El financiamiento regulado de los partidos políticos es un aspecto central para el buen funcionamiento de la democracia y de los procesos electorales. Esto no solo minimiza la dependencia de los partidos de los aportes privados que pudiesen derivar en intercambios de favores, sino que permite mantener cierta equidad en la competencia electoral. Sin embargo, la falta de control en la financiación privada amenaza la viabilidad de los sistemas democráticos en una región marcada por la desigualdades distributivas que, de por sí, han creado sesgos en los procesos democráticos.
Para evitar esta amenaza, existe en toda América Latina, con excepción de Bolivia y Venezuela tras las reformas de 2009 y 1999, la modalidad de financiamiento público de los partidos. Pero el aporte del Estado, ya sea de forma directa o indirecta, no es suficiente para financiar el sistema. Por ello, “la mayoría de los países de la región adoptan sistemas mixtos de financiamiento que combinan el financiamiento público y el privado”, afirmó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en su artículo Los sistemas de financiamiento político en América Latina: principales tendencias, publicado en la página web reformaspoliticas.org.
Desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política»
Sin embargo, a pesar de que en ciertos países las financiaciones públicas son considerables desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política, debido a la ausencia de una regulación efectiva. Si bien el financiamiento privado es indispensable, también tiene sus riesgos, como la utilización de dinero proveniente de actividades delictivas para fines políticos. En países como México, Colombia, Brasil o los países centroamericanos, amenazados por el narcotráfico y el crimen organizado, el financiamiento de campañas para comprar impunidad es el principal riesgo. De hecho, aunque las contribuciones privadas no provengan de fuentes dudosas, igualmente pueden comprometer los procesos democráticos, debido no solo a su gran capacidad de influencia, sino también a la percepción pública que estas generan.
Estos escándalos “han hecho tambalear Gobiernos, al tiempo que han debilitado a los partidos políticos y erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”, afirmó el director para América Latina y el Caribe, de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, en su artículo Reflexiones en torno a las reformas de la financiación política en América Latina. Y por ello el financiamiento de la actividad política se encuentra en el centro de la agenda pública en la mayoría de los países latinoamericanos.
Regular adecuadamente el financiamiento político es de vital importancia para mejorar la calidad de la democracia. Con este fin, o como simple apariencia, en las últimas dos décadas la mayoría de los países han llevado adelante reformas y regulaciones que, sin embargo, en gran parte de los casos no han eliminado definitivamente los problemas. Esto se debe, entre otros factores, a la disputa de intereses, a problemas de diseño y ejecución, o a que a medida que se crean nuevas reglas, las redes corruptas encuentran nuevas formas de evasión para mantener su influencia.
Las democracias latinoamericanas enfrentan grandes desafíos en cuanto a la relación entre el dinero y la política. Por ello, es fundamental que partidos políticos, legisladores, organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar la transparencia sobre el origen y destino de los montos, con el fin de mantener el equilibrio entre los partidos y ayudar a prevenir potenciales conflictos de interés. Y para alcanzar dicho objetivo, señaló Ferreira, el “elemento esencial de todo sistema de financiamiento es el grado de transparencia y rendición de cuentas que este garantice”.
Autor
Periodista, Máster en Periodismo de la Universidad de Barcelona y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid.
