Las elecciones presidenciales en Ecuador han dado visibilidad a la participación de los pueblos indígenas en la política institucional. Yaku Pérez, el candidato del partido Pachakutik, instrumento político de la Confederación de Nacionalidades Índigenas del Ecuador (CONAIE) se quedó a las puertas de participar en el ballotage. Probablemente desde el primer triunfo de Evo Morales en Bolivia en el año 2006 no se veía en Latinoamérica una posibilidad tan próxima de acceso al poder de un líder de organizaciones indígenas.
En el caso de Chile, la posibilidad de que un líder indígena llegue al poder queda todavía muy lejos de la realidad. El país andino, que desde las protestas callejeras iniciadas en octubre de 2019 parece haber perdido su orgullosa estampa de epítome de calidad democrática, siempre ha mantenido una relación problemática con las comunidades indígenas. Pese a que el último censo señala que más de dos millones de ciudadanos se autoidentifican como miembros de alguna de los diez pueblos indígenas existentes, el país no reconoce constitucionalmente la existencia de estas comunidades.
La falta de reconocimiento a los pueblos indígenas
El conflicto del estado con el pueblo mapuche es el más mediático y lamentablemente violento. Sin embargo, el resto de los pueblos ven también sus territorios amenazados por proyectos extractivos, derechos colectivos mancillados, idiomas en paulatina desaparición y cultura y conocimientos folkloriozados o invisibilizados. Todo ello es una fuente de tensiones y conflictos de distinta magnitud a lo largo del país
En cuanto a la presencia institucional, la situación no es mucho mejor. Las comunidades indígenas han sido y son actores secundarios con presencia marginal en las instituciones del estado. Tanto en el caso de los cargos electos como en los de designación su presencia es mínima, accediendo en contadas ocasiones al poder local.
En este contexto, el debate sobre la reforma de la Carta Magna abría una ventana de oportunidad para introducir la posibilidad de escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Sin embargo, es imposible obviar que la decisión sobre estos cupos se llevó a cabo con posterioridad al plebiscito y fue un verdadero vía crucis.
El cupo indígena en el nuevo proyecto constitucional
A mediados de diciembre de 2020, el Congreso chileno aprobó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Pese a constituir todo un hito, su adopción se vio opacada por una discusión parlamentaria de un nivel deficiente, sobre todo por parte del oficialismo. A ello debe sumarse la tardanza en la aprobación, que los cupos fueron restados a los 155 aprobados en el plebiscito, la exclusión de los afrodescendientes o el hecho de no atender la demanda de autoidentificación solicitado por los pueblos indígenas. Esto último obliga a estas comunidades a realizar un trámite de inscripción y ratificación étnica en plena pandemia que el resto de la población no requiere.
La ley aprobada por la asamblea estipula 17 escaños reservados para representantes de las comunidades originarias en la Convención Constitucional: siete para el pueblo mapuche, dos para el aymara y uno para cada uno de los pueblos restantes. Estos serán electos, a diferencia del resto de los constituyentes, en un distrito único a nivel nacional y habrá una papeleta por pueblo. Cada una de estas contará con los candidatos de dicho pueblo, incluyendo una alternativa del sexo opuesto. Esta condición se aplicará en la elección de constituyentes indígenas con el objetivo de cumplir con el principio de paridad.
El futuro de la representación indígena
Los chilenos votaron la reforma constitucional sabiendo que para la Convención se establecerían cuotas de paridad y se reconocería la participación de candidatos independientes, pero sin tener constancia de que se incluirían cupos indígenas. Esto no fue debido a un desliz o error, sino que es un ejemplo más de que los pueblos originarios son actores secundarios en la política chilena.
No formaron parte de la construcción del Estado nación ni fueron incluidos en el proyecto de país, liderado por una elite que los veía como bárbaros reñidos con el desarrollo y la modernidad. Hoy, dos siglos después, los herederos de aquella élite aún se reflejan en aquella modernidad construida sobre la idea de morenidad, tal como señala el premio nacional de literatura Elicura Chihualaf. No es descabellado afirmar que si no fuera por la continua actuación política de estas comunidades, su inclusión en esta nueva coyuntura constitucional tampoco habría sido posible.
Con base a lo expuesto, pueden barajarse un escenario en el que la convención constituyente se convierta en un escenario de disputa eficiente para el movimiento indígena. No únicamente dando visibilidad a este colectivo, sino agregando demandas históricas como el reconocimiento de tierra y territorio, autonomía, autodeterminación o incluso adoptando la idea de plurinacionalidad, emergente con fuerza en los últimos años.
La presencia de representación indígena es sin duda un avance. Sin embargo, la composición y especialmente los quórums requeridos para los acuerdos dificultan mucho la consecución de estas demandas y es probable que los escaños reservados únicamente constituyan un tardío reconocimiento constitucional y, tal vez, algún otro logro menor. Es decir, nada que cuestione o amenace la raíz del modelo extractivista o que agencie derechos colectivos a los pueblos indígenas.
El proceso en sí no parecen ser un augurio prospero para las discusiones que acaecerán en la constituyente. No obstante, algo que sí es posible afirmar es que las organizaciones y movimientos indígenas del país continuarán luchando por la concreción de sus derechos desde distintos ámbitos, dentro o fuera de las instituciones.
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Foto de Diputadas y Diputados em Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Cientista político. Profesor externo en la Universidad de Girona (España). Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Univ. de Salamanca. Especializado en movimientos sociales y pueblos y movimientos indígenas de América Latina.
