Los gobiernos locales y nacionales de la región suelen presentar la reducción estadística de la delincuencia como una victoria absoluta frente a las dinámicas delictivas: destacan los descensos porcentuales en las tasas de homicidio, hurto o microtráfico como la prueba irrefutable de una gestión institucional efectiva. No obstante, en las comunas, barrios y zonas periféricas más afectadas por la violencia, la percepción ciudadana no suele coincidir con los optimistas números de las oficinas gubernamentales. El control social que ejercen las bandas organizadas y las dinámicas de las economías ilícitas siguen siendo alarmantemente visibles, lo que demuestra una capacidad de adaptación que desafía los reportes oficiales.
En tal contexto, el divorcio evidente entre el dato de escritorio y la realidad fáctica de la calle plantea una pregunta elemental para el diseño de las políticas públicas: ¿las instituciones estatales están midiendo lo que importa para el bienestar social, o simplemente están premiando el cumplimiento ciego de metas numéricas? Esto es resultado de un modelo de gestión que prioriza la cifra susceptible de medición sobre la gobernanza criminal, el tejido social y la gobernanza institucional a largo plazo.
El núcleo del problema: incentivos perversos y comportamiento institucional
La presión política desmedida por cumplir las metas fijadas termina transformando la medición estadística, que originalmente es un medio de diagnóstico, en un fin supremo de la actividad estatal. Bajo este imperativo burocrático, las unidades policiales y los mandos territoriales se enfrentan a un sistema de incentivos que distorsiona su actuación operativa y doctrinal.
Como señala el doctor en Derecho Gabriel Ignacio Anitua en Criminología de la gestión y la selectividad del sistema penal, entre las prácticas disfuncionales que se presentan con mayor regularidad se encuentra la priorización de capturas masivas de los eslabones más débiles del microtráfico, lo cual satura el sistema penal y eleva artificialmente las cifras de aprehensiones e incautaciones sin afectar en lo absoluto a la estructura financiera ni la resiliencia criminal del fenómeno.
Por consiguiente, el aparato estatal prefiere desplegar operaciones reactivas y altamente visibles sobre investigaciones complejas de largo aliento, debido a que los operativos mediáticos ofrecen titulares inmediatos para la opinión pública, mientras que el desmantelamiento de redes de lavado de activos requiere perfiles especializados y tiempos prolongados que no se ajustan a las urgencias del calendario electoral.
Este tipo de dinámicas se explican en sociología mediante la Ley de Goodhart y la Ley de Campbell, que advierten que un indicador cuantitativo, cuando se convierte en el objetivo de una política, pierde su valor informativo y corrompe los procesos sociales que pretende medir, lo que facilita escenarios de captura institucional por parte de lógicas puramente burocráticas.
Perspectiva doctrinal: entre el administrador de casillas y el garante social
La introducción de modelos gerenciales anglosajones en las policías latinoamericanas, inspirados en sistemas como el CompStat y sus variantes locales, trasladó las lógicas corporativas de las juntas directivas a las comisarías de policía, exigiendo metas estrictas, tableros de control y reuniones verticales de rendición de cuentas, una transición que ha generado una profunda encrucijada doctrinal sobre la naturaleza de la función de seguridad. Según el profesor de Derecho Francesc Guillén Lasierra, queda en tela juicio si el policía moderno debe actuar como un administrador encargado de llenar casillas en una tabla de Excel o como un verdadero garante del tejido social, los derechos ciudadanos y el orden público. La fe ciega en los modelos algorítmicos y el análisis predictivo del delito suele reproducir sesgos históricos y crear bucles de retroalimentación automatizados que criminalizan de forma sistemática los entornos marcados por la vulnerabilidad estructural.
El modelo de Gestión por Resultados, promovido activamente por organismos multilaterales, ha sufrido una preocupante distorsión conceptual al implementarse en el sector seguridad. En lugar de fortalecer la gobernanza, genera una presión vertical externa que altera la misionalidad de las instituciones policiales. Una investigación desarrollada al respecto evidencia que el personal uniformado advierte sobre esta dinámica, que aseguran que asfixia la prevención e incentiva la proliferación de “micro falsos resultados” burocráticos: alteraciones silenciosas que, bajo la urgencia de maquillar tableros de control, sacrifican profundamente la calidad del servicio ciudadano.
De igual forma, en el contexto norte de la región, la espectacularización de la caída de grandes liderazgos criminales, como la detención de capos de alto perfil en zonas exclusivas, suele ser presentada como un indicador de éxito absoluto para los gabinetes de seguridad con miras a la proximidad de eventos internacionales como la Copa del Mundo de 2026. No obstante, el análisis de prospectiva técnica evidencia que estas acciones provocan sucesiones violentas internas entre facciones y disputas periféricas por rutas fluviales y mercados transnacionales de sustancias sintéticas que empeoran las condiciones de seguridad en los territorios, lo que desmitifica la narrativa popular que equipara la captura individual con el desmantelamiento del crimen organizado.
Propuestas de política de Estado para una evaluación sistémica
Bajo esta premisa, resulta imperativo diseñar e implementar una hoja de ruta orientada a una reingeniería profunda del sistema de evaluación de la seguridad pública en la región. En primer lugar, es necesario redefinir los objetivos institucionales transitando de la medición de productos operativos (outputs), como el volumen bruto de capturas realizadas, hacia la evaluación de impactos reales en el bienestar ciudadano (outcomes).
A la par de esta modificación, en segundo término, se debe estructurar una medición fundamentada en la inteligencia criminal y el análisis forense de redes, diseñando indicadores de impacto sistémico que midan el debilitamiento de las finanzas del crimen organizado y la trazabilidad de sus flujos de capital, en lugar de acumular detenciones menores de actores fácilmente reemplazables en el mercado ilícito. Para lograrlo, los gobiernos nacionales deben fortalecer las capacidades técnicas de sus unidades policiales utilizando como referencia los estándares internacionales provistos por agencias globales en la materia.
En tercer lugar, la sostenibilidad de esta reforma exige la creación de mecanismos de contrapeso y gobernanza de las métricas que eviten la manipulación política de las cifras oficiales. Esto requiere el establecimiento de paneles mixtos de auditoría independiente compuestos por la academia y organizaciones de la sociedad civil, un modelo que garantice la transparencia mediante la publicación obligatoria de guías metodológicas y series de datos desagregados, emulando las buenas prácticas desarrolladas por observatorios técnicos de seguridad a nivel local (Observatorio de Bogotá).
Si la seguridad ciudadana se sigue evaluando únicamente a través de números simples y de fácil producción institucional, las políticas de Estado continuarán favoreciendo resultados cosméticos a corto plazo en detrimento de los cambios estructurales que requiere América Latina para consolidar un control civil legítimo y proteger eficazmente la dignidad humana.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
