El más reciente proceso de elección interna de candidatos, o en este caso de candidatas, a la presidencia de la República en México, realizado por el partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el Frente Amplio por México, una coalición opositora integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tuvo como denominador común el uso de las encuestas como criterio único de selección.
Es importante señalar que no es la primera vez que un partido político o coalición de partidos en México utiliza los resultados de las encuestas como el criterio principal de selección de candidatos a distintos niveles de gobierno, incluida la presidencia de la República. Lo que sí resulta significativo es que tanto Morena como el Frente Amplio por México hayan decidido con ello renunciar a todo proceso electivo.
Destaca el caso de Morena; desde su fundación, este partido ha descartado llevar a cabo elecciones internas para la designación de sus candidatos. Esto fue refrendado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando señaló en junio de este año, en una de sus tantas conferencias de prensa matutinas, que la encuesta como método de designación, al formar parte de los estatutos del partido, “ha probado su eficacia” y “ha evitado rupturas”.
Por su parte, el Frente Amplio por México, después de sucesivas rondas de descarte de sus distintos precandidatos, decidió ya no llevar a cabo la última fase del proceso, la consulta ciudadana entre las personas registradas para tal efecto, y quedarse únicamente con el resultado de los estudios de opinión pública que dieron como ganadora a Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes por más de 15 puntos porcentuales en promedio.
Al respecto, ¿qué implicaciones tiene la sustitución de facto de todo proceso electivo por los resultados demoscópicos para la democracia en general y para la democracia interna de los partidos políticos en particular?
En principio, la decisión del partido en el poder y de la coalición opositora de introducir la encuesta en una suerte de mecanismo equivalente de democracia participativa para evitar conflictos o rupturas, o en un afán de evitar una baja afluencia de votantes, ha estado lejos de producir un mayor acercamiento con la población. De hecho, cabe recordar el fracaso en términos de participación ciudadana que supuso la consulta de revocación de mandato que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2022 impulsada por la presidencia de la República. Por el contrario, esta decisión fortalece la hipótesis del politólogo Peter Mair, que hablaba de “gobernar el vacío” y que sugiere que, debido a las deficiencias de los partidos políticos, la democracia paulatinamente se va despojando de su componente popular, alejándose del demos.
Lo que acabamos de atestiguar en México fortalece esta hipótesis. Los partidos políticos, al circunscribirse únicamente a las encuestas como criterio electivo, han conducido a dos escenarios: 1) se rompe con el ciclo mismo de la deliberación política democrática; esta apuesta a que toda deliberación termine en agregación, como sugería el politólogo Adam Przeworski, acaba frustrándose, y 2) se da por hecho que el resultado mismo de la encuesta es de facto coincidente con un hipotético resultado electoral.
Este último punto nos coloca de frente al debate en torno al grado de precisión de las encuestas. Un debate que se relaciona con el grado de concordancia que se presume puede existir, o no, entre la particular distribución de opiniones entorno a la intención de voto y la distribución final de los resultados electorales.
Lo anterior es la fuente misma de la característica de todo régimen democrático: la incertidumbre sustantiva, la cual se traduce en el hecho de que nadie puede garantizar ex ante el resultado de una contienda electoral; en el hecho de que nadie puede contestar a priori con absoluta certeza una simple pregunta: ¿quién va a ganar las elecciones?
La incapacidad de nuestro sistema de partidos de llevar a cabo elecciones internas ha cancelado toda posibilidad de incertidumbre sustantiva, requisito primordial de toda organización política de este tipo que se precie de democrática. La legitimidad de los sondeos, de carácter técnico, se impone sobre la legitimidad democrática que proviene del voto.
*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.
Autor
Doctor en Ciencia Política por FLACSO, México y profesor/investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es director de la Revista Mexicana de Opinión Pública de la FCPYS/UNAM.