La decisión del Tribunal Electoral boliviano, la semana pasada, de dar luz verde al binomio oficialista para participar en las elecciones primarias de enero y, en consecuencia, habilitar a Evo Morales para optar por una cuarta reelección continua, ha sido respondida con protestas ciudadanas en redes sociales y en las calles, que adelantan no solo una campaña electoral fogosa y agresiva, sino también mediada por la violencia, como ya se vivió en otros países de la región.
El más reciente de estos hechos sucedió el martes 11, una semana después del veredicto del órgano electoral, cuando una marcha de universitarios de Santa Cruz de la Sierra terminó con la quema de parte de las oficinas del Tribunal Electoral de esa ciudad en el oriente del país. El oficialismo condenó la violencia, y la oposición responsabilizó de este exceso a infiltrados del Gobierno.
Esta marcha estuvo precedida por un paro cívico en varias ciudades el jueves 6, cuando también hubo roces e incluso peleas en las calles, en un país donde se ha vuelto todo un desafío mantener una conversación en una mesa familiar en la que hay posiciones políticas enfrentadas.
A ello se suman las amenazas y contramenazas de procesos penales e incluso el cerco de ciudades, como advirtieron dirigentes vinculados al partido oficialista MAS contra las personas que se movilicen y opongan a esta nueva y cuarta postulación de Evo Morales, que está en el cargo desde el 22 de enero de 2006, y durante tres periodos continuos. Esto lo convierte en el presidente que más tiempo gobernó Bolivia.
Fue el propio Morales y su partido los que convocaron el 21 de febrero de 2016 a un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución, aprobada por él mismo en 2009, y que ordena solo una reelección continua y un periodo presidencial de cinco años. Lo hicieron precisamente con el fin de constitucionalizar la repostulación y abrir las puertas a un cuarto mandato para el periodo 2020-2025.
Al final, el 51,3% de los votantes, alrededor de 2,6 millones de personas, rechazó dicha modificación, y son hoy quienes, mediante el lema “Bolivia dijo no”, conforman, en parte, las plataformas ciudadanas de rechazo a la repostulación y de cumplimiento del voto del soberano.
Si el pueblo dice no, qué podemos hacer, no vamos a hacer golpe de Estado, tenemos que irnos callados”
Antes y después del referéndum, el Gobierno se comprometió a respetar los resultados, y de ello quedan registros, como las declaraciones del presidente Morales cuando afirmó en una conferencia de prensa: “Si el pueblo dice no, qué podemos hacer, no vamos a hacer golpe de Estado, tenemos que irnos callados”.
A pesar de ello, el 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional no solo autorizó una postulación de Morales, sino también la reelección consecutiva sin límites al “declarar la aplicación preferente” de los “derechos políticos” por sobre la Constitución.
Así, el fallo de este Tribunal respondió a un recurso contra la limitante que ordena la carta magna a los mandatos consecutivos que presentó el MAS, y para ello apeló a una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión oficialista de hacer que Morales siguiera en el cargo de primera autoridad del país terminó de consumarse este 4 de diciembre de 2018, cuando los vocales del Tribunal Electoral, con cuatro votos a favor y dos disidentes, lo habilitaron como candidato, junto a su actual vicepresidente, Álvaro García Linera, para las elecciones primarias de enero próximo.
La particularidad de estas elecciones primarias no es que sea la primera vez que se realizan, sino que los nueve partidos y frentes que participan, incluyendo al gobernante MAS, presentaron candidaturas únicas.
Es decir, que más allá de los resultados y del proceso, cuyo costo está calculado en cerca de cuatro millones de dólares, al no existir competencia dentro de los partidos, los candidatos habilitados serán los mismos que se presenten para las elecciones de octubre de 2019.
En esa fecha se definirá la permanencia del MAS y de Evo Morales, como uno de los soldados del llamado socialismo del siglo XXI, al que aún pertenecen países como Venezuela y Nicaragua, donde igualmente hubo acciones para eliminar los límites constitucionales a las reelecciones, que, por otro lado, también derivaron en situaciones violentas y de enfrentamiento entre ciudadanos.
Autor
Periodista. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). Recibió varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Rey de España de Periodismo.
