El secuestro del movimiento constituyente en Perú

Tras el fallido intento de golpe de Estado, de Pedro Castillo, y la toma de mando de la vicepresidenta, Dina Boluarte, una avalancha de conflictividad social ha asolado al país andino. ¿Qué está pasando? Para entenderlo es necesario poner la lupa sobre los personajes secundarios de esta historia y comprender los intereses detrás del movimiento constituyente.

Un movimiento constituyente son todos aquellos que aportan ideas, movilizan recursos y ejecutan acciones de forma organizada para impulsar una nueva Constitución o un nuevo pacto social. Actualmente, este impulso constituyente está poblado por un grupo de políticos sin vocación legalista. Recordemos que, al dar su fallido golpe, Castillo anunció que aparte de reformar y cerrar poderes como el Legislativo, convocaría una Constituyente. Pero para comprender esto hay que retroceder en el tiempo.

En lo político, existió, desde el principio, un grupo confrontacional y violento liderado por el ex-premier Torres, que ya señalaba, antes de asumir el cargo en junio de 2021, que “si están intentando un golpe, correrá mucha sangre, pero no lo van a lograr”. Estas no parecen declaraciones casuales. Sin embargo, a estos grupos políticos se suma el componente de grupos vinculados a la minería y a otros negocios informales que también han tenido influencia en el Gobierno. De hecho, las fuerzas que impulsan el retorno de Pedro Castillo están realizando bloqueos coordinados y simultáneos, y han tomado puntos estratégicos del país como aeropuertos, represas y plantas energéticas.

Además, algunas agrupaciones cuestionables como las de la minería informal y el narcotráfico han sido aliados del gobierno de Pedro Castillo. Esa ha sido una de las principales fuerzas de choque en este conflicto, como se ha corroborado ya de manera fehaciente. No en vano, en las diferentes marchas que alcanzaron su pico el 15 de diciembre aparecieron en todo el país camionetas de uso minero, que está vinculado al sector ilegal.

Por otra parte, siguiendo el debido proceso constitucional, el Gobierno quedó en manos de la vicepresidenta Boluarte. Los aliados de Castillo, sin embargo, la desconocen como líder y fueron los primeros en movilizar sus bases en su contra. Entre ellos se destacan agrupaciones como Voces del Pueblo, liderado por Guillermo Bermejo, y Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, quien se ha postulado numerosas veces a la Presidencia.

Ambos movimientos mostraron una abnegada insistencia en buscar la liberación de Castillo y su reposición con elecciones generales inmediatas, el cierre del Congreso de forma ilegal y, por supuesto, han insistido en la creación de una nueva Constitución. Todo esto, como parte de un conflicto que ya ha causado varias muertes.

Estos movimientos, sumados a quienes apoyan legítimamente al expresidente y se sienten representados por él, están generando la percepción de una supuesta ilegitimidad de Boluarte. Recordemos que uno de los relatos principales del gobierno de Castillo fue impulsar la idea de que el país vivía en un conflicto antagonista entre las provincias y la capital, y atacó permanentemente a la prensa nacional acusándola de no dejarlo gobernar por su origen provinciano.

Este es el relato que manejan los aliados del expresidente para instrumentalizar el conflicto e insistir en la convocatoria de una nueva constituyente. Y es que es innegable que Perú se dirige hacia la creación una Asamblea Constituyente, que llegará tarde o temprano. La pregunta es: ¿quiénes liderarán dicha institución?

Por otro lado, los partidos de derecha y de centro del Congreso, que no han sabido articular un discurso consistente, aunado con una prensa nacional que tiene una visión centralista del país, no han logrado impulsar un consenso para votar en el Congreso el adelanto de elecciones. Solo eso podrá apaciguar temporalmente el conflicto. Y ahí se abre una controversia: ¿convocar elecciones lo antes posible y poner en riesgo su debido proceso, o convocarlas luego de hacer reformas claves? Difícil decisión para una entidad que cuenta con una aprobación menor que la del propio expresidente.

Teniendo en cuenta el grave contexto social y el número de víctimas mortales, es innegable que las fuerzas políticas que integran el Congreso, y que no han votado por el adelanto de elecciones, tienen poco interés en solucionar el conflicto. Por si fuera poco, una coalición de partidos y movimientos de izquierda está condicionando el adelanto de elecciones al pedido de una Asamblea Constituyente. La situación es de una extrema inestabilidad, y ante esta situación, el nuevo Ejecutivo debería haber articulado mejor el despliegue militar para evitar el caos y las pérdidas humanas.

El conflicto generalizado por el dominio de la Asamblea Constituyente y su agenda es el contexto con respecto a un 2023, en el cual, en teoría, se desarrollarán las próximas elecciones. La insistencia y falta de interés por el orden constitucional hace pensar que Perú seguirá sufriendo ataques antidemocráticos.

Una Asamblea Constituyente debería ser considerada como una oportunidad para un nuevo pacto social, más que un mecanismo de cooptación del poder. Pero ante este contexto, no sorprendería que la violencia rebrote ante el proceso electoral de 2023 impulsado por quienes pretenden controlar las condiciones sobre las cuales se convoque dicha Asamblea.