El intento de golpe del miércoles 7 de diciembre duró dos horas. La huida de Pedro Castillo hacia la Embajada de México lo condujo a prisión. La sucesión en la Presidencia de la república se efectuó de inmediato y se respetó puntualmente lo dispuesto en la Constitución.
Aparece, por otro lado, una nueva figura a cargo del Poder Ejecutivo —por primera vez una mujer, se ha resaltado—, pero permanece el mismo elenco en el Congreso, que en noviembre tenía solo el 18% de la aprobación ciudadana. Más allá de los detalles del triste episodio del miércoles 7, preocupa saber si el panorama político del país será distinto a partir de ahora o continuará enfangado por rencillas y maniobras, sobornos y compras de apoyos, discursos exaltados y nulas realizaciones.
Claro está, en lo ocurrido recientemente en Perú hay elementos que destacar. El primero es que la intentona golpista de Castillo se resolvió rápidamente, sin ocasionar ese día ni un muerto ni un herido. El segundo es que la respuesta de las instituciones fue inmediata, contundente y unánime en su rechazo al golpe. La presidenta de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y un largo etcétera de representantes institucionales salieron al frente. De esa manera, no solo contestaron el torpe manotazo de Castillo, sino, lo que es de la mayor importancia, angostaron al mínimo las posibilidades de respaldo a él.
Esto último acaso guarde relación con el esperado pronunciamiento de las fuerzas armadas (y policiales) —a las que algún editorial trasnochado siguió llamando “instituciones tutelares”— que tardó en conocerse bastante más que las voces institucionales civiles. Finalmente, militares y policías declararon su apego a la Constitución. El fracaso del golpe quedó sellado.
Más de un fracaso
Pedro Castillo había cometido el último de su larga cadena de errores durante sus 16 meses en el cargo. Con su caída, terminó un gobierno que se denominó de izquierda y pertenecía a su sector iliberal, más bien reaccionario, que representaba lúcidamente aquel personaje que alzó a Castillo en la candidatura presidencial, debido a que él mismo no podía ser candidato por haber sido condenado por corrupción: Vladimir Cerrón, un médico formado profesional y políticamente en Cuba, donde vivió más de una década. Con el fracaso del gobierno de Castillo, se cancelan por tiempo indefinido las posibilidades en la competencia política de las izquierdas que lo respaldaron pese a su rendimiento.
Con ese desenlace, también quedó como un recuerdo ingrato el papel desempeñado por la OEA en la crisis política de Perú. El informe preparado por la misión de la organización, que visitó el país días antes de que Castillo anunciara su autogolpe, pareció hecho a la medida de la necesidad del expresidente de conseguir en la escena internacional un respaldo que en el país era cada vez más escaso. Se sabe que en los pasillos de Washington, el secretario general Luis Almagro alentaba el voto a favor del informe, haciendo suyo el fantasmón levantado entonces por el gobierno de Castillo: la democracia en el Perú estaba amenazada por un golpe en marcha, encabezado por el fujimorismo y en el que participaban las instituciones de justicia y los medios de comunicación.
El rechazo generalizado a la maniobra gobiernista vía OEA-Almagro, con el que se recibió el informe en el Perú, precedió a la estocada final que le dio el propio Castillo —declarativamente partidario del diálogo político—, al anunciar la disolución del Congreso y la intervención en todas las instituciones de justicia. La OEA ha añadido un fracaso más a un historial escaso en éxitos, que aconsejaría un examen de conciencia acerca de las decisiones adoptadas por la institución en el caso peruano.
Un panorama incierto
Dina Boluarte es una abogada de 60 años que nació en una provincia de la sierra pobre del Perú. Fue funcionaria de una entidad pública (Reniec), encargada de la documentación ciudadana, que goza de respeto por la eficacia de su funcionamiento. Renunció a su cargo en abril de 2021 al ser elegida en la fórmula presidencial de Castillo, y se desempeñó como ministra en su gobierno durante 16 meses, hasta fines de noviembre de 2022. Poco después, el 5 de diciembre, el Congreso la exoneró de responsabilidad en una violación normativa poco transcendente, señal de que se le alistaba para sustituir al entonces presidente. El miércoles 7 se constituyó en la sexta persona en seis años que asume la Presidencia de la república.
