Las recientes conversaciones entre representantes de los gobiernos de EE.UU. y de Cuba han llamado la atención de actores internacionales y han generado una intensa cobertura mediática. Esta avalancha de información ha provocado estados de opinión muy diversos, e incluso, ha acentuado posicionamientos polarizados respecto a los escenarios probables de la supuesta ‘negociación’ y los intereses de los actores implicados.
Para el régimen cubano, el contexto geopolítico y regional adverso, la persistente crisis estructural y sus efectos sistémicos, el efecto ‘Venezuela’ y el bloqueo energético provocado por la orden ejecutiva del 29 de enero de Trump, han dibujado un escenario de aislamiento y vulnerabilidad inédito. Esto ha forzado a la isla a un proceso de apertura ‘negociadora’ limitada bajo condiciones de presión coercitiva máxima.

Estamos en presencia de un diálogo táctico, no una negociación estratégica, dada la inexistencia de un ‘núcleo de posible acuerdo’. Las autocracias son aversas a la negociación, y cuando las restricciones les obligan a dialogar, su preferencia es inelástica: sobrevivir por adaptación controlada del modelo político.
Propongo centrar el análisis en los actores con capacidad de incidir estratégicamente en la negociación. En primer lugar, las declaraciones de la presidencia de EE.UU., fundamentalmente su secretario de Estado Marco Rubio, artífice del intercambio, y eventualmente, el presidente Trump, así como voceros del gobierno, legisladores y senadores. Este flujo informativo no siempre ha sido coherente ni constructivo en términos dialógicos.
Las declaraciones de Marco Rubio han transitado del optimismo de ‘la liberalización económica’, dada la ‘incapacidad estructural’ del régimen, a la condicionalidad normativa de la ‘democracia como condición no negociable’. Esto refleja la tensión persistente entre los intereses estratégicos de estabilidad regional y la presión política del exilio cubano, especialmente su sector ‘duro’ maximalista.
Además, existe otro sector del exilio moderado, con una orientación pragmática, empresarial, que busca la inversión económica como condición para la progresiva liberalización política. La capacidad de influencia de este actor de veto que es el exilio, explica la dualidad y la oscilación entre el pragmatismo y el maximalismo en la proyección del gobierno de EE.UU., más orientada por la dinámica de la política interna que por una estrategia consistente de política internacional.
Desde el punto de vista comunicativo, la radicalidad discursiva de las declaraciones de Trump “Será un gran honor tomar Cuba…. puedo hacer lo que quiera con ella”, desinforman y elevan los costos de una posible negociación, generando un efecto perverso que legitima el cierre político del régimen, la cohesión intra-élite y el reforzamiento de la narrativa antimperialista.
Es conocido el absoluto monopolio del régimen sobre la información en Cuba. Las declaraciones recientes del presidente Miguel Díaz Canel han sido reacciones defensivas que dialogan con ‘rumores’ viralizados en plataformas digitales y medios internacionales. Algunas decisiones importantes han tomado por sorpresa al propio presidente cubano; por ejemplo, la repentina sustitución del ex ministro de Economía. Y es que dada la opacidad y verticalidad del régimen, podemos suponer que las decisiones estratégicas las toma una reducida cúpula cívico-militar encabezada por Raúl Castro y figuras con vínculos históricos, fundamentalmente militares.
El cálculo limitado de éstos se compensa con la presencia de dos negociadores miembros de la familia del líder histórico, Alejandro Castro Espín y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y posteriormente, se ratifica públicamente en los organismos del estado y el Partido Comunista Cubano (Buró Político, Comité Central, Asamblea Nacional). La Cancillería es la encargada de su divulgación internacional y la prensa oficial de su comunicación interna.
Como es conocido, la posición cubana ha fluctuado del ‘mutismo’ a la ‘negación’ y de la aceptación del ‘diálogo constructivo’ al rechazo de los términos de la negociación. Esto demuestra que los negociadores cubanos están dispuestos a dialogar sobre temas comunes ‘técnicos’ (seguridad, migración, narcotráfico, etc.), incluyendo inversión económica y pequeñas concesiones en derechos humanos, pero no sobre reformas estructurales que impliquen cambios determinantes en la naturaleza económica y política del régimen.
En este sentido, la negociación o diálogo, para el régimen cubano significa una interacción defensiva orientada a la supervivencia autoritaria. En otras palabras, el régimen tolera el deterioro económico, percibe las reformas estructurales como riesgos y elimina el cambio político como opción probable. Su prioridad no es maximizar bienestar económico, sino minimizar los riesgos de colapso y la pérdida de control político, activando sus recursos de resiliencia autoritaria adaptativa.
Si bien es cierto que las sanciones económicas funcionan como mecanismos de presión que alteran los costos y beneficios de determinadas decisiones políticas, los estudios comparados sobre autoritarismo han demostrado la capacidad de ciertos regímenes de sobrevivir a crisis prolongadas mediante la activación de mecanismos de adaptación limitada, control institucional y represión selectiva. En este sentido, la interacción actual entre ambos gobiernos podría definirse como un caso de negociación bajo coerción en condiciones de asimetría estructural más que un proceso de normalización.
EE.UU. intenta capitalizar la vulnerabilidad sistémica de Cuba para inducir cambios económicos y políticos estructurales, mientras que el régimen cubano responde con reformas económicas controladas cuyo fin es preservar la continuidad política.
Todo parece indicar que la estrategia de coerción estructural sostenida de EE.UU. produce un efecto estratégico de negociación de resistencia por parte del gobierno cubano. Si Marco Rubio asume como principio de negociación los cambios políticos estructurales y el régimen de La Habana fija una línea roja absoluta “el sistema político no es negociable”, estamos en presencia de una negociación asimétrica sin intersección de preferencias (o sin una zona de posible acuerdo) cuyo resultado será un equilibrio inestable entre coerción, resistencia y diálogo limitado.Esta negociación fragmentada e inestable tiende a producir acuerdos parciales, reversibles y contingentes cuyo resultado probable sería la adaptación económica, las concesiones tácticas y la continuidad política del régimen. La gran paradoja será, entonces, si la estrategia de coerción estructural sostenida podrá producir un cambio político estructural en Cuba o si refuerza la lógica defensiva del régimen.










