En las últimas semanas, Perú ha encendido alarmas en toda la Región por una convergencia de decisiones políticas y judiciales que ponen en entredicho los derechos más básicos de niñas y mujeres. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el panorama resulta especialmente preocupante: desde la obstaculización del acceso al aborto legal en caso de violación, hasta el reconocimiento judicial de prácticas reproductivas sin una regulación clara, en medio de persistentes violencias físicas y exclusiones educativas.
Tras años de inestabilidad política, cambios presidenciales sucesivos y una profunda crisis de representación, el actual Congreso se ha convertido en un escenario donde las agendas conservadoras han ganado una decisiva influencia. En ese clima de fragmentación institucional y debilitamiento del debate público, las políticas vinculadas a género y derechos reproductivos se han transformado en terreno fértil para la polarización.
Lo que verdaderamente importa aquí es que lo que está en discusión no es únicamente la aplicación de una norma específica, sino la elección del modelo de un Estado que garantice derechos conforme a estándares internacionales o uno que subordine esas garantías a convicciones religiosas y cálculos electorales.
Aborto terapéutico: derecho legal, acceso negado
Aunque el aborto terapéutico está legalmente permitido en Perú desde 1924 cuando la gestación representa un riesgo grave para la vida o la salud de la persona gestante, en la práctica miles de niñas víctimas de violencia sexual no acceden a este derecho básico. Un informe reciente reveló que desde 2014 hasta 2023 más de 2.600 niñas menores de 15 años víctimas de violación no recibieron la intervención pese a que estaba legalmente autorizada.
A esto se suma un grave episodio político: la congresista Milagros Jáuregui, figura del ultraconservador partido Renovación Popular, fue acusada de exhibir públicamente a niñas con sus bebés en eventos organizados por su refugio, como si eso fuese un mérito. Feministas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones revictimizan a niñas violentadas y reflejan cómo el discurso religioso y moral se infiltra en la toma de decisiones sobre cuerpos ajenos.
En medio de este debate, la candidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, generó una ola de indignación con unas declaraciones que revelan cómo la cuestión de los derechos reproductivos se vuelve también un tema electoral. En una entrevista televisiva, Fujimori afirmó que, ante un caso hipotético de violación sexual a una de sus propias hijas, les diría que “tengan al bebé”, y reiteró que solo apoyaría el aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo, rechazando su aplicación en casos de violación.
Este pronunciamiento, que expone su postura ultraconservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos, es señal de peligro, dado que se trata de una aspirante a la presidencia que está buscando claramente cambiar el rumbo de políticas dirigidas a proteger a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.
Gestación subrogada: un vacío legal con impacto real
En paralelo, el Tribunal Constitucional de Perú emitió un fallo a finales del año pasado que reconoce la filiación de una menor nacida mediante la llamada gestación subrogada y que ordena corregir su acta de nacimiento, abriendo una brecha para la discusión legal de esta práctica en un país donde no existe una regulación clara que proteja derechos reproductivos, ni a las madres gestantes ni a los niños nacidos bajo estas técnicas.
La decisión ha sido interpretada por algunos juristas no como una aprobación total de la subrogación, sino como un llamado a legislar para proteger “el interés superior del niño” y evitar vacíos que expongan a menores y familias a inseguridad jurídica. Sin embargo, este limbo legal plantea desafíos éticos y sociales, ya que, mientras que algunos sectores abogan por su regulación como parte de los derechos reproductivos, las feministas alertamos sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la falta de protecciones específicas en un país sin marco normativo adecuado.
Violencia y desigualdad estructural
Pero los problemas no terminan en hospitales y tribunales. Las cifras oficiales muestran que Perú registra unos niveles altísimos de violencia de género, con más de 168.000 casos de violencia contra mujeres y grupos vulnerables, incluidos miles de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esta violencia también se expresa en barreras a su derecho a la educación y la autonomía personal.
Hablar de derechos reproductivos en Perú también es hablar de desigualdad económica. En un país donde más del 70% del empleo es informal y la pobreza golpea con mayor fuerza a mujeres y niñas en zonas rurales e indígenas, las decisiones sobre la maternidad están profundamente condicionadas por precariedad, falta de servicios públicos y brechas educativas persistentes.
Por ello, cuando el Estado limita el acceso a la interrupción legal del embarazo o posterga la regulación de prácticas como la gestación subrogada, no lo hace en un vacío neutral, sino en un contexto en el que las mujeres con menos recursos son quienes cargan con las consecuencias más duras. La autonomía reproductiva, en ese sentido, no es solo un debate moral o jurídico, sino, además, una cuestión de justicia económica y distribución de poder.
¿Retroceso o punto de inflexión?
Perú ha sido condenado repetidamente por órganos de la ONU por violar los derechos de niñas embarazadas producto de violencia sexual, incluido el Caso Camila, una niña indígena de 13 años a la que no se garantizó acceso a un aborto seguro pese a estar dentro de los supuestos legales. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que el Estado peruano sigue sin poner en marcha cambios sustantivos pese a estas sanciones y recomendaciones internacionales.
El caso peruano expone un choque dramático porque, frente a estos ataques a los derechos humanos de las niñas y mujeres, el Estado enfrenta demandas internacionales, la indignación de la sociedad civil y una opinión pública mayoritariamente favorable a respetar los derechos reproductivos básicos.
En efecto, pese a la resistencia institucional, algunas encuestas realizadas en 2024 indicaron que hasta el 74% de peruanos respalda que niñas víctimas de violación puedan acceder al aborto terapéutico, mostrando una clara desconexión entre el clamor popular y la acción política. A pesar de ello, algunos sectores políticos y religiosos tratan de imponer un marco jurídico que restringe derechos ya ganados, mientras se abren puertas legales inquietantes en áreas como el alquiler de vientres, una industria que se ceba básicamente sobre las mujeres más pobres.
Lo que está en juego, entonces, no es solo una cuestión de política pública, sino de dignidad, autonomía y justicia para quienes históricamente han sido marginadas de sus cuerpos y sus historias. El desafío para Perú y la región es claro: consolidar derechos, no revocarlos.
Autor
Psicóloga. Master en Políticas Públicas con enfoque de género. Especialista en Transformación Cultural y Coaching Ontológico. Directora de FeminismoINC. Autora de "Incomodar para Transformar" y "Atrevidas: Manual de trabajo personal por el activismo feminista".
