En Perú la OEA quedó atrás

Luego de “29 reuniones sostenidas con distintas instancias gubernamentales, públicas, privadas y de la sociedad civil” en dos días de paso por Lima, la misión de la OEA, conformada por ocho cancilleres o vicecancilleres de la región, ha emitido un informe sobre la situación peruana que, sobre todo debido a sus omisiones, resulta complaciente con el gobierno de Pedro Castillo. Al final, plantea unas cuantas recomendaciones innocuas que dejan al país en las mismas; esto es, en la situación más crítica de las últimas décadas.

El denominado Grupo de Alto Nivel visitó el país a fines de noviembre, luego de que en octubre el gobierno peruano invocara la Carta Democrática Interamericana en razón de lo que ha venido denunciando como un golpe de estado en marcha. El Consejo Permanente de la OEA acogió el pedido, se solidarizó con el gobierno y posteriormente conformó la misión que luego de visitar el país debía preparar un informe a ser presentado ante el propio Consejo.

El informe de situación destaca siete factores. Algunos son circunstanciales —inestabilidad, alta polarización, confrontación entre poderes, uso excesivo de herramientas de control político—, otros son, digamos, estructurales —el papel de los medios de comunicación, los rasgos de crisis social, el racismo y la discriminación—, que el texto interpola de modo que inclina la balanza a favor de las posiciones gubernamentales. Ejemplo: Castillo es rechazado por actores políticos debido a que es cholo, no porque sea inepto y corrupto, hay que colegir.

No aparece la corrupción

El informe destaca que “Todos los actores entrevistados resaltaron la alta inestabilidad existente” en el país. Al examinar el origen de esta situación, se apunta a “la combinación de diversos factores entre los que se señalaron, la alta fragmentación de las fuerzas políticas; los constantes cambios en la formación de gabinetes; el cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos; la obstaculización del ejercicio del poder; contrapuestos pedidos de recortes de mandato y adelanto de elecciones; los pedidos de vacancia presidencial (tres presentados a la fecha), el uso de la figura de la cuestión de confianza; la disolución del Congreso de la República; las investigaciones abiertas contra el Presidente y otros integrantes del Poder Ejecutivo, y la ausencia de diálogo entre los principales actores políticos.”

El párrafo entero merece ser citado, más que por lo que señala —sin duda, factores existentes—, debido a lo que calla. En el centro de ese silencio está el rasgo que, acumulando denuncias que se han vuelto cotidianas en el país, caracteriza la gestión gubernamental: la corrupción.

Al omitirse ese elemento, que se suma a la inoperancia del aparato estatal en razón de la falta de idoneidad de los principales cargos del Poder Ejecutivo, se pone en relieve el entorpecimiento de la acción gubernamental realizado por la oposición política, que el texto detalla: “el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, denuncias constitucionales, mociones de interpelación, votos de censura, antejuicio político”. En efecto, la labor de la oposición, desde que Castillo se instaló en el gobierno en julio de 2021, se ha dirigido a socavar su gestión. Pero destacar este factor en discreto tono de reprobación y omitir una referencia al cariz condenable de la acción de gobierno ocasiona un desbalance en el informe.

La evaluación de la acción de gobierno aparece reflejada en los sondeos de opinión. En el más reciente efectuado por IPSOS, la encuestadora más acreditada del país, la falta de confianza en el presidente Castillo alcanza a 68% de los encuestados, al tiempo que 69% considera que Castillo gobierna para sus intereses y los de sus allegados, 67% piensa que no dice la verdad y 65% cree que está involucrado en actos de corrupción.

El contexto, de un gobierno sin rumbo y repetidamente señalado por actos de corrupción, no aparece en el informe del Grupo de Alto Nivel, que al escribir esta nota se encontraba destinado a ser aprobado por el Consejo Permanente. Esta instancia política de una OEA desacreditada por los sesgos de su actuación —especialmente desde que Luis Almagro está a cargo de la Secretaría General—, seguramente se limite a conceder al gobierno peruano aquello que buscaba al invocar la Carta Democrática Interamericana: un respaldo que le dé oxígeno en la lucha política interna.

El informe queda atrás

Ese oxígeno no parece haber llegado. En el país, la recepción del informe del Grupo de Alto Nivel ha sido de rechazo por la opinión informada. De una parte, se ha señalado su desbalance y la inclusión de problemas estructurales —como el racismo y la discriminación— para explicar forzadamente una crisis de situación. De otra parte, la acogida que el texto ha dado a las críticas del gobierno a los medios de comunicación —a los que, “concentrados en pocas manos”, acusa de carecer de objetividad, no ser veraces “y que en algunos casos hasta son desestabilizadores”, al tiempo que invoca “a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores”— ha motivado una reacción airada en editoriales y columnas de opinión.

En definitiva, poca importancia tienen las recomendaciones del informe de la OEA, en especial su llamado a encauzar el diálogo “que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos, y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. A tal efecto, el texto sugiere “iniciar una tregua política en tanto se conforma y convoca al diálogo”. Esto último, según han apuntado algunos analistas, es una necesidad urgente del gobierno, en un momento en el que Castillo enfrenta en el Congreso la posibilidad de ser vacado o suspendido del cargo, a más de las siete investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

Con la ineficaz gestión de la misión de la OEA, el país continúa profundizando una crisis que, de ser política, se ha contagiado a la economía debido a la falta de crecimiento de la inversión y un posible decrecimiento de la producción minera, asediada por conflictos sociales que no encuentran en el Estado una instancia eficiente de resolución. En la encuesta de IPSOS, casi tres cuartas partes de quienes respondieron (73%) estima que la economía está peor que hace 12 meses y 69% considera que la gestión gubernamental afecta negativamente la economía y el empleo.

En la escena política el zafarrancho continúa. La vicepresidenta Dina Boluarte se ha distanciado del presidente, a la espera de que Castillo sea relevado del cargo y ella pueda sustituirlo. El ministro de Defensa ha renunciado al cargo luego de apenas dos meses de asumirlo, en medio de rumores sobre la posibilidad de un golpe de estado dirigido a cerrar el Congreso. Es un cuadro crecientemente enrarecido respecto del cual ya se ha formulado alguna advertencia de que podría dar paso a un estallido de violencia. Es una situación en la que el informe de la OEA se olvidará pronto, sin pena ni gloria.


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