¿Qué pasa cuando una organización criminal deja de querer territorio y empieza a querer, simplemente, eficiencia? Esa pregunta, más que cualquier mapa de rutas o listado de incautaciones, es la que resume mejor lo que ha ocurrido con las redes albanesas en América Latina durante la última década. El reflejo habitual, casi automático, ha sido pensar el crimen organizado como una estructura que avanza a fuerza de plomo y control territorial. La trayectoria balcánica en la región desmonta ese reflejo con paciencia y con cifras. Aquí no hay ejércitos ni banderas. Hay, en cambio, una gobernanza criminal construida sobre la intermediación logística, la sofisticación híbrida entre economías legales e ilícitas, y una capacidad de reingeniería operativa que le permite instalarse dentro de cadenas de valor existentes, sin necesidad de disputarlas a balazos.
La tesis de este análisis es, en el fondo, sencilla: la expansión albanesa, más que responder a una lógica de conquista, responde a una explotación sistemática de la vulnerabilidad estructural de los Estados receptores. Y esa distinción, aunque parezca sutil, cambia por completo el tipo de política pública que se necesita para contenerla.
Vale la pena empezar por el origen. De acuerdo con el documental Mafia Albanesa – Familias Narco (D News, 2025), la organización se consolidó tras la caída del régimen comunista albanés en los años noventa, un quiebre histórico que empujó su proyección hacia Europa occidental y, más tarde, hacia América Latina. Su estructura, articulada en clanes familiares, le regaló algo que pocas organizaciones criminales logran sostener en el tiempo: cohesión interna sin necesidad de exhibición pública de poder. Una reingeniería silenciosa que lo único que busca es que el negocio funcione.
Una empresa transnacional disfrazada de mafia
Llamarla “mafia” quizás ya se quedó corto. El reportaje de Arturo Torres en Diálogo Político (2026) documenta que estas redes operan como coaliciones de grupos dispares e independientes que priorizan la alianza sobre la confrontación. Eso redefine, de raíz, la lógica del poder criminal tal como la conocíamos. El caso de Dritan Gjika lo ilustra bien: su estructura combinó un esquema corporativo dual, con una facción encargada de la compra, transporte y exportación de cocaína, y otra dedicada al lavado de activos mediante empresas fachada, incluida la infiltración del comercio bananero ecuatoriano. Fruta legal por fuera, alcaloide por dentro.
Las cifras, aquí, dejan de ser un adorno estadístico y empiezan a contar una historia por sí solas. Entre 2019 y 2025, Ecuador pasó de incautar 80 a 226 toneladas de cocaína, acumulando 835 toneladas en ese periodo, mientras distintos analistas calculan que más de 4.000 toneladas habrían salido del país hacia mercados internacionales en el mismo lapso. ¿Cómo se sostiene un flujo de esa magnitud sin un entramado logístico verdaderamente sofisticado? Un dato ayuda a responder: cerca del 70% de la cocaína colombiana saldría hoy por puertos ecuatorianos, lo que confirma su papel de nodo logístico global y no de simple corredor de paso.
Detrás de esa magnitud hay, además, una economía elemental que explica la velocidad de la expansión. El precio del kilogramo crece de forma casi vertical a lo largo de la cadena: entre 500 y 2.500 dólares en zonas productoras, cerca de 35.000 en Europa y más de 150.000 en mercados como Australia. Con ese margen, no sorprende que redes de Italia, Turquía y Rusia hayan empezado a disputarse rutas que antes eran territorio casi exclusivo de los clanes balcánicos. El giro en la demanda mundial también empuja en la misma dirección: desde 2020, Europa superó a Estados Unidos como principal mercado consumidor de cocaína, y ese mercado se habría cuadruplicado entre 2010 y 2025.
Ahí aparece una figura que, sin ser la más visible, resulta decisiva: el emisario. Gavin Voss, en su análisis para InSight Crime, describe a estos operadores como negociadores que viajan directamente a Ecuador, Colombia y Brasil, eliminando intermediarios y quedándose con un margen mayor de ganancia. El caso de Dritan Rexhepi, quien habría seguido coordinando envíos desde prisión hasta 2021, revela algo incómodo: la continuidad de estas redes no está supeditada a la libertad de un individuo, al contar con vínculos ya consolidados, capaces de sobrevivir a la cárcel de su propio líder. Capturar a un capo, entonces, deja de ser garantía.
El componente financiero termina de cerrar el cuadro. La sanción impuesta en 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una red vinculada a la familia Hysa, que operaba junto al Cártel de Sinaloa, confirma que el lavado de activos ya deja de ser un apéndice del negocio para convertirse en su continuación natural. A su vez, el reportaje de Darío Brooks para BBC Mundo (2022, actualizado en 2024) aporta un matiz que conviene no perder de vista: los ciudadanos albaneses, como los detectados en Perú, se concentran justamente en las tareas financieras y logísticas, más que en el control armado del territorio. La incautación de dos toneladas de cocaína líquida ocultas en espárragos, valoradas en 77 millones de dólares, es apenas una muestra de hasta dónde llega esa especialización.
La presencia balcánica en la región, de hecho, no es nueva: se remonta a inicios de los años 2000, con vínculos posteriores hacia la ‘Ndrangheta italiana y hacia puertos como Rotterdam y Amberes, según registros de Europol. Todo apunta, en última instancia, a una relación de cooperación con actores latinoamericanos —incluido el entorno de Ismael Zambada—, más que a una disputa por el control del territorio.
Retos y propuestas de política de Estado
Y, a todas estas, ¿qué hace un Estado frente a un adversario que no quiere pelear por la calle, sino infiltrar la contabilidad? La respuesta exige salir del reflejo militar y construir una estrategia en tres pilares.
El primero es la trazabilidad financiera: unidades especializadas, con capacidad técnica real, para detectar empresas fachada en sectores exportadores sensibles como el bananero o el agroindustrial.
El segundo es la reingeniería de los sistemas migratorios y portuarios, cerrando las ventanas de oportunidad que hoy facilitan la infiltración silenciosa de economías legales. El tercero, quizás el más urgente, es la construcción de inteligencia regional compartida entre Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, capaz de anticipar patrones de operación en lugar de reaccionar, una vez más, a la próxima incautación aislada.
Ninguno de estos pilares es vistoso. Ninguno da titulares fáciles. Pero son, en definitiva, los que podrían determinar si un Estado logra recuperar control civil legítimo sobre los espacios económicos que hoy están siendo capturados desde adentro.
La expansión de las redes albanesas en América Latina confirma una mutación relevante del crimen organizado contemporáneo: menos visible, pero notablemente eficiente. Contenerla exige, sobre todo, una decisión política sostenida en el tiempo, más allá del ciclo de una sola administración. Bajo esa premisa, cualquier hoja de ruta seria deberá poner en el centro la dignidad humana de las comunidades que hoy conviven, muchas veces sin saberlo, con estas estructuras; el fortalecimiento institucional de los Estados de la región; y la transparencia en la gestión de las economías que, sin quererlo, terminan sosteniéndolas.
Porque, al final, la pregunta hoy no es cómo perseguir a una mafia, sino cómo dejar de ofrecerle las condiciones para prosperar.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
