El esperpento de los corruptos

En un ridículo intento por disimular un manotazo de ahogado, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, destituyó el 31 de diciembre en la noche a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez como miembros del Equipo Especial del Ministerio Público que investigaba el caso Odebrecht en el país andino. De esta manera, el fiscal general pretendía frenar la investigación que tiene bajo la lupa a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y, a su vez, a Keiko Fujimori, líder de la oposición e hija de otro expresidente ya encarcelado.

De hecho, previamente el fiscal Pérez había solicitado la denuncia de Chávarry por supuesta obstrucción de la justicia en el caso que implicaba a la candidata presidencial y al propio fiscal general, quien es investigado por integrar la red de jueces acusados por corrupción. La destitución de los fiscales se había producido luego de que estos hubieran cerrado un acuerdo de colaboración con Odebrecht, que implicaba el pago de una multa y su cooperación en las investigaciones.

Desde el mes de agosto, el fiscal general Chávarry venía bloqueando, con el apoyo del bloque fujimorista en el Congreso, una investigación fiscal en su contra por integrar presuntamente la red de corrupción del sistema de justicia, conocida como la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto. El destituido juez supremo, César Hinostroza, líder de la trama y quien permanece en Madrid bajo arresto y a la espera de su extradición, había ofrecido previamente a Keiko Fujimori la revisión de una sentencia, para evitar su investigación por lavado de activos. Sin embargo, poco más de una semana después de la grotesca maniobra, y en medio de una enorme presión social, el fiscal general Chávarry se vio obligado a presentar su renuncia, luego de que los fiscales apelaran la decisión ante la junta de fiscales supremos, y de que el presidente Martín Vizcarra entregara al Congreso un proyecto de ley para disolver la junta de fiscales que integraba Chávarry.

El presidente Jimmy Morales, quien surgió como popular cómico de televisión y predicador evangelista, y que bajo el lema de ‘ni corrupto ni ladrón’ llegó a la Presidencia, anunció unilateralmente el fin del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)»

Mientras en Perú el fiscal general ha tenido que presentar su renuncia liberando el camino a las investigaciones por corrupción que han estado vinculadas al caso Odebrecht, en Guatemala se vive por estos días una situación opuesta. El presidente Jimmy Morales, quien surgió como popular cómico de televisión y predicador evangelista, y que bajo el lema de «ni corrupto ni ladrón» llegó a la Presidencia, anunció unilateralmente el fin del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, que lo señala por corrupción, pese a que el mandato debía mantenerse hasta por lo menos septiembre de este año.

Morales, quien dio un plazo de 24 horas al personal del organismo para abandonar el país, justificó su decisión, debido a una supuesta “violación grave de la Cicig a las leyes nacionales e internacionales” y a que Iván Velásquez, quien dirige el organismo, “mantiene una cultura de confrontación entre los guatemaltecos”.

Si bien en 2015, durante la campaña electoral, Morales había asegurado que prolongaría el mandato de la Cicig, desde septiembre del 2017 el organismo, que durante diez años ha denunciado casos de corrupción de gran impacto, viene sufriendo ataques por parte del Gobierno. La postura del presidente cambió cuando a principios de ese año las autoridades del organismo denunciaron un caso de supuesta corrupción que involucraba a familiares del presidente, lo que se sumó a otras acusaciones del Ministerio Público hacia el propio Morales por presunto financiamiento electoral ilícito. Estas acusaciones, sin embargo, no prosperaron, debido a que el Congreso se ha negado a que el Ministerio Público y la Cicig investiguen al mandatario.

Simultáneamente con estas maniobras descaradas en Perú y Guatemala, en Colombia el 2018 se despedía con la aparición de otro muerto con rastros de cianuro: el segundo testigo del caso Odebrecht en menos de dos meses. A principios de diciembre, Rafael Merchán, quien había sido secretario de Transparencia, había recibido el aval para dar su testimonio en una de las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia.

Sin embargo, al igual que Jorge Enrique Pizano, quien supuestamente murió a causa de un infarto y cuyo hijo fallecía tres días más tarde, envenenado con cianuro al beber de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre, el testimonio de Rafael Merchán tampoco podrá ser utilizado para aclarar la investigación. Esta nueva muerte no ha hecho más que enturbiar aún más las investigaciones que se extienden a la financiación de las campañas presidenciales colombianas de 2010 y 2014.

Estos casos son solamente una muestra de la grotesca actuación de la corrupción en América Latina, que se extiende en algunos países hasta las más altas esferas. Escándalos protagonizados por presidentes, congresistas, o jueces, representantes de los diferentes poderes, que abusan de la impunidad y se encubren mutuamente utilizando al Estado como guarida.