La profundización de la crisis política en varios países de la región en los últimos meses ha dejado en evidencia la intrínseca relación que existe entre estabilidad política y corrupción. Una asociación inquebrantable en la que ambas condiciones se deslizan de la mano en un movimiento perfectamente coordinado, y en la que la sola presencia de una evidencia la existencia de la otra. Una relación de siglos profundamente arraigada en América Latina.
La corrupción, de las condiciones, la más constante, puede manifestarse de diferentes maneras. Desde la timidez, limitándose básicamente a los sistemas burocráticos, hasta el atrevimiento, infiltrando y apoderándose de los sistemas políticos. Pero en sus manifestaciones más extremas, esta puede llegar a afectar a los países de forma generalizada hasta alcanzar lo que se conoce como corrupción sistémica. En este último caso, “la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica”, afirmó el artículo Corrupción en América Latina: un balance, publicado en el blog Diálogo a fondo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta relación intrínseca entre estabilidad política y corrupción, muchas veces imperceptible, ha quedado en evidencia en nuestra región en los últimos tiempos. De acuerdo con el informe Índice de percepción de la corrupción 2018, de Transparencia Internacional, que clasifica y ordena a 180 países según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, entre los más rezagados, los que apenas alcanzan los 25 puntos en una escala del 1 al 100, se encuentran tres países de la región: Venezuela, Haití y Nicaragua, los países latinoamericanos políticamente más inestables de los últimos tiempos.
Venezuela, que ocupa el último lugar del ranking, vive desde hace cinco años una crisis política, económica y social que se ha ido radicalizando y que recientemente ha desembocado en el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional del autoproclamado presidente Juan Guaidó para alcanzar una transición política que ponga fin al régimen de Nicolás Maduro. Haití, por su parte, sufre una profunda crisis generalizada que en el último mes sumió al país en el caos. A la debacle económica, que se profundizó a lo largo del 2018 debido a la depreciación de la moneda y a la crisis de electricidad por la escasez de gasolina, se sumó un escándalo de corrupción asociado a la malversación de dos mil millones de dólares provenientes del programa Petrocaribe, que salpica no solo al actual presidente, sino también a los seis gobiernos que se sucedieron desde el año 2008. Y en Nicaragua, el tercer país más corrupto de la región, el régimen de Daniel Ortega y la oposición están intentando nuevamente llegar a un acuerdo que ponga fin a la grave crisis política y económica que atraviesa el país desde hace un año cuando estallaron las protestas contra el Gobierno que causaron más de 300 muertos.
La percepción de corrupción en países como Chile, Costa Rica y Uruguay es similar a la de economías avanzadas, lo cual se traduce en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno»
A pesar de que los índices de percepción de la corrupción en la región siguen en niveles críticos, “los promedios regionales ocultan un amplio grado de variación entre los países”, afirmó el informe del FMI. La percepción de corrupción en países como Chile, Costa Rica y Uruguay es similar a la de economías avanzadas, lo cual se traduce en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno. En Uruguay, el país más transparente de la región, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar a su cargo en el año 2017 tras una enorme presión política, mediática y social, debido a una controversia en torno a la situación financiera de la empresa petrolera estatal que había dirigido previamente, a una licenciatura no comprobada y al mal uso de tarjetas corporativas durante sus años a cargo del ente, por lo cual más tarde fue procesado.
En medio de estos extremos se encuentra la mayoría de las naciones latinoamericanas. Gobiernos que se caracterizan por contar con leyes deficientes, falta de transparencia fiscal, marcos contractuales de contratación e inversión pública inapropiados y mala gestión de las empresas estatales. Básicamente, contextos ideales para la incubación de casos masivos de corrupción como el de Petrobras u Odebrecht con ramificaciones por toda la región.
El destape de estos escándalos, que demuestran en cierta medida los avances registrados en la región, no solo nos vuelven a exhibir el saqueo de los bienes comunes por parte de los sectores más poderosos de la sociedad, sino que también alteran la frágil estabilidad política de muchos países. Y de esta manera, nuevas manifestaciones, enfrentamientos, represión y asesinatos vuelven a evidenciar la intrínseca relación que existe entre estabilidad política y corrupción.
Autor
Periodista, Máster en Periodismo de la Universidad de Barcelona y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid.