Justamente un año antes de que Castillo intentara el autogolpe y fracasara, abriendo paso a Boluarte para que asumiera el cargo para sustituirlo, la hoy presidenta declaró públicamente, dado el primer intento parlamentario de destituir a Castillo de la Presidencia, que si él renunciaba, ella también dejaría el cargo de vicepresidenta. A fines de enero, cuando ya se habían agriado las relaciones entre Castillo y Perú Libre, el partido que los llevó a ambos como candidatos, Boluarte declaró en una entrevista que no compartía el ideario de Perú Libre. Y, en alusión a la falta de democracia interna en el partido encabezado por Vladimir Cerrón, se declaró: “De izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables”.
¿Quién es, pues, Dina Boluarte? No es sencillo dar ahora una respuesta, así como tampoco lo fue en el caso de Castillo cuando asumió el cargo. En la ceremonia de asunción del cargo precisó, de manera poco común, que juraba desempeñarlo “hasta el 26 de julio de 2026”. Con este añadido a su juramento, descartaba una de las demandas que han sido planteadas en el país y que incluso cuenta con el dictamen favorable de una comisión del Congreso: adelantar las elecciones generales. Si bien el reclamo de Boluarte tenía plena base legal, dos días después empezó a retroceder y, debido a diferentes manifestaciones que ha habido en el interior del país, las cuales han ocasionado varios muertos y llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia en algunas provincias, la presidenta anunció este lunes 12 de diciembre en la madrugada que hacía suyo el proyecto para que el Congreso adelantara las elecciones a abril de 2024. En dos semanas, la presidenta había renunciado a dos años de mandato.
En estas arenas movedizas, la pregunta es cuánto puede durar el nuevo gobierno. “La crisis peruana no ha llegado a su fin con la sucesión presidencial”, es la frase que el viernes 9 de diciembre inicia la columna editorial de uno de los principales diarios limeños. El desafío político mayor de la presidenta Boluarte es formular un plan con objetivos claros —que no parece tener— y navegar con un Congreso en el que, igual que Castillo, no cuenta con mayoría propia y en el que el fraccionamiento produce alianzas inestables, frecuentemente alimentadas por la defensa y promoción de intereses particulares que capturan a los parlamentarios. Las manifestaciones de estos días en diferentes puntos del país tienen lugar no tanto en defensa de Castillo, sino más bien por la exigencia de que el actual elenco congresal cese y se lleve a cabo elecciones generales.
Boluarte intenta capear el temporal cambiando de posiciones según sopla el viento, luego de haber designado a su primer gabinete ministerial. Es un elenco de profesionales con experiencia en gestión pública, la mayor parte de ellos sin antecedentes políticos. Lo encabeza Pedro Angulo, un exfiscal y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, cuya ambición política se conoció cuando fue candidato al Congreso, pero no resultó elegido; en 2021 anunció su candidatura presidencial, pero no llegó a inscribirla. El nuevo primer ministro acumula 13 investigaciones en el Ministerio Público y suma tres denuncias por acoso sexual.
En tanto se define el ahora imprevisible rumbo político, los fuertes problemas del país continúan a la espera de ser atendidos. Un sistema de salud pública que dio lugar a que, como resultado de la pandemia de la COVID-19, el Perú alcanzara el mayor número de muertos en el mundo, en relación con su población. Una economía con buenos índices macroeconómicos, pero que solo provee empleos en condiciones regulares a uno de cada cuatro trabajadores. Un sistema educativo de pésima calidad, cuyos problemas se han agravado con la pandemia. Un sector agrícola que está viendo una reducción drástica de su producción, debido a la falta de fertilizantes que el gobierno de Castillo no supo resolver, situando al país en el nivel más alto de Sudamérica en cuanto a la inseguridad alimentaria, indicó la ONU en noviembre. Esto es una agenda de urgencias que no encuentra un cuadro político estable para enfrentarla.
Autor
Sociólogo del derecho. Ha estudiado los sistemas de justicia en América Latina, asunto sobre el cual ha publicado extensamente. Ha ejercido la docencia en Perú, España, Argentina y México. Es senior fellow de Due Process of Law Foundation.
