Durante las últimas dos décadas, digitalizar fue prácticamente sinónimo de modernizar. Había que conectar más personas, colocar computadoras en las escuelas, sustituir trámites presenciales por aplicaciones y conseguir que prácticamente cualquier actividad pudiera realizarse desde una pantalla. Mientras más espacios incorporaban tecnología, mayor parecía el progreso. Esa dirección, que durante años se dio por sentada, comienza a ser revisada en países muy distintos.
Australia estableció en diciembre de 2025 una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas redes sociales. La responsabilidad recae sobre las plataformas, que deben adoptar medidas razonables para impedir que quienes no alcancen esa edad creen o mantengan cuentas. Brasil tomó otro camino: desde marzo de 2026 está vigente el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, que regula los servicios digitales accesibles a menores y establece obligaciones para las empresas que los ofrecen. En lugar de concentrarse únicamente en cuándo puede entrar un menor, coloca parte de la responsabilidad sobre quién construye el espacio al que entra.
Suecia, después de años de incorporación de pantallas a la educación, ha recuperado espacio para los libros y otras prácticas no digitales, mientras que México restringirá desde el 3 de noviembre el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en la educación básica, con determinadas excepciones.
Los casos no responden a una política coordinada y tampoco existe consenso científico sobre la eficacia de todas estas medidas. Comparten, sin embargo, una pregunta que hace algunos años resultaba mucho menos frecuente: ya no se discute solamente dónde incorporar tecnología, sino también dónde conviene limitarla.
A esa desaceleración acompañada de nuevos controles podemos llamarla (des)revolución digital. No supone revertir la transformación tecnológica ni regresar al mundo analógico, sino dejar de incorporar tecnología por inercia y comenzar a decidir dónde, cuándo y bajo qué condiciones conviene utilizarla. Lo que está bajo revisión es una premisa que acompañó la primera etapa de la transformación digital: que incorporar más tecnología era, por definición, avanzar. Convertir ahora la restricción en una nueva receta universal cometería el mismo error en sentido contrario.
La evidencia sobre los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes muestra la complejidad del problema. Una revisión publicada este año en Frontiers in Developmental Psychology señala que las prohibiciones dirigidas a jóvenes siguen siendo una intervención no probada. Los estudios experimentales disponibles sobre restricciones de redes sociales no han estudiado precisamente a la población juvenil a la que ahora se dirigen esas políticas y sus resultados han sido inconsistentes. La selección, por tanto, no consiste simplemente en incorporar o retirar tecnología, sino en decidir dónde, cómo y para quién resulta útil.
Durante la primera revolución digital, la adaptación recaía principalmente sobre nosotros. Aprendimos a utilizar computadoras, abrir cuentas, descargar aplicaciones, crear contraseñas y trasladar actividades cotidianas al mundo digital. La nueva etapa comienza a invertir parcialmente esa relación: también exigimos que la tecnología se adapte a las necesidades de las personas que la utilizan.
Durante años, modernizar un servicio significó muchas veces sustituir el mecanismo anterior por uno digital: la ventanilla por una aplicación, el menú por un código QR o la conversación con una persona por un sistema automatizado. Un estudio publicado recientemente en Psychology & Marketing propone el concepto de digital technology captivity para describir la vulnerabilidad que puede surgir cuando la tecnología digital se convierte en vía obligatoria para acceder a un servicio y las alternativas son limitadas. El Reino Unido lleva años aplicando políticas de assisted digital que contemplan atención presencial, telefónica u otras vías no digitales para quienes necesitan apoyo en el uso de servicios públicos digitalizados.
América Latina entre dos etapas
En América Latina, Brasil no constituye un caso aislado. Colombia discute proyectos que incorporan edades mínimas, verificación de edad y obligaciones de seguridad y diseño para las plataformas. México y Chile también debaten iniciativas relacionadas con el acceso de menores y las responsabilidades de las empresas digitales. No existe un modelo regional, pero la discusión ocurre mientras persiste otro desafío: ampliar el acceso a internet.
Las diferencias de conectividad, calidad del servicio, disponibilidad de dispositivos y competencias digitales continúan, especialmente entre territorios urbanos y rurales y entre distintos niveles de ingreso. En ese contexto, según el Banco Interamericano de Desarrollo, una gestión completamente digital toma en promedio unos 40 minutos frente a unas seis horas cuando se realiza presencialmente. Al mismo tiempo, los adultos mayores, habitantes rurales y personas de menores ingresos tienen menor probabilidad de utilizar los servicios públicos digitales. La misma herramienta que elimina una barrera para unos puede crearla para otros.
América Latina necesita incorporar a quienes permanecen fuera mientras comienza a establecer condiciones para quienes ya están dentro. Esa realidad obliga a mirar con cuidado las soluciones importadas. El teléfono que distrae a un estudiante durante una clase puede ser también el único dispositivo conectado disponible en su hogar; una plataforma que lo expone a determinados riesgos puede darle acceso a información y oportunidades que difícilmente encontraría en su entorno inmediato; una aplicación puede ahorrarle horas a una persona y convertirse en un obstáculo para otra.
La primera revolución digital discutía el derecho a entrar. La (des)revolución discute las condiciones para permanecer dentro y el derecho a que siga existiendo alguna puerta alternativa. La madurez digital deja así de medirse por cuánto incorporamos o eliminamos y pasa a depender de nuestra capacidad para distinguir entre usos, personas, espacios y necesidades.
Medir el progreso por la cantidad de tecnología incorporada resulta tan insuficiente como medir la educación por el número de computadoras instaladas en un aula.
Autor
Escritor y consultor en comunicación política e institucional. Analiza política, sociedad y dinámicas de movilidad en América Latina, con énfasis en sus implicaciones institucionales y en la construcción de comunidad política.
