Los niños y niñas de América Latina no pueden esperar

Hace 37 años, el Papa Juan Pablo II pronunció en Chile una frase que marcaría a generaciones: “Los pobres no pueden esperar”. Este mensaje, dirigido a una nación fracturada, resuena con fuerza en América Latina, donde millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años (NNA) continúan enfrentando una realidad marcada por la pobreza, la desigualdad y la violencia.

La región atraviesa un escenario desafiante. Aunque en los últimos años se habían registrado avances en la reducción de la pobreza extrema, la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 revirtió muchos de estos logros. En 2021 la pobreza afectó al 46,1 % de los NNA en América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024). Si bien en 2023 este porcentaje descendió al 40,6 %, sigue siendo significativamente superior al de otros grupos etarios y casi triplica la incidencia de pobreza en personas mayores de 60 años. 

Un factor agravante es la falta de acceso a redes de protección social. De acuerdo con Unicef, en el 2023 menos de la mitad de la población menor de 15 años recibía un beneficio social efectivo, una cifra que alcanza el 79,3 % en personas mayores de 65 años. Es esencial corregirlo para garantizar derechos básicos y reducir brechas de desarrollo. Pero estas cifras no solo reflejan carencias materiales, sino también profundas desigualdades estructurales que condicionan el acceso de los niños a la educación, la salud y el bienestar.

El trabajo infantil: una herida abierta

El trabajo infantil persiste como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno de los NNA en América Latina. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo y Unicef, 8,2 millones de niños y adolescentes en la región trabajan, y más de la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos que afectan a su salud física, a su educación y a su bienestar emocional. Además de comprometer su desarrollo, el trabajo infantil limita el acceso a la educación, lo que perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional.

El impacto de la pandemia exacerbó esta problemática. Muchas familias, empujadas por la contracción económica, recurrieron al trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Esta situación es especialmente crítica en zonas rurales, donde la falta de servicios básicos y oportunidades educativas hace que los niños sean aún más vulnerables.

La violencia hacia los menores es otra crisis latente en la región. En países como Honduras, Guatemala y El Salvador muchos niños enfrentan agresiones físicas, sexuales y psicológicas tanto en sus hogares como en sus comunidades. Según Unicef, en 2022 dos de cada tres menores de 15 años en América Latina y el Caribe han experimentado disciplina violenta en sus hogares. Esta situación, agravada por el desplazamiento forzado y la inseguridad, incrementa su vulnerabilidad.

El cierre de escuelas durante la pandemia intensificó estos riesgos. Más de 10 millones de niños en América Latina quedaron excluidos del sistema educativo, lo que limitó sus oportunidades de desarrollo y profundizó las desigualdades.

En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emerge como una hoja de ruta para abordar estas problemáticas. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), varios se enfocan directamente en mejorar las condiciones de vida de los menores. Por ejemplo, el ODS 1 busca eliminar la pobreza en todas sus formas, mientras que el ODS 4 promueve la educación inclusiva y de calidad y el ODS 8 plantea erradicar el trabajo infantil para 2025.

El informe de los ODS 2023 destaca los retrocesos en indicadores clave, como pobreza infantil y exclusión educativa, a nivel mundial. En América Latina, aunque se lograron avances en áreas como mortalidad infantil y acceso a la educación primaria, la pandemia y las crisis económicas recientes ampliaron las brechas. Estas desigualdades estructurales dificultan el cumplimiento de las metas, especialmente en comunidades marginadas.

Para que la región avance hacia los ODS, es imprescindible adoptar estrategias integrales que prioricen la protección social, fortalezcan los sistemas educativos y promuevan campañas masivas de reintegración escolar. Como indica el informe, la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil es esencial para garantizar que ningún niño quede atrás.

Los desafíos son inmensos, pero las oportunidades para transformarlos también lo son. Redoblar esfuerzos en políticas públicas enfocadas en los niños, como la ampliación de programas de transferencias monetarias, el acceso a educación gratuita y de calidad y la protección integral de la infancia, puede marcar una diferencia significativa.

La experiencia de países que han logrado reducir con éxito el trabajo infantil y la pobreza demuestra que un enfoque basado en la colaboración y la sostenibilidad es clave. El mensaje de Juan Pablo II de que “los pobres no pueden esperar” debe extenderse con urgencia: los niños y niñas de América Latina no pueden esperar. Proteger su presente y garantizarles un futuro digno es un deber ético que define nuestra humanidad y el tipo de sociedad que deseamos construir.