En los últimos años, América Latina ha sido pionera en aprobar leyes de paridad que buscan garantizar la representación política de las mujeres. Este avance, celebrado como un triunfo histórico, ha permitido que los Parlamentos de la región alcancen en promedio un 35,8% de representación femenina, por encima de otras regiones. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿la paridad es lo mismo que la igualdad de género?
La respuesta es clara: no significan lo mismo. La paridad es un mecanismo necesario para abrir la puerta a las mujeres en espacios históricamente vetados; la igualdad, en cambio, es un derecho sustantivo que exige transformar las condiciones estructurales que siguen limitando su participación plena y efectiva.
La paridad como acceso, la igualdad como ejercicio
La paridad es un mecanismo de acceso; busca que hombres y mujeres estén representados en igual proporción en espacios de decisión. Su valor radica en abrir la puerta a una participación más equilibrada, sobre todo en ámbitos como los Parlamentos o los gabinetes ministeriales, donde históricamente la presencia femenina ha sido marginal. Es, en esencia, una regla numérica diseñada para acelerar la entrada de las mujeres a los espacios de poder.
La igualdad, en cambio, es un derecho sustantivo: no se limita a contar cuántas mujeres llegan, sino que garantiza que puedan ejercer sus funciones en condiciones reales de equidad. Significa eliminar barreras estructurales, redistribuir el trabajo de cuidados, garantizar acceso a financiamiento electoral y combatir la violencia política de género que muchas mujeres enfrentan al postularse o ejercer cargos.
Los ejemplos en América Latina muestran con claridad esta diferencia. En Bolivia, tras la reforma electoral de 2010, las mujeres alcanzaron el 53% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 47% en el Senado, convirtiendo al país en pionero en paridad legislativa. Sin embargo, un informe de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) reveló que 8 de cada 10 mujeres electas han enfrentado algún tipo de acoso o violencia política.
En México, la reforma constitucional de 2019 estableció la “paridad en todo”, logrando que el Congreso alcanzara un 50% de diputadas y 49% de senadoras en la legislatura 2021–2024. No obstante, en ministerios estratégicos como Hacienda o Defensa, menos del 10% de los titulares han sido mujeres en toda la historia del país, lo que evidencia la persistencia de techos de cristal en las carteras de mayor poder.
En contraste, Costa Rica ha complementado la paridad política con políticas estructurales: el Sistema Nacional de Cuidados (2014) ha beneficiado a más de 65.000 personas dependientes y ha permitido que alrededor de 15.000 mujeres se incorporen al mercado laboral y a la política, mostrando cómo la igualdad sustantiva requiere medidas que reduzcan las brechas más allá de la representación numérica.
En resumen, la paridad garantiza el acceso y la igualdad asegura el ejercicio real y pleno de derechos. Sin la segunda, la primera corre el riesgo de quedarse en un mecanismo simbólico que aumenta las cifras pero no transforma las estructuras que sostienen la desigualdad.
Entre avances y debates
Los avances son innegables: 18 países de la región cuentan hoy con normas de paridad o cuotas, y seis mujeres han ocupado la presidencia en los últimos 40 años. Sin embargo, la fotografía sigue incompleta. La representación femenina en alcaldías apenas llega al 15,2% en América Latina, y la participación en gabinetes ministeriales rara vez supera el 30%, salvo excepciones como Colombia o Nicaragua.
Un punto de debate reciente ha sido la reforma del Código de la Democracia en Ecuador, que elimina la obligatoriedad de binomios presidenciales paritarios. Más que interpretarse como un retroceso, esta medida abre la discusión sobre la legitimidad de la igualdad cuando se impone únicamente por mandato legal. La obligatoriedad de binomios podía garantizar representación numérica, pero no necesariamente un acceso legítimo ni un ejercicio real del poder. Sin embargo, derogada esta disposición, surge una pregunta de fondo: ¿qué mecanismos existen para garantizar que la participación femenina no se reduzca y que se sostenga en condiciones de igualdad de oportunidades? El desafío está en fortalecer políticas que aseguren un acceso equitativo, financiamiento electoral, combate a la violencia política, promoción de liderazgos femeninos de manera que la presencia de mujeres en las más altas dignidades responda no solo a un requisito legal, sino al pleno reconocimiento de sus derechos políticos.
Paridad no es el fin, sino el medio
La lección que nos deja lo anteriormente mencionado es que la paridad es un camino hacia la igualdad, pero nunca un sustituto de ella. Garantizar que la mitad de las listas estén encabezadas por mujeres o que los Parlamentos sean más equilibrados es un avance indispensable. Sin embargo, si estas mujeres siguen siendo objeto de violencia política, si no acceden a financiamiento equitativo en sus campañas o si son excluidas de los ministerios más estratégicos, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida.
La igualdad sustantiva exige transformar estructuras patriarcales, redistribuir de manera equitativa el trabajo de cuidados, democratizar los partidos políticos, eliminar los sesgos culturales que cuestionan el liderazgo femenino y diseñar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos.
América Latina ha demostrado que las normas de paridad pueden acelerar los cambios. No obstante, estos avances solo se vuelven efectivos cuando se acompañan de transformaciones estructurales: los sistemas de cuidado en Costa Rica, las políticas de inclusión para mujeres indígenas en Bolivia o la lucha contra la violencia política en México son ejemplos de cómo la paridad deja de ser una cifra para convertirse en un verdadero instrumento de justicia.
En definitiva, la paridad abre la puerta, pero la igualdad es la que permite atravesarla y ejercer el poder en condiciones de dignidad. Confundirlas sería conformarse con un espejismo democrático inadecuado.
Conclusiones: del número al poder real
América Latina no necesita solo más mujeres en las fotos oficiales, sino mujeres con voz, agenda y poder real. La paridad es un logro necesario, pero incompleto si no se traduce en igualdad sustantiva. No basta con garantizar sillas ocupadas: se requiere que esas mujeres tengan las condiciones para decidir, transformar políticas públicas y desafiar estructuras patriarcales que aún dominan los espacios de poder.
Si algo enseñan las experiencias de México, Bolivia o Costa Rica es que la paridad sin igualdad puede convertirse en un cascarón vacío. La verdadera democracia no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de garantizar derechos efectivos. La tarea pendiente en la región es asegurar que la presencia de las mujeres en la política deje de ser una cuota para convertirse en un motor de transformación. La paridad es un medio, nunca el fin. El fin último es la igualdad sustantiva, la que transforma vidas, redistribuye el poder y redefine la democracia desde una perspectiva de derechos.
Autor
Licenciada en relaciones internacionales y ciencia política de la Universidad San Francisco de Quito con Máster en derechos humanos y gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid.
