El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente del Perú, anunció en cadena nacional la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia nacional con el objetivo de evitar su destitución por el poder legislativo. Este anuncio, unilateral y sin apoyo militar, derivó en su detención y prisión pocas horas después. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y actualmente se encuentra en prisión preventiva, sin que hasta ahora haya recibido una condena definitiva.
Por esos mismos días, en Brasil, tras la derrota electoral en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces presidente Jair Bolsonaro mantuvo un prolongado silencio, interpretado como un signo de frustración y negativa a reconocer los resultados. Previamente, Bolsonaro manifestaba la existencia de un fraude electoral, aunque nunca presentó pruebas concretas. Posteriormente, la Policía Federal de Brasil reveló una trama golpista que incluía planes para asesinar al presidente electo y a otras autoridades judiciales.
Aunque los dos casos comparten la tentativa de quiebre del orden constitucional, presentan diferencias significativas. En Perú, Pedro Castillo fue impulsado, de manera precipitada y errónea, por sus colaboradores más cercanos, quienes lo convencieron de que enfrentaba una destitución inminente por parte del Congreso. La oposición parlamentaria intentaba, por tercera vez, destituirlo; en las mociones previas apenas habían obtenido 46 y 55 votos, respectivamente, muy por debajo de los 87 votos necesarios. La probabilidad de alcanzar la mayoría requerida para la tercera moción era baja, ya que el gobierno controlaba al menos 30 votos que podían bloquear la iniciativa opositora.
En Brasil, Jair Bolsonaro implementaba una estrategia planificada con antelación: sembrar dudas sobre la seguridad del sistema de votación electrónica, argumentando que era vulnerable a fraudes y que no garantizaba un proceso electoral limpio. A pesar de la validación y la eficiencia comprobada del sistema por parte de los órganos electorales, Bolsonaro no presentó evidencia para sustentar sus afirmaciones. Por el contrario, incitó a sus seguidores a desconocer los resultados. Esta narrativa preparó el terreno para justificar un golpe de Estado en caso de no ser reelegido. El 8 de enero de 2023 movilizó a sus partidarios, lo que resultó en la destrucción de las principales sedes del poder público en la llamada Plaza de los Tres Poderes. En medio del caos “espontáneo”, Bolsonaro podría haber buscado justificar una intervención inconstitucional.
En el caso peruano, Pedro Castillo fue expulsado del poder de manera inmediata, detenido y sometido a un proceso judicial. Bolsonaro, que ya había finalizado su mandato, perdió sus prerrogativas presidenciales pero no ha sido arrestado, aunque enfrenta múltiples investigaciones. Mientras la condena a Pedro Castillo fue casi unánime en Perú, en Brasil muchos actores políticos relevantes, incluido el presidente del Congreso, han preferido guardar silencio y no condenar explícitamente la iniciativa golpista de Bolsonaro.
Las acusaciones en ambos casos son similares. Pedro Castillo enfrenta cargos de rebelión, por intentar alterar el orden constitucional, conspiración, y abuso de autoridad. En cuanto a Jair Bolsonaro, las acusaciones incluyen abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, y participación en una organización criminal, además de otras acusaciones relacionadas con corrupción.
En el proceso contra Pedro Castillo se considera que, aunque sus órdenes represivas fueron ignoradas y no logró concretar el autogolpe, hay evidencias claras de su tentativa de quebrar el orden constitucional. Su acción no fue una mera cogitación, sino una ejecución concreta, como lo demuestra su declaración pública de disolución del Congreso. Aunque haya actuado de manera precipitada o inducido al error, debería asumir algún tipo de responsabilidad penal.
En el caso de Jair Bolsonaro, el debate jurídico será más largo. Se busca determinar su grado de responsabilidad en la trama golpista descrita en un informe de más de 800 páginas elaborado por la Policía Federal, que documenta su participación mediante intermediarios, tanto en la formulación del plan como en la ejecución de acciones criminales. Un aspecto central del debate será si su comportamiento trasciende la mera intención de dar un golpe de Estado, llegando a la operacionalización de este.
La teoría del dominio del hecho, una figura del derecho penal, podría aplicarse en el caso de Bolsonaro. Esta permite responsabilizar a quien tiene poder decisivo sobre un acto delictivo, incluso si no ejecuta directamente las acciones materiales del delito, como ocurre en casos donde los líderes actúan a través de subordinados.
Autor
Cientista Político. Profesor e investigador asociado de la Universidad Federal de Goiás (Brasil). Doctor en Sociología por la Univ. de Brasilia (UnB). Postdoctorado en la Univ. de LUISS (Italia). Especializado en estudios comparados sobre América Latina.
