Justicia climática en América Latina

En noviembre, hace apenas cinco meses, los huracanes Eta e Iota devastaron zonas de Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice dejando más de 200 muertos y más de medio millón de desplazados. Estos huracanes, así como las inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar o la acidificación del océano, provocados por el cambio climático, no afectan a los territorios por igual. Pese a tratarse de una problemática global, los efectos del cambio climático se hacen especialmente patentes en países en vías de desarrollo. Muchos no cuentan con infraestructuras suficientes, mecanismos de control o capacidad de regeneración tras un desastre ambiental. Además, por sus características geográficas, la mayoría de los países en desarrollo con problemas climáticos están en zonas tropicales con mayor exposición a fenómenos extremos como huracanes o ciclones.

Para tratar de hacer frente a los efectos del cambio climático, en las últimas décadas la cuestión ambiental ha entrado en la agenda de gobiernos y organizaciones internacionales, con una presencia activa de la sociedad civil. Una de ellas son las semanas del clima regionales (SCR), foro donde individuos y organizaciones públicas y privadas abordan un amplio abanico de cuestiones climáticas. Los impulsores de este proyecto, además de gobiernos, son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Grupo del Banco Mundial.

Respuestas regionales a problemas globales

La principal particularidad de estas cumbres es que afrontan las cuestiones climáticas y ambientales desde una perspectiva regional. Es decir, se pone el foco en las condiciones concretas de cada área geográfica, tanto desde el punto de vista de los efectos del cambio climático como de los recursos para hacerle frente. Las regiones participantes son América Latina y el Caribe, África, Asia y Pacífico, y Medio Oriente y Norte de África-Emiratos Árabes Unidos.

Tras la postergación de las reuniones planificadas para 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria, la agenda se retomó los días 3 y 4 de marzo, con mesas regionales virtuales para marcar las directrices de 2021. La próxima cita para América Latina serán las sesiones temáticas virtuales programadas para mayo donde participarán actores de la sociedad civil que discutirán sobre la aplicación, la gestión de riesgos climáticos y el aprovechamiento de oportunidades para implementar la agenda climática. Por último, a finales de agosto serán las sesiones ministeriales, que incluirán interacciones con la sociedad civil.

En esta ocasión, con República Dominicana como anfitrión, la principal reivindicación gira en torno a la justicia ambiental. Pese a que América Latina y el Caribe es la región que menos emisiones produce a nivel global, es una de las más afectadas el cambio climático. De los diez países más afectados por cuestiones ambientales, cinco son latinoamericanos: Haití, Puerto Rico, Dominica, Honduras y Nicaragua. Por ello, es urgente establecer mecanismos para equilibrar la balanza y que puedan ser recompensados por los efectos sobre su territorio derivados de la emisión de terceros países.

Desequilibrios en los efectos del cambio climático

Pese a que la región sufre las consecuencias ambientales, ningún país latinoamericano se encuentra entre los diez principales emisores de dióxido de carbono. Con el Acuerdo de París se acordó crear un mercado mundial de emisiones y el financiamiento climático, pero a día de hoy este mecanismo no ha acabado de ser implementado de manera eficaz.

La necesidad de corregir este desajuste es urgente. Los efectos del cambio climático se multiplican en América Latina, acentuando la pobreza y extrema pobreza, y afectando nuevas dimensiones. Se espera que en los próximos años disminuya la producción y calidad de los alimentos, consecuencia de las altas temperaturas, precipitaciones irregulares y fertilización por aumento del dióxido de carbono. También se restringirá la disponibilidad de recursos hídricos, sobre todo en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento de glaciares como los de la Cordillera de los Andes. El aumento de las temperaturas y la deforestación en selvas, como el Amazonas, incrementará el riesgo de mega incendios.

La estrategia regional debe abarcar, al menos, tres aspectos. Primero, evidenciar y reivindicar que los efectos del cambio climático afectarán con más virulencia a los países y comunidades más vulnerables de América Latina. Segundo, tomar en cuenta que gran parte de sus efectos trascienden las fronteras nacionales. Y tercero, orientar las respuestas con base a un principio de equidad que trate de paliar las desigualdades tanto con relación al grado de afectación como a la capacidad de respuesta.

La agenda ambiental en Latinoamérica

La firma del acuerdo de Escazú supuso un paso decisivo en la política medioambiental latinoamericana. El tratado, acordado por veinticuatro países de América Latina y el Caribe, fue resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 y la Decisión de Santiago de 2014. Tras cuatro años de negociaciones, el acuerdo regional se firmó el 4 de marzo de 2018.

Entre sus propósitos, recoge la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en el ámbito medioambiental. Es un instrumento para, entre otras cosas, articular el crecimiento económico y gestionar el medio ambiente bajo la premisa de la cooperación.

Sin embargo, esta agenda y mecanismos regionales serán insuficientes si no logran insertarse dentro del contexto global. La fractura norte/sur está presente en la disponibilidad de recursos naturales y medios ambientales, el cambio climático y el desarrollo sustentable. La naturaleza mundial del cambio climático requiere del mayor grado posible de cooperación entre países, estimulando la participación de cada estado para generar una respuesta internacional efectiva, que tome en cuenta las responsabilidades comunes,  las diferencias en las capacidades de respuesta y las desiguales condiciones sociales y económicas.

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