Con 156 millones de votantes, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo por número de ciudadanos-electores (solo se encuentra por detrás de la India, Estados Unidos e Indonesia). Por ello, estas elecciones generales que se celebrarán el 2 y el 30 de octubre, y de ser necesario habrá una segunda vuelta, se erigen en un acontecimiento político de la mayor relevancia en términos nacionales, hemisféricos y globales.
Desde la perspectiva de la rendición de cuentas electoral (también llamada vertical), los ciudadanos-electores brasileños han sido convocados a las urnas para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas tanto a escala federal, provincial y municipal como distrital.
La responsabilidad de la organización de este evento democrático de escala global recae sobre el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de Brasil. Con noventa años de existencia, el TSE es la institución encargada de todas las fases del proceso electoral del país, incluso en lo concerniente al empadronamiento de los electores (censo), el estricto cumplimiento de las leyes, el registro de candidaturas, la organización de las juntas receptoras de votos, la impartición de justicia especializada y la proclamación de resultados.
Conviene destacar que el TSE goza de un enorme prestigio dentro del país y considerable reconocimiento en términos internacionales, principalmente desde la redemocratización brasileña en las décadas de 1980 y 1990.
En otras palabras, la organización, la integridad y la justicia observada en las elecciones brasileñas, sobre todo desde la transición y consolidación democrática, han sido justamente valorizadas. Ello es una constatación aún más significativa al corroborarse, durante el período, tanto una importante participación política convencional como la persistencia de una marcada competencia política (quiere decir, la lucha legítima entre partidos por el poder).
Concomitantemente, aunque sea necesario identificar insuficiencias y contradicciones en otras dimensiones de la calidad de la democracia brasileña ―especialmente en aquellas de naturaleza procesual, de contenido y hasta de resultado―, en lo tocante al desempeño institucional de la principal organización electoral del país no cabe más que destacar el incuestionable trabajo técnico e imparcial del TSE. En consecuencia, queda plenamente justificada la alta calificación alcanzada por Brasil, específicamente en lo que se refiere a la rendición de cuentas electoral, entendida como una de las dimensiones procesuales disponibles para el estudio de la calidad de la democracia.
Sin embargo, y tal vez de modo inesperado, las elecciones generales de este año, en lugar de continuar siendo motivo de satisfacción, civismo y republicanismo, corren el riesgo de transformarse en un acontecimiento dramático, polarizador, sectario y violento principalmente en la competencia por el Palacio do Planalto; quiere decir, por la presidencia de la República. Ocurre que, alegando posibles fallas de seguridad de las urnas electrónicas (un magnífico ejemplo de tecnología electoral utilizada desde la década de 1990), el principal candidato oficialista, Jair Bolsonaro, quien intenta su reelección, ha amenazado con desconocer el resultado del proceso.
Emulando ideas utilizadas por el expresidente Donald Trump, en las elecciones estadounidenses de 2020, que terminaron en la tentativa de asalto al Parlamento el 6 de enero de 2021, Bolsonaro y correligionarios no han dudado en impulsar una campaña de desinformación, abuso de poder político y económico, y amenazas a las autoridades del TSE.
El asunto es aún más preocupante debido a que algunos actores sociopolíticos importantes, incluyendo al comando de las Fuerzas Armadas, parecieran estar dispuestos a embarcarse en un temerario “seis de enero” brasileño. Esto, en un contexto en el que la mayoría de las encuestas de intención de voto desde fines de 2020 sugieren que la oposición brasileña tendría razonables posibilidades de alzarse con la victoria en las urnas, si las elecciones continuaran siendo libres, justas y republicanas.
Indudablemente, un “seis de enero” brasileño representaría una situación negativa desde cualquier punto de vista. Entre otros aspectos, significaría un claro síntoma de erosión democrática y de autocratización. También representaría un desaforado intento de bloqueo de los mecanismos de rendición de cuentas electoral (o vertical), de irrespeto a la soberanía popular y el surgimiento de un Gobierno antirrepublicano, ilegítimo y antidemocrático en uno de los países referentes de América Latina y del Sur Global.
No es de sorprender que una situación de ―eventual― desdemocratización en Brasil haya generado enorme preocupación en la clase política y en el conjunto de la sociedad, incluyendo a actores sociopolíticos, tales como el empresariado, el sindicalismo, los movimientos sociales, la sociedad civil y el mundo académico. Además, tales síntomas de erosión democrática y de cuestionamiento de la rendición de cuentas electoral también han repercutido en el escenario internacional, principalmente en otros países latinoamericanos con vínculos e intereses en el país.
Un “seis de enero” brasileño terminaría en un virtual autogolpe, en un espurio “continuismo” y en alguna forma de autoritarismo competitivo, o sea, en un cambio de régimen político y la imposición de un Gobierno iliberal o híbrido.
Dicho esto, no cabe más que continuar monitoreando muy de cerca el devenir de la campaña, la promulgación de sus resultados, el período poselectoral y la toma de posesión de las autoridades constitucionales electas. En todas esas etapas, el organismo electoral brasileño, encabezado por el ministro Alexandre de Moraes, tendrá un papel destacado. Así, y solamente así, será viable que la democracia continúe siendo el “único juego disponible” en el gigante sudamericano.
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Autor
Investigador-colaborador del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en Historia. Especializado en temas sobre calidad de la democracia, política internacional, derechos humanos, ciudadanía y violencia.
