En la última semana de octubre de 2023 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se apoderó del Poder Judicial por la vía policial. Se desalojó a su presidenta Alba Ramos y a la magistrada Yadira Centeno, y se apresó a otros funcionarios. Esta acción fue una más para apoderarse de instituciones clave del Estado, como sucedió con el Tribunal Electoral, el ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía y el Ministerio Público. Pero el fin de la separación de poderes y la concentración en una sola persona inició cuando en 2011 Ortega volvió a reelegirse violando la Constitución e inaugurando una nueva era autoritaria en ese país. 

A diferencia de lo que sucedió en el siglo XX, cuando las débiles democracias latinoamericanas sucumbieron ante golpes de estado de coaliciones de gobierno formados por militares y sectores reaccionarios, muchas veces apoyados por agentes externos, en el siglo XXI las democracias latinoamericanas se erosionan desde dentro. Dicha erosión es impulsada por una ciudadanía insatisfecha y por liderazgos políticos con baja lealtad democrática, pero no deriva de una confrontación ideológica, ni de la intervención de los militares como actores centrales, y no existe una clara la influencia de agentes externos. En Latinoamérica impera la máxima de “sin elecciones no hay democracia”, empero, parecen ser insuficientes, pues, según los datos del Latinobarómetro para el 2023, el apoyo a la democracia ha caído a niveles menores al 50%, un porcentaje nunca antes registrado, con mayor incidencia en 12 países como Costa Rica, México, Chile y Uruguay. Consecuentemente, la indiferencia a tener un gobierno democrático o no, ha aumentado, y en casos como México, Guatemala y República Dominicana preocupa que el apoyo al autoritarismo haya crecido significativamente.

Para evitar la continua erosión de la democracia es importante ubicar los procesos políticos que la preceden. En 2002 Andreas Schedler identificó el “menú de la manipulación electoral” en los regímenes autoritarios que usaban las elecciones para legitimarse. Las estrategias eran: a) limitar los cargos a elegir y sustraer de las elecciones los cargos neurálgicos; b) la exclusión de las elecciones de candidatos opositores potencialmente peligrosos para el régimen; c) limitar las opciones para la ciudadanía, d) la privación informal del derecho al voto; d) la coacción del voto; e) el uso abierto del fraude electoral y/o la introducción de mecanismos que sesgaran los resultados a través del desempeño de las autoridades electorales y f) la tutela de los representantes electos, es decir, reducir su poder al papel. Schedler observaba los casos en el contexto de tercera ola de la democratización. Allí los gobernantes autócratas conservaban una buena parte del control de las instituciones del Estado, y en muchos casos estas estrategias fueron superadas por las prácticas democráticas. Pocos años después, en 2010, nuevamente Schedler identificó que había regímenes autoritarios que “aceptaban” las instituciones liberal-representativas al grado que parecían democracias liberales pero que se especializaban en su manipulación: restringían y neutralizaban sus acciones, controlaban los procesos de designación, promovían su fragmentación y la descoordinación entre instituciones de control y limitaban sus redes de apoyo, así como sus recursos.

En el siglo XXI, los casos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, y en menor medida, mas no por ello menos preocupante, Bolivia y México, han abierto un nuevo menú de la manipulación electoral e institucional. Todo comienza con una marcada obsesión del presidente en turno por mantenerse en el poder, y dadas las restricciones -limitada a solo dos periodos o prohibida, según sea el caso- se ponen en marcha maniobras para modificar ilegítimamente las normas, donde se requiere la colusión de diversos actores individuales y colectivos, como el poder judicial, las autoridades electorales, y los partidos políticos mayoritarios en los congresos, y para lograrlo se degradan los poderes de control y la integridad electoral. 

Estas estrategias se presentan de manera diferente en cada caso pero se caracterizan por: a) el debilitamiento del poder judicial y de los órganos electorales, iniciando por la descalificación pública y el hostigamiento hacia sus miembros apoyados por medios pro-gubernamentales, las presiones se materializan con juicios de responsabilidad orillándolos a renunciar o destituyéndolos de manera ilegal; b) el uso ilegítimo de mayorías legislativas cuando las hay, o la presión abierta a los legisladores bajo congresos divididos, para distorsionar y/o modificar las leyes que regulan las elecciones y el funcionamiento de las instituciones de control alejándolas del espíritu que les dio origen; c) la cooptación y la captura del poder judicial y los órganos electorales, a través de modificaciones normativas alterando su funcionamiento, la afectación de sus presupuestos para reducir sus posibilidades de actuación, el aumento del número de miembros de las salas superiores, y finalmente el nombramiento de personas incondicionales con el fin de anular las decisiones que sean contrarias a los intereses del gobierno; todo sumado permite, d) la neutralización de las oposiciones, pues una vez que se logran los objetivos de eliminar los controles, se usan abiertamente para afectar a las candidaturas de la oposición en todos los niveles, para que en los resultados favorezcan por default al partido en el gobierno. En fases más intensas y avanzada, si las instituciones de control resisten los embates, se promueven profundas reformas legales para debilitarlos o desaparecerlos y sustituirlos por otros órganos con personas afines al régimen como sucedió en Venezuela y como sucede en Nicaragua. 

La novedad de ese este menú es que opera en países que se habían más o menos democratizado o que estaban en vías de hacerlo como El Salvador o Nicaragua, o que eran democracias más o menos funcionales, como el caso de Venezuela, donde las elecciones funcionaban de manera aceptable o cumplían con los estándares mínimos, existen o existían oposiciones fuertes y estructuradas dentro un sistema de partidos como en Guatemala, Bolivia y México. Las estrategias del menú son impulsadas por gobernantes emanados de elecciones libres y que ascendieron al poder con promesas de mejorar los déficits de la democracia, pero ya en el cargo se transformaron en autoritarios, y no se limitan a manipular las instituciones y las elecciones guardando las formas, sino que abiertamente usan estas vías para posicionar su influencia después de terminado su periodo como sucedió con Evo Morales o López Obrador, mantenerse en el poder como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Nayib Bukele, o mantener sus privilegios como sucede con el sistema del “Pacto de corrupción” en Guatemala. Los menús aparecen y se amplían debido a la persistente debilidad estatal, economías con resultados precarios, y mientras no se solventen, pareciera que la región está condenada a los vaivenes entre autoritarismo y democracia.