, han declarado que las elecciones peruanas han sido inobjetables, limpias y transparentes. Pero el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que viene perdiendo la elección, ha desarrollado una estrategia legal bajo la tesis de que existe un fraude masivo. Es decir, no habría un fraude sistemático, sino en algunas cuantas mesas en la que la candidata no se vio beneficiada, lo cual, en el supuesto caso de ser anuladas, podría revertir los 44,240 votos que la distancian de Pedro Castillo.

Los plazos para interponer las nulidades están definidos en ley. Así, de las 943 solicitudes de impugnación 594 se encuentran pendientes de apelación. Estas fueron desestimadas en primera instancia por el órgano electoral debido a que se encontraban fuera de plazo. Pero la defensa de Fuerza Popular insiste que el plazo es una mera formalidad y lo que se debe discutir son las cuestiones de fondo.

En Perú, uno de los principios en el que se fundan los procesos electorales es que estos son preclusivos, o sea, que el acto que no se realizó dentro del tiempo previsto no podrá llevarse a cabo, y perentorios, o sea, sin prórroga. Es decir que si los actos no se sujetan a los criterios establecidos afectarían el propio calendario electoral y se abriría una brecha para que se desarrollen acciones jurídicas de forma infinita, descaracterizando el proceso electoral en prejuicio del adversario y de la propia institucionalidad democrática.

Los recursos de Keiko Fujimori

Este es el objetivo que busca la defensa de Fuerza Popular al presentar este conjunto de recursos. Uno de ello es el Habeas Data presentado para obtener el padrón electoral y crear procesos paralelos con la finalidad de probar un “fraude” de firmas falsas. Otros ejemplos son las solicitudes de nulidad de mesas con varios vicios procesales, como el no pago de las tasas oficiales, la solicitud de una pericia del sistema informático -el mismo que ya había sido validado por todos los partidos previo a las elecciones- y la presentación de supuestos peritajes con interpretaciones ajustados a sus intereses y sin criterio técnico o según lo establecido por la ley.

La iniciativa del partido derrotado es buscar dilatar el proceso electoral. De hecho, los órganos electorales consideran que anular mesas va contra el propio sentido jurídico de un estado de derecho y aplicar una decisión que vulnere los derechos como anular votos, va contra el sentido mismo de la ley.

El trasfondo de la demanda es que una de las partes busca ganar a cualquier costo en detrimento de la voluntad popular y sin pruebas, como lo exige la ley. Por lo menos hasta ahora, los órganos electorales vienen actuando de forma neutral. Casi todas las solicitudes que fueron aceptadas dentro del plazo fueron desestimadas por que no se ajustaban a la ley. Sin pruebas no existe fraude, apenas especulación.

No se cambian las reglas en medio del juego

Existe consenso en que las reglas que rigen una elección no se alteren en medio del proceso en beneficio de una de las partes. Alterarlas sería ir contra el orden constituido. Pero más allá de la estrategia legal, existe una estrategia más peligrosa que es la de buscar subvertir el orden constitucional e impedir la proclamación como Presidente de la República a Pedro Castillo, lo que implicaría un golpe de estado.

En este marco, algunos pocos medios de prensa contrarios al profesor Castillo que apoyan movilizaciones populares a favor de Keiko Fujimori, buscan presionar para que los órganos electorales transgredan sus propias resoluciones, la ley orgánica de elecciones e inclusive aquellas resoluciones que se sustentan en la jurisprudencia del tribunal Constitucional.

El primer movimiento que azuzó subvertir el orden constitucional fue el del congresista y ex almirante Jorge Montoya, de extrema derecha, quien llamó a la sedición y a que no se reconocieran los resultados electorales. Montoya fue denunciado inmediatamente por el Ministerio Público, institución que actuó de forma ponderada —dado el momento político delicado—al no pedir la prisión preventiva o encuadrarlo en la ley de delitos de terrorismo.

Sin embargo, a los pocos días, más de 300 ex oficiales de las tres armas firmaron una carta diciendo que desconocerán como presidente a Castillo. El Presidente Francisco Sagasti fue enérgico e ordenó que todos los firmantes sean investigados y procesados por el Ministerio Público.

Por otro lado, en un reciente editorial, el diario El Comercio, uno de los más influyentes de Perú y que apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, manifestó la necesidad de respetar el orden constitucional y las decisiones de los órganos electorales. Los poderes fácticos, como los militares en servicio se han manifestado contrarios a tomar partido de los eventos electorales, fundamentalmente porque no son fuerzas deliberantes. El sector empresarial también apuesta por el camino de la institucionalidad, a la vez que presiona a Castillo para que modere su programa político.

En todo caso, lo que se visualiza en el corto plazo son dos escenarios. Uno de obstrucción al gobierno de Castillo en una lógica de un juego de suma cero, donde el Legislativo no coopere y se arriesgue a ser disuelto de acuerdo a los preceptos constitucionales. En ese marco el presidente podría llamar a nuevas elecciones legislativas y con ello tendrá la oportunidad de cambiar la correlación de fuerzas.

El otro escenario es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo sean una extensión de la contienda electoral actual, en donde los opositores a Castillo busquen sabotear el país y lo empujen hacia posiciones más radicales, con la finalidad de provocar una ruptura que pueda ir en detrimento de la propia democracia.

Foto del Congreso de la República del Perú

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