El 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde el tema de “la paz”, que ha ocupado la atención durante los últimos 24 años en el debate político electoral desde el gobierno de Andrés Pastrana, ya no es el protagonista. La campaña actual está centrada en temas como la corrupción, la reforma tributaria, la migración, la seguridad, el desempleo o la reforma del sistema de pensiones. A esto se suman los estragos ocasionados por la pandemia, el aumento de la inflación en marzo (8,53%) como consecuencia de la Guerra de Ucrania y los más de 21 millones de colombianos en situación de pobreza. Este escenario vaticina que el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de mediano plazo (2020-2022) será un desafío para el gobierno que asuma el 7 de agosto, independientemente de su ideología política.
Mayor protagonismo de la paz a pesar de la pandemia y la protesta social
Desde la llegada de la pandemia se ha ralentizado la implementación del Acuerdo de Paz porque el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han dedicado mayor atención institucional y esfuerzo fiscal para atender las demandas sanitarias. A su vez, las medidas restrictivas, especialmente a la movilidad y distanciamiento social, han dificultado el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-.
Durante la implementación de los acuerdos el país ha vivido, además, movilizaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque que han tenido como punto central las manifestaciones del denominado Paro Nacional. Si bien estas tuvieron como principal reclamo el retiro del proyecto de reforma tributaria, incluyeron igualmente reclamos como la gratuidad en la educación superior pública, la protección efectiva a los líderes y lideresas sociales, la implementación del acuerdo de paz o las reformas a la salud y al sistema pensional.
A su vez, la pandemia ha sido un contexto propicio para el fortalecimiento de grupos armados fuera de la ley debido a una menor presencia de la Fuerza Pública en los territorios para atender la pandemia y por la desmovilización de las FARC-EP. Esto permitió que las agrupaciones criminales aceleraran los procesos de apropiación de la tierra, producción de narcóticos, generación de renta ilícita, reclutamiento de menores e inseguridad de excombatientes, entre otros crímenes.
Los avances del Acuerdo de Paz
El Instituto Kroc es el responsable de monitorear y verificar en tiempo real las 578 disposiciones del Acuerdo mediante la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM), con base en el Plan Marco de Implementación -PMI- donde el Gobierno establece tres periodos para la medición: corto (2017-2019), mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-2031).
El periodo de corto plazo, enfatizó sobre el cese al fuego definitivo, la dejación de armas, la preparación del diseño institucional de la paz, la creación de planes y programas, entre otros temas. Fue relativamente ágil, pero con bajos porcentajes en el desarrollo rural ya que la presión ejercida por la escalada de grupos ilegales marcaría un escenario complejo para el cumplimiento de los indicadores. Por otro lado, el periodo de mediano plazo coincidió con la llegada de la pandemia, el inicio de periodo de los gobiernos locales y cuando los planes de desarrollo estaban en su etapa de diseño.
En estos cinco años, el Gobierno de Duque se ha centrado particularmente en la reincorporación de excombatientes, mientras las cuestiones trascendentales como la reforma rural, las oportunidades de desarrollo en las comunidades vulnerables, la justicia transicional, la participación política y sustitución de cultivos ilícitos, se siguen posponiendo. En este marco, los aspectos más preocupantes son el aumento de la fuerza de los grupos al margen de la ley con su expansión en el control territorial y la violencia contra los excombatientes y líderes sociales que ha dejado 299 y 1270 muertos respectivamente.
Por otro lado, se destaca el abandono de las armas, la creación del partido Comunes y los escaños en el Congreso en representación de las víctimas. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), tras la firma del Acuerdo de Paz ha habido una disminución del 95% de los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Los12.350 desmovilizados que están cumpliendo con el proceso, son muestra de las bondades de resolver los conflictos por la vía del diálogo.
Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo para cumplir con las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el cual además cuenta con un subregistro en la consolidación del universo total debido a deficiencias y de acceso a la información. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- reporta un dato provisional de 98.820 registros con corte a junio de 2021.
En conclusión, un paso relevante en materia de reconciliación es conocer la verdad de los hechos. Al 1 de abril de 2022, se han sometido según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- un total de 13.381 personas, de las cuales 9.825 son de las FARC-EP, 3.393 miembros de la Fuerza Pública y 151 agentes del Estado. Además,12 manifestantes de la protesta social han sido incluidos en esta lista. Esta es una cifra significativa y cada vez más personas se comprometen para aportar al esclarecimiento de hechos victimizantes.
Simultáneamente con la JEP, el informe final que entregará en junio de este año la Comisión de la Verdad (CEV), como mecanismo extrajudicial y de solidaridad con las víctimas, permitirá cerrar un capítulo de los hechos atroces ocurridos en la historia y allanar el camino hacia la necesaria reconciliación.
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Autor
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y coordinador del Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos de la Univ. Pontifícia Bolivariana (Medellín). Doctor en Filosofía por la misma universidad. Editor de la revista Analecta Política.
