Hace apenas días se conmemoró lo que se conoce en Argentina como “la crisis de 2001” ocurrida en diciembre de ese año, que desencadenó en una crisis económico-financiera que afectó a una multitud de ciudadanos y desembocó en un desorden político, donde abundaron marchas, protestas y cacerolazos en todo el país, lo cual terminó provocando la salida anticipada del presidente Fernando De la Rúa.

De la Rúa del partido centenario que representó históricamente la socialdemocracia en Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR), ganó las elecciones en 1999 a partir de haber conformado una alianza electoral con la fuerza de centro-izquierda, Frente País Solidario (FREPASO). De tal modo la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación se transformó en la coalición gobernante. Durante la campaña electoral que llevó a De la Rúa a la presidencia, este repitió incansablemente que “el uno a uno no se toca”, y esto era sin duda lo que los votantes querían escuchar. Una devaluación en el marco de una sociedad altamente endeudada resultaría en penurias para una enorme cantidad de argentinos.

Lo que se conocía como el “uno a uno” no era más que el resultado del Plan de Convertibilidad implementado durante el gobierno peronista Carlos Saúl Menem en abril de 1991, que estableció por ley una relación cambiaria fija entre la moneda local y la estadounidense, a razón de un peso convertible por dólar.  Este plan, junto a las medidas de tinte ortodoxo recomendadas por el Consenso de Washington de reducir el gasto público, sin duda ayudaron a equilibrar las cuentas macroeconómicas y a frenar la espiral inflacionaria que había sumergido al país en dos crisis hiperinflacionarias.

Aquello que no pudo o no quiso contemplarse, es que, en un contexto de desregulación del comercio, la prolongación por casi diez años de un plan de apreciación monetaria condenó a que Argentina no pudiera competir con el resto de las economías del mundo, y así, la desindustrialización y el desempleo aumentaron significativamente, y con esto la pobreza comenzó a asomar como un problema de dimensiones preocupantes.

Fue así, como, luego de diez años ininterrumpidos de peronismo neoliberal, el padecimiento de “ser el país más caro del mundo” y la desbocada corrupción, llevó que el radical Fernando De la Rúa asuma la presidencia en 1999. Sin embargo, rápidamente el nuevo gobierno también se vio manchado por presuntas “coimas” en el Senado en octubre de 2000, mientras la industria y el empleo seguían resintiéndose. El principal denunciante de estas irregularidades fue el vicepresidente del FREPASO, Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció inmediatamente. Y desde aquel momento comenzó el principio del fin de la alianza conformada, que terminó de sucumbir luego de que se definiera la inminente devaluación, que resultó en la incautación de depósitos en los bancos de millones de ahorristas que desesperadamente acudían a las entidades bancarias sin poder retirar su dinero. Así el país vivió dos jornadas de extrema violencia, con varios heridos y muertos. Y la alianza electoral se derrumbó junto a la estabilidad económica y política.

En el correr de escasos días se sucedieron cinco presidentes y finalmente en 2003 los argentinos volvieron a las urnas y el peronista Néstor Kirchner asumió la presidencia. A partir de ese momento el kirchnerismo gobernó durante doce años, los últimos ocho con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a la cabeza.  Desde 2003 el peronismo nuevamente pudo capitalizar las ventajosas condiciones internacionales, con precios exorbitantes de los commodities, lo que resultó en un ingreso masivo de recursos a las arcas del Estado. Así el gobierno de Néstor Kirchner logró estabilizar y hacer crecer la economía argentina, mientras se tejió, en su gestión y la posterior de CFK, una alta trama de corrupción que aún sigue investigándose/sobreseyéndose sin los juicios correspondientes. Por su parte, la última gestión de CFK mostró índices importantes de inflación y una pobreza que llegó al 30%.

En 2015, la coalición opositora Cambiemos, conformada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, logró vencer en las urnas llevando a Mauricio Macri del Pro a la presidencia de la nación. La coalición electoral, sin embargo, no supo constituirse en una coalición de gobierno y el Pro hegemonizó el poder durante los cuatro años. La gestión de Macri derivó en una significativa crisis inflacionaria, un enorme aumento de la deuda externa y un incremento de la pobreza que escaló al 36%. Y la coalición desde 2019, rebautizada como Juntos por el Cambio, hoy continúa peleando por cargos futuros para 2023, en medio de una crisis garrafal que padece la ciudadanía argentina.

Finalmente, el actual gobierno peronista del Frente de Todos, elegido en 2019, tampoco logró rencauzar la recuperación del país, que se muestra cada vez más desarticulado en su conducción política. La economía continuó desmejorando, y así llegamos a registrar más de 50% de inflación anual, y a contabilizar casi un 45% de pobreza, en el marco de una pandemia también gestionada muy deficientemente. En medio de todas estas penurias, trascienden luchas intestinas entre el ala más cristinista o más albertista, y hasta el peronismo más peronista es consciente que este frente se conformó expresamente por decisión de la vicepresidenta, CFK, que mantenía pésimas relaciones con el actual presidente, Alberto Fernández, pero que necesitaba un peronista “moderado” para captar votos y seguir ocupando un lugar de poder para poder salir ilesa de las numerosas causas penales que la incriminan a ella y a sus hijos.

Cruzando el Río de la Plata, en Uruguay, una coalición, el Frente Amplio, gobernó desde 2005 hasta 2020. Cruzando la Cordillera de los Andes, en Chile, una coalición, la Concertación, gobernó desde 1990 hasta 2010. En Argentina, las coaliciones electorales no parecen poder constituirse en coaliciones de gobierno, sino que prima el oportunismo, la mezquindad, y la hegemonía o dominio de alguna fuerza sobre otras, junto a gestiones de gobierno conmocionadas e incompetentes.

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