Los resultados de la jornada electoral del pasado 5 de febrero en Ecuador generaron un sismo político que altera los equilibrios de poder y reconfiguran los escenarios para la segunda mitad del periodo del presidente Guillermo Lasso. Dos grandes agendas de política entraron en juego en esta consulta: por un lado, las elecciones de autoridades seccionales, alcaldes y prefectos provinciales, así como de miembros del Consejo de Participación Ciudadana; por otro lado, las ocho preguntas de la consulta o referéndum sobre temas de seguridad, institucionalidad y protección ambiental. Dos líneas, que, combinadas, iban a producir más de una confusión no solo por la complejidad técnico-jurídica de las preguntas, sino por la posible utilización o instrumentalización política que podrían sufrir al estar insertas en un proceso electoral en el cual las fuerzas se presentaban fragmentadas y con tendencia a la polarización.
Toda consulta popular tiene un componente plebiscitario sobre la gestión de quien gobierna, en particular cuando este es quien la convoca. Incluir la consulta sobre temas enormemente delicados para la ciudadanía de la que se esperaba su fácil aprobación, hacía pensar que el objetivo escondido del Gobierno era su propia legitimación. Los temas guardaban enorme relevancia y para muchos sectores abrían la posibilidad de discutir aspectos necesarios de reforma política. El desafío radicaba entonces en impedir que la línea plebiscitaria sobre la gestión de gobierno ubicara en segundo plano el debate sobre las preguntas de la consulta, pero la vorágine y el vértigo de las elecciones se encargaría de fagocitarlas.
En las ocho preguntas de la consulta, los resultados son negativos para el Gobierno, si bien el margen de diferencia no es sustancialmente alto. En la pregunta uno, referida a la extradición en casos de delitos trasnacionales, el “no” es mayor, pero con un escaso margen del 2%. Las preguntas 5 y 6 apuntaban a que la Asamblea recuperara las capacidades de designación de los órganos de control, así como la reducción del tamaño de la misma Asamblea y la regularización de las organizaciones políticas locales. Aquí, el margen de diferencia no supera en promedio los 10 puntos.
Lo mismo pasó con el resultado electoral. El triunfo de la oposición es generalizado y amplio en todo el país. El movimiento correísta ganó las prefecturas en las cuatro provincias más pobladas (Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay), al igual que las alcaldías de Quito y Guayaquil. La participación del partido de gobierno fue completamente marginal, lo que confirmó la falta de sustento organizacional del régimen. Es probable, además, y tal vez por esta misma razón, que el Gobierno haya puesto todas sus energías en la consulta, pero descuidando la presencia de su soporte político.
El resultado, sin embargo, sigue siendo sorpresivo. Distintos estudios de opinión registraban pocos días antes del evento electoral una alta aprobación de los temas de la consulta. Parecía ser que la coyuntura mostraba el crecimiento de un debate genuino entre las distintas opciones planteadas, pero la tendencia a la polarización, propia del enfrentamiento electoral, tendía a superponerse sobre la dinámica deliberativa. La inevitable contaminación entre el objeto de la consulta y la tentación, tanto por parte del régimen de utilizarla para relegitimarse como de la oposición para lograr el debilitamiento del Gobierno, terminaron por quitar cualquier sentido a la propuesta de reforma institucional.
El triunfalismo no es buen consejero: genera la impresión de que el poder no tiene límites. Ni bien se completó el cómputo electoral, el expresidente Rafael Correa propuso la posible destitución del presidente Lasso antes de que termine su mandato, un planteamiento que tiene eco en las posturas maximalistas de la Revolución Ciudadana que están instaladas en la Asamblea Nacional, las cuales podrían poner en marcha el expediente del juicio político y la destitución del presidente. Por su parte, el Gobierno, conducido a un virtual callejón sin salida, podría optar por el expediente de la muerte cruzada, que consiste en la destitución de la Asamblea y en la convocatoria en un plazo de seis meses a elecciones anticipadas de presidente y asambleístas.
El panorama no está muy claro aún. Por un lado, queda por ver si priman los apetitos del maximalismo correísta de hacerse con el poder, sin respetar los márgenes impuestos por la Constitución o, si por el contrario, se opta por mantener la estabilidad del régimen y postular el recambio para las elecciones presidenciales del 2025. Para las autoridades electas del mismo correísmo se presenta una grave encrucijada: presentar resultados de gestión en plazos cortos para aplacar la demanda ciudadana o trabajar en función del interés y del hambre de poder de su líder carismático.
Las lecciones que deja el resultado tanto de la consulta como de las elecciones son muy significativas: la necesidad de tener muy claros los alcances y los límites de la consulta como expediente de democracia directa. Seguramente no es muy aconsejable la opción plebiscitaria para tratar temas trascendentales de rediseño institucional, que requieren de dosis menores de politización y pasión política, peor aún cuando se le hace en el contexto de un proceso electoral en el que las consideraciones y los cálculos inmediatistas de la coyuntura son dominantes.
El resultado de la consulta indica que la reforma institucional permanece vigente y es un importante leitmotiv para sectores amplios que votaron por el sí. Con seguridad, a mediano plazo, esta demanda volverá a presentarse. Lo que sí es materia de difícil pronóstico es el desenlace que tendrá la actual coyuntura: está por verificarse si el Gobierno tiene aún vigor y suficiente inteligencia política para realizar un giro de 180 grados y modificar sus líneas de política que han extremado las asimetrías sociales y económicas y, por otro lado, si el correísmo puede demostrar su comprometimiento (o no) con el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones.
En 2007, el Movimiento de la Revolución Ciudadana arrasó con toda la institucionalidad democrática en nombre de la necesidad de refundación del Estado. Ahora, con su propia Constitución vigente y casi sin modificaciones, ¿cuál sería la justificación de violar el orden que ellos mismos crearon?
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Autor
Sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
