La eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel en Ecuador es la primera decisión económica de trascendencia que asume el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de que la crisis económica que vive el país ameritaba el que esa medida y otras colaterales se tomaran hace mucho tiempo, lo cierto es que al fin está en vigencia. Sin embargo, y como toda decisión que afecta al bolsillo de la ciudadanía, genera conflictividad y así lo debió entender el Gobierno.
Desafortunadamente, da la impresión de que en Carondelet no tenían un plan de contingencia para afrontar la arremetida de diferentes sectores sociales. También da la impresión de que la noticia de la eliminación del subsidio fue conocida con muchísimo tiempo de antelación en los exteriores del palacio de Gobierno. No se entiende de otra forma que las protestas de transportistas y, posteriormente de indígenas, se hubieran hecho visibles a las pocas horas de que se hizo pública la decisión de eliminar el subsidio. Cualquier movilización de ese tipo requiere tiempo para su correcta articulación.
No se trata solo de falta de previsión para crear una estrategia de respuesta política ni tampoco de omisión en cuanto al debido control de la lealtad de quienes rodean al presidente de Ecuador. También se trata de una deficiente estrategia de exposición pública de la medida adoptada. En efecto, al sumar el asunto del subsidio al resto de las propuestas de reforma que irían a la Asamblea Nacional, la idea que hubo entre la población fue que, al igual que la eliminación del subsidio entró en vigencia inmediatamente, un curso similar asumían el resto de las medidas, como el recorte de las vacaciones en el sector público o las modificaciones del régimen laboral.
Por ello, ahora las demandas de diferentes sectores se refieren al “paquetazo” económico, cuando, en realidad, lo único que hay ahorita es la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Si la aplicación de las medidas tenían velocidades diferentes, quizás una opción también era exponerlas a la ciudadanía por cuerda separada.
El Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente»
Pero lo hecho, hecho está. Ahora el Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente hasta el punto de que dicha decisión debería ir acompañada de la renuncia del presidente Moreno.
Como nadie en Ecuador desea inestabilidad y caos, salvo los prófugos y atracadores de los recursos públicos que nos gobernaron durante diez años, es necesaria una actitud conciliadora de parte y parte. Sin embargo, esa no parece ser la lógica que ahora mismo orienta a las organizaciones indígenas. Situadas en el punto extremo de pedir el retorno del subsidio como punto de partida de cualquier acercamiento, su posición no es la de quien cede y negocia, sino la de quien, de forma intransigente, quiere para sí todo lo que está en disputa. No solo eso. Hace pocas horas han privado de la libertad a varios policías y amenazan con aplicar justicia indígena. Los indígenas han pasado de la protesta y el reclamo a conductas delictivas.
En una situación como la descrita, el Gobierno de Ecuador no solo debe buscar la mediación de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o las universidades, sino también crear una estrategia de fina política en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
En dicha operación se deberá evaluar si realmente todos los sectores que están agremiados ahí están en una posición francamente extremista, poco cívica y que compromete los intereses de todo un país o, si por el contrario, la actitud intransigente corresponde solamente a unos cuantos dirigentes con pretensiones electorales.
En vista de la evolución de la organización indígena durante los últimos años, da la impresión de que la segunda opción es la más cercana a la realidad. En todo caso, con miras a dicha operación política, al Gobierno no solo le favorece el advenimiento de un feriado nacional, sino también el respaldo de diferentes sectores sociales y, esencialmente, de las Fuerzas Armadas. De hecho, la sólida posición que han mantenido los militares en los últimos días debe ser asumida, casa adentro, como una forma de evidenciar al país de que efectivamente son demócratas y respetan el orden constituido.
En medio del conflicto y de las condenables violaciones de los derechos humanos que se han verificado, y para que el acuerdo llegue lo más pronto posible, el Gobierno tendrá que necesariamente ampliar el espectro de asuntos por negociar con las organizaciones sociales. En ese punto, seguramente muchas de las posibles reformas que iban a ser sometidas a la Asamblea Nacional quedarán truncadas o, al menos, modificadas de forma tal que resulten inviables en la práctica. Quizás también las cabezas de algunos ministros deberán rodar. Esos son los costos que tendrá que pagar el presidente Moreno, en parte, por sus desprolijidades, y, en parte, por la intransigencia de los movilizados. Peor aún, ese es el costo que tendrá que pagar el país por la década de desgobierno de las mentes lúcidas y las manos limpias. Sí, las mentes lúcidas que destruyeron la economía nacional. Sí, las manos limpias que ahora están entre barrotes o buscando el caos para evitar la posibilidad de terminar con sus huesos en el presidio.
Foto de germunchis em Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Cientista político. Decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Georg Foster Fellow en la Fundación Alexander von Humboldt. Doctor en Ciencia Política por FLACSO-Ecuador.
