Desde la asunción de Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, comenzó a tramitarse en la Argentina la experiencia inédita de un gobierno de estilos y contenidos hiperpresidencialistas, que se propone tomar medidas drásticas y cambios legislativos de envergadura con una agenda de máxima sin contar con mayoría parlamentaria. Milei se convirtió en el candidato presidencial más votado de la historia argentina, y simultáneamente en el presidente con menos apoyo parlamentario y el único cuya fuerza política no ganó ninguna de las gobernaciones provinciales. Su partido, La Libertad Avanza, tiene solo 38 diputados propios sobre un total de 257, y 7 senadores sobre 72. Esto es así porque Milei llegó a la presidencia en segunda vuelta con un 56% de los votos, luego de obtener 30% en la primera, de la cual resultó la actual composición del Congreso.

Y aun así, se propone refundar el país dando la vuelta como un guante a su estructura económica y social en medio de un contexto hiperinflacionario y recesivo a la vez.

En esa dinámica, afloran las tensiones, ajustes y desajustes entre la representación democrática y el funcionamiento del sistema republicano. O, en otras palabras, entre los jugadores y equipos, estrenando sus roles y desplegando sus estrategias de juego, y el partido mismo que se está jugando. Gobierno y oposición, y quienes ocupan el Ejecutivo y el Legislativo, en tensión y competencia, pero con el imperativo común y acuciante de la gobernabilidad, internándose en territorio desconocido y bajo las necesidades y urgencias que impone la crisis económica y la expectativa de una sociedad extenuada. Una pulseada de la que, además de ganadores y perdedores, en lo inmediato, debe resultar algún tipo de acuerdo que le otorgue un piso de marcha a una gestión de gobierno que recién comienza y que, a un mes y medio de empezar, ya le tocó enfrentar el primer paro general convocado por la CGT.

Es así como, más allá de las retóricas encendidas y frases agresivas, algo de lo que hace culto el presidente argentino a diario a través de Twitter (X), la sístole y diástole del corazón político fluctúa entre el realismo y el voluntarismo, la negociación y el decisionismo, jugando sobre el filo de la navaja, tensionando el paño pero sin terminar de desgarrarlo, sabiendo que, de lo contrario, pierden todos.

A ello debe sumarse el humor social como un factor incidental a no perder de vista. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA) realizada entre el 9 y el 14 de enero muestra a un país dividido por la mitad: a un mes de asumir, un 48% aprueba al gobierno de Milei, mientras que un 48% lo desaprueba. Según los datos de esta encuesta, en diciembre Milei alcanzaba el 54% de la aprobación, conservando así el voto obtenido en la segunda vuelta. Un mes más tarde, la imagen presidencial cayó 6 puntos, pese a lo cual Milei se mantiene primero en imagen positiva. El resto de la dirigencia, sobre todo la identificada con los largos años de gobiernos kirchneristas, cuenta con una estima pública bajísima, que arrastró también a los dirigentes de la oposición, lo que explica el ascenso a la presidencia de este personaje excéntrico y sin experiencia de gestión.

Por otro lado, a la pregunta “¿Cuál dirías que es tu nivel de satisfacción con cómo marchan las cosas en el país?”, una mayoría abrumadora dice estar totalmente insatisfecha: un 50% nada satisfecha, un 21% poco satisfecha, un 21% algo satisfecha y solo un 5% dice estar “muy satisfecha”. También se muestran bajos los porcentajes que logran, en la estimación favorable de su desempeño, los tres poderes en la Argentina: 31% el Ejecutivo, un 23% el Poder Judicial y un 20% el Senado y Diputados. Respecto de los principales problemas que la gente identifica, encabezan la lista la inflación (57%), los bajos salarios (33%), la inseguridad (32%), la corrupción (29%), la pobreza (28%) y “los políticos” (25%).

En cuanto a la relación entre el oficialismo y la oposición, el 60% de los encuestados cree que el presidente debería negociar su agenda con el Congreso, frente a un 17% que dice que la debe imponer. Al mismo tiempo, un 47% de los encuestados piensa que el Congreso debe cooperar con el presidente y negociar algunas reformas, un 27% considera que no debe cooperar, y solo un 14% cree que debe aprobarle la delegación de poderes.

Como señala Daniel Zovatto, que viene siguiendo estos indicadores en toda América Latina, “la ciudadanía reclama de la democracia y de sus instituciones resultados concretos, soluciones democráticas eficaces y oportunas a sus problemas y no solo procedimientos para elegir y reemplazar a sus gobernantes”.

El riesgo está ahí: según el Latinobarómetro2023, un 54% de los encuestados en nuestra región dicen que no les importaría vivir en un régimen no democrático si resuelve sus problemas.

Aunque tal distopía –un régimen no democrático que resuelva los problemas– no exista en la realidad, nuestras democracias están incubando en esa insatisfacción un montón de Bukeles dispuestos a cargarse a políticos e instituciones para tomar el Palacio con el respaldo del voto popular. Algo que, desde los antiguos griegos y romanos, tiene nombre: se llama autocracia, dictadura o tiranía. Y en América latina, sin llegar tan lejos, toma la forma de “democracias delegativas”.

Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente, según la definiera Guillermo O’Donnell hace treinta años.

_{*Texto publicado originalmente en Clarín}