Jair Bolsonaro difícilmente ocuparía el sillón presidencial de Brasil si no fuera por la operación Lava Jato. Supuestamente destinada a luchar contra la corrupción, la operación repleta de irregularidades procedimentales eligió un objetivo en lugar de limitarse a seguir las pistas y el debido proceso legal. Tratar la política como un crimen y al Partido de los Trabajadores (PT) como una banda fueron elementos centrales para crear el «clima» adecuado para el golpe de Estado de 2016, a través de un proceso de impeachment sin las condiciones legales necesarias. El juicio sesgado al expresidente Lula llevó a su encarcelamiento sin pruebas, elevando a Bolsonaro a la condición de favorito en las elecciones presidenciales de 2018.

Las sombras de la operación Lava Jato

Los principales actores de la operación Lava Jato, que implicó una actuación parcial y partidista de la Justicia, fueron el entonces juez Sérgio Moro y los fiscales del Ministerio Público de Curitiba, especialmente el coordinador de la operación, Deltan Dallagnol. El juez y los fiscales acordaron entre ellos estrategias, ignoraron selectivamente la información, expresaron en conversaciones el deseo de que el PT no ganara las elecciones presidenciales y abusaron del instrumento de la cooperación eficaz.

Todo esto quedó al descubierto en la serie de reportajes de The Intercept Brasil, conocida como Vaza Jato, tras obtener conversaciones entre estos personajes en la aplicación Telegram. Más tarde, salieron a la luz nuevos diálogos tras la operación Spoofing, de la Policía Federal. Las confesiones obtenidas mediante el mecanismo de la cooperación o colaboración eficaz, que debían ser un incentivo para que algunos delincuentes ayudaran a desentrañar las grandes tramas, fueron utilizadas deliberadamente para construir una narrativa que llevara a la condena de Lula.

Para decir lo que el Ministerio Público quería oír, fuera o no cierto, los denunciantes recibieron a veces ventajas totalmente ajenas al compromiso efectivo de lucha contra la corrupción, y a veces sufrieron tortura psicológica, en un claro abuso de los derechos humanos. Alberto Youssef, un importante blanqueador de dinero, cuyas condenas combinadas superarían los 122 años de prisión, consiguió permanecer en la cárcel sólo tres años, con la conservación de varias propiedades declaradas procedentes de sus propios delitos.

Por otro lado, los denunciantes menos importantes para la trama de corrupción fueron detenidos preventivamente y amenazados con ser trasladados a prisiones peligrosas si no colaboraban «espontáneamente». En una conversación mantenida en 2017, Dallagnol se burlaba de la «eficacia» de las detenciones preventivas como herramienta para presionar a los investigados a aceptar acuerdos de culpabilidad.

El ex ejecutivo de Petrobras Pedro Barusco, que fue uno de los primeros denunciantes de la operación Lava Jato, allá por 2014, había denunciado un acuerdo de sobornos entre empleados de la empresa, políticos y representantes de contratistas. Sin embargo, Deltan Dallagnol y su colega fiscal Athayde Ribeiro Costa se mostraron insatisfechos con el hecho de que la declaración de ese denunciante permitiera incluir al Partido Progresista entre los implicados, pero no al Partido de los Trabajadores. Decidieron hacer un nuevo acuerdo, dejando a Barusco sin ninguna pena grave, para que pudiera hacer una nueva denuncia, que contaría con extractos escritos por los propios fiscales.

Moro, Dallagnol y las perspectivas políticas para las elecciones de 2022

Moro pidió su exoneración como juez federal en 2018 para convertirse en ministro de Justicia del propio Bolsonaro, con quien rompió dos años después por disputas de poder. Dallagnol ha pedido la exoneración a la Fiscalía Federal ahora, en noviembre de 2021. Su objetivo, como el de Sérgio Moro, debe ser seguir en política, pero esta vez por la vía electoral, y no manipulando a la Justicia.

El ex juez de la inquisición lavajatista se ha presentado como probable candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022. Todavía no se conoce la ambición política de Dallagnol. 

Lo único que se sabe es que le gusta el dinero: un artículo del Intercept Brasil mostró que Dallagnol y su socio el fiscal Roberson Pozzobon estaban organizando en 2018 un plan de negocios para lucrar con eventos y conferencias pagadas a partir de la fama y los contactos logrados a través de la operación Lava Jato. Utilizarían a familiares como propietarios de la empresa, para evitar cuestionamientos legales, y estaban pensando en crear un instituto «sin ánimo de lucro» para pagar cachés para ellos mismos.

En 2019, la Fiscalía Federal de Paraná intentaba llegar a un acuerdo con Petrobras y el gobierno de Estados Unidos para que la empresa estatal, objeto de la investigación de la Lava Jato, pagara 2.500 billones de reales a un fondo privado que sería gestionado por el propio Deltan Dallagnol y sus colaboradores. Ahora que ha renunciado a su alto sueldo como fiscal, no se sabe si intentará ser diputado o se atreverá a buscar un escaño en el Senado o el puesto de gobernador del estado de Paraná.

Sérgio Moro ha sido visto como un posible nombre de la «tercera vía», contra Lula y Bolsonaro, por sectores de la prensa que siempre publicaron noticias elogiosas y acríticas sobre la operación Lava Jato. Hoy en día ya no se ven manifestantes en las calles con camisetas amarillas con su cara y llamándole héroe, o incluso montajes de él con un traje de Superman. Pero con el favoritismo de Lula y la certeza de la polarización, es el espacio de enemigo del PT y defensor del punitivismo el que estará en disputa. Moro tiene cierto potencial para volver a atraer a parte de la base reaccionaria desilusionada con Bolsonaro y ocupar ese lugar.

La plataforma política de Moro y Dallagnol en una campaña electoral es previsible: mucho alarmismo contra la corrupción, defensa de más cárceles y penas más duras, crítica de una burocracia «excesiva» en la legislación penal brasileña que llevaría a la impunidad, y difusión de la idea de que la clase política es toda corrupta y es necesario sustituirla por no políticos.

La ruptura democrática de 2016 empoderó a figuras conspirativas y autoritarias. En primer lugar, el entonces vicepresidente Michel Temer, al que todos llaman «vampiro», se convirtió en presidente sin necesidad de votar. Después Jair Bolsonaro tuvo una carrera política segura hacia la presidencia, sin Lula en el camino.

A Bolsonaro se le suele llamar «Bozo», pero el nivel de destrucción que ha causado lo acerca a payasos más terroríficos, como Pennywise u otros asesinos inventados que pueblan las películas. En febrero se desarticuló la operación Lava Jato, ya desprestigiada por todas las arbitrariedades y parcialidades reveladas. Pero en esta película de terror que vive Brasil desde 2016, la muerte de la Lava Jato puede no ser definitiva. Es posible que vuelva como un zombi, con las candidaturas de Sérgio Moro y Deltan Dallagnol en el horario de máxima audiencia.

_{Foto de Agência Brasil}

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