Perú ha tenido ocho presidentes en diez años. Ninguno de los elegidos en las urnas ha logrado terminar su mandato. El Congreso, la institución más desprestigiada del país (con un 93% de desaprobación), se ha convertido en el verdadero centro del poder. Y mientras la política es un ring de boxeo sin árbitro, la economía crece por encima del promedio regional. Esta combinación explosiva —caos político y estabilidad macroeconómica— no es una casualidad. Es el combustible de un proyecto que busca instalar en Perú algo inédito en el mundo: un autoritarismo de origen parlamentario.
No habrá golpe de Estado ni cierre del Congreso. Se trata de usar las instituciones democráticas para volverlas irreconocibles: habrá elecciones, partidos y debates, pero el poder real se concentrará en una coalición de partidos que, desde el Legislativo, ha capturado todos los contrapesos del Estado. El Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría, la Junta Nacional de Justicia… casi todo ha pasado a ser controlado por un grupo de partidos que, además, han blindado su propia impunidad.
La década que lo cambió todo
Perú no llegó a este punto de la noche a la mañana. La crisis actual tiene una fecha de inicio: 2016. Ese año, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un estrecho margen, pero en el Congreso el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta. Lo que siguió no fue una simple disputa entre poderes, sino una guerra de aniquilación. El Congreso utilizó todos los mecanismos a su alcance para bloquear al gobierno, hasta que Kuczynski renunció en 2018.
Le siguieron Martín Vizcarra (vacado en 2020), Manuel Merino (cinco días en el poder), Francisco Sagasti (presidente de transición) y, finalmente, la elección de Pedro Castillo en 2021. La victoria del maestro rural fue un terremoto político que tomó por sorpresa a todo el establishment. Demostró que, en un contexto de fragmentación extrema, el voto popular podía escapar al control de las élites tradicionales.
Esa lección no pasó inadvertida para la coalición de partidos que, aunque enfrentados entre sí, compartían el objetivo común de mantener el control del Estado. Comprendieron que podían detentar el poder incluso sin contar con respaldo popular, siempre que lograran concentrar suficientes facultades en el Legislativo para neutralizar al Ejecutivo.
El fallido autogolpe de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, fue el catalizador perfecto. Detenido cuando intentaba huir, fue vacado inmediatamente por el Congreso. Pero la coalición no se conformó con reemplazarlo: capitalizó el momento para acelerar las reformas constitucionales que limitaran al Ejecutivo, blindaran al Congreso y designaran autoridades afines en organismos autónomos.
El pacto y la captura institucional
La sucesión de Dina Boluarte y la continuidad de la coalición parlamentaria —conocida en la prensa como el «pacto mafioso» que integran ocho partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País— demostraron que el centro de gravedad del poder se había desplazado definitivamente al Legislativo.
Este «pacto» no busca implementar un programa de gobierno, sino garantizar la impunidad de sus integrantes. Y para ello han utilizado sus facultades para controlar los contrapesos institucionales: designación de magistrados del Tribunal Constitucional en procesos opacos, elección de un Defensor del Pueblo con conflictos de interés, recorte de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia y destitución de fiscales clave que lideraban investigaciones de alto perfil.
La paradoja peruana
Aquí viene la pregunta del millón: si la política es un caos, ¿por qué la economía no se ha hundido? Entre 2016 y 2025, el PIB peruano solo cayó en 2020 (por la pandemia) y en 2023 (por El Niño). En 2025 creció un 3,2%, una de las cifras más altas de la región.
La respuesta tiene varios ingredientes. Primero, el Banco Central de Reserva y su presidente, Julio Velarde, veinte años en el cargo, ratificado por diez presidentes distintos. Su autonomía ha mantenido la inflación bajo control. Segundo, el superciclo de precios de los metales: Perú vive del cobre, y los precios internacionales se mantuvieron altos impulsados por la demanda china. Tercero, la inversión extranjera, especialmente china, con megaproyectos como el puerto de Chancay. Cuarto, y quizás más importante, la informalidad: el 75% de los trabajadores peruanos son informales, lo que ha funcionado como amortiguador social.
Esta combinación ha creado un «desacople» entre economía y política. Y ese desacople es el mejor aliado de la coalición autoritaria. Puede gobernar mal, puede ser corrupta, puede capturar instituciones, pero mientras la macroeconomía se sostenga sola, el castigo electoral no será inmediato.
El plan maestro
La pieza central de esta arquitectura es el retorno a la bicameralidad mediante una reforma promulgada en marzo de 2024, que modificó 53 artículos de la Constitución y entrará en vigor tras las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero la nueva configuración no restablece el equilibrio del pasado: crea un Senado con poderes hipertrofiados, un «Súper Senado» que no puede ser disuelto por el presidente y que tiene la última palabra en la aprobación de las leyes, sin mecanismo de reenvío ni comisión conciliadora. El titular del Poder Ejecutivo queda reducido a una figura decorativa, mientras el poder real se ejerce desde el Parlamento.
La función más crítica del Senado reside en su potestad exclusiva para designar a los titulares de los organismos autónomos clave: Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor, miembros del Directorio del Banco Central, Superintendente de Banca y miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la práctica, la coalición que controle el Senado controlará todo el aparato del Estado.
Paralelamente, la misma coalición ha modificado las reglas electorales: redujo los requisitos para la inscripción de nuevos partidos (para las elecciones de 2026 se presentan 36 candidaturas presidenciales), reintrodujo la reelección inmediata de congresistas (cerca del 70% de los actuales postulan a la reelección) y aprobó leyes que buscan otorgar impunidad a sus miembros.
Con 36 candidatos presidenciales, es muy probable que ninguna fórmula obtenga la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta. En este escenario, la clave del poder político se centra en la elección de los senadores. Cualquier presidente que resulte elegido lo hará sin una bancada propia en el Senado. La vacancia presidencial por «incapacidad moral» seguirá siendo la espada de Damocles.
Las grietas del proyecto
Ningún proyecto político, por más perfecto que parezca sobre el papel, está libre de fracturas. El «pacto mafioso» no es un monolito. Son ocho partidos con intereses y liderazgos distintos, a menudo contrapuestos.
La imprevisibilidad del electorado es otra grieta. Con un Congreso que tiene 93% de desaprobación, el «voto de castigo» puede concentrarse paradójicamente en figuras outsider que prometan «limpiar la casa», como ocurrió con Alberto Fujimori en 1990 o Pedro Castillo en 2021.
El riesgo de estallido social tampoco puede descartarse. Las masivas movilizaciones que forzaron la renuncia de Manuel Merino en 2020 y las protestas posteriores a la asunción de Dina Boluarte, que dejaron decenas de fallecidos, son un recordatorio de que la tolerancia social tiene límites.
Conclusión
Perú no se encamina hacia una dictadura clásica, con tanques y toques de queda. Se dirige hacia algo más sutil y, quizás, más perverso: un régimen que mantiene las formas democráticas pero vacía su contenido. Un autoritarismo ejercido no por un caudillo, sino por una coalición de partidos que, desde el Senado, controlará todas las palancas del Estado.
Autor
Profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ex Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP). Doctor por FLACSO-México.
