El 23 de abril se concretó en la Argentina un paro y marcha federal universitaria. Se había anunciado hace un mes y, dada la falta de respuesta del gobierno a los reclamos, se efectuó en esa fecha.
Hay que entender que detrás de esta acción colectiva hay antecedentes —qué significa la educación pública universitaria en el país— y coyunturas —qué piensa el actual gobierno libertario de Javier Milei sobre la educación pública.
Desde la Reforma Universitaria de 1918, señera en América Latina, la educación universitaria en la Argentina es irrestricta, gratuita y de autoridad tripartita, es decir, los órganos de conducción de las universidades se componen de las autoridades electas, del claustro de profesores y del claustro de estudiantes. En la actualidad, el sistema universitario público comprende 56 universidades nacionales en todo el país y cerca de dos millones de estudiantes universitarios. Cabe destacar que en un porcentaje menor pero significativo muchos de esos estudiantes son extranjeros, mayoritariamente latinoamericanos, que tienen las mismas prerrogativas que los estudiantes nacionales.
Por otra parte, en un país donde históricamente la sociedad considera a la educación pública —por Constitución, gratuita, laica y estatal— en todas sus instancias como un bien público absolutamente legitimado, apreciado e insustituible, motor de la movilidad social, cualquier ataque o intento de restricción de la misma moviliza inmediatamente a grandes y diversos colectivos sociales, empezando por las familias.
El conflicto actual parte de que el actual gobierno de Milei considera, coherentemente con el ideario libertario, que toda cuestión pública es por definición perniciosa, ineficiente y restrictiva de la libre decisión personal. En esa dirección, los primeros meses del gobierno observaron un gran número de despidos de empleados públicos, así como el cierre de numerosas instituciones del organigrama estatal, más por razones ideológicas que de gasto público, aunque el argumento oficial se haya reposado sobre esta cuestión.
Producto del debate político parlamentario y las presiones oficiales para impulsar su programa, el gobierno de Milei no logró todavía la aprobación del presupuesto 2024, por lo que, dada la prescripción constitucional al respecto, se está financiando las actividades estatales con el presupuesto 2023. En el lapso del comienzo de ese año y los cuatro meses que ya corren del 2024, la inflación superó el 200%, lo que significa que cualquier presupuesto, es decir, financiamiento de actividades públicas, tiene un presupuesto devaluado dos veces.
En ese escenario, el gobierno pretende que el sistema universitario público —recuérdese las dimensiones antes mencionadas— se sostenga con un presupuesto absolutamente devaluado. Las universidades públicas están respondiendo que con ese presupuesto solo podrán estar abierta no más allá de fin de mayo.
Por supuesto que esta incongruencia, casi al límite del absurdo, el gobierno la sostiene sobre la necesidad de control del gasto público, aunque, como surge de declaraciones de varios de sus funcionarios, la ofensiva oficial tiene un carácter netamente ideológico. El propio Milei sostuvo la semana pasada en declaraciones a los medios que “las universidades nacionales son centros de adoctrinamiento y corrupción”.
Esto dicho a una sociedad que en un porcentaje altísimo entiende, y defiende, la educación pública como factor insustituible de progreso pero también como un derecho inalienable, y ve en los estudios universitarios de sus jóvenes la culminación de ese derecho.
Un joven estudiante que ingresa a la universidad pública masiva, gratuita y democrática no es solo un sujeto aislado en busca de mejorar su situación. Es, básicamente, una familia que ve en ese joven un proyecto de futuro, individual y colectivo. Quizás por eso la marcha federal universitaria, a la cual se han adherido estudiantes de universidades privadas, es un rechazo contundente a esa ofensiva gubernamental sobre el sistema público.
A horas de esa marcha se observaba ya, en las declaraciones de funcionarios, el temor del gobierno a que la movilización fuera, como fue, multitudinaria.
Autor
Director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Sociología por la UBA y en Ciencia Política por Flacso-Argentina.
